Tal y como era de esperar, ya ha empezado a aflorar la corrupción en el seno del Partido Popular de Canarias. La intachable gestión que se le atribuía a José Manuel Soria, su más carismático líder, y a todos sus equipos, se resquebraja por momentos sin que a las alturas en que este artículo entra en planchas se pueda garantizar fielmente hasta dónde alcanzarán los escándalos. A Soria le crecen como hongos los casos de corrupción, que han tenido de momento sus máximos exponentes en la trama eólica detectada en la Consejería de Industria cuando en ella mandaba su hermano Luis, y en el Ayuntamiento de Telde, donde gobierna su partido en un pacto con AFV-Ciuca. De momento, porque la ruptura del pacto o el riesgo de que haya más detenciones colocan ese grupo al borde del síndrome marbellí.
Puede parecer que ambos casos -las operaciones Eolo y Faycán- están suficientemente explicados, que tan sólo hay que esperar las investigaciones judiciales para delimitar las responsabilidades penales. Pero conviene ordenarlos para, en su caso, aplicar la doctrina del PP para asuntos de corrupción o, por el contrario y como ha llegado a afirmar Soria, agregarlos como beneficio de inventario a un fortalecimiento futuro del partido. Soria acumula un gran número de escándalos a su alrededor. Su actuación directa y personal en el mobiliario urbano de Las Palmas de Gran Canaria, en la demolición del viejo edificio Woermann para construir una torre emblemática, La Favorita (compra de un inmueble por doce millones de euros cuando se vendía en el mercado por cinco), en Anfi Tauro (aceptar una dádiva de un empresario al que le tramitaba las 3.600 camas regionales de excepción de la moratoria turística) o en La Gran Marina (proyecto urbanístico declarado nulo de pleno derecho por el Consejo de Estado, el Ministerio de Fomento y la Unión Europea) son ejemplos suficientes como para reclamarle explicaciones políticas que, en cualquier otro lugar civilizado, hubieran terminado con su dimisión.
Pero añadamos a esas intervenciones directas, las que tienen que ver con él por responsabilidad in eligendo. Él designó a su hermano Luis para ocupar la cartera de Industria en un nuevo caso de nepotismo al que empieza a acostumbrarse alarmantemente la sociedad canaria. Su hermano Luis designó a Celso Perdomo director general de Industria, y como tal, éste está incurso de un proceso penal por corrupción en relación con un concurso eólico producido desde esa consejería. La condena que le puede corresponder por cohecho, tráfico de influencias y malversación puede llegar a la media docena de años como mínimo. Más aún. En la operación policial abierta aparece como imputado el titular de la empresa que le tuvo alquilado durante dos años el chalet familiar a José Manuel Soria. Se trata del empresario José Ignacio Esquivel, del que se ha comprobado incluso que pagó obras de reforma en el piso de Celso Perdomo. El escándalo no puede salpicar de modo más directo a José Manuel Soria.
En Telde, su mano derecha, Toñi Torres, también ha sido imputada y detenida, en este caso por exigir comisiones a empresas por la adjudicación de obras y servicios. Toñi Torres fue puesta allí por Soria y apoyada para que se convirtiera en la alcaldesa en la sombra de la tercera ciudad de Canarias. En ninguno de los dos casos, José Manuel Soria ha asumido responsabilidades políticas de algún tipo. Apoyado por una información policial que quedará probada en su día, Soria se limitó a producir dos jugadas que él cree magistrales: suspender de militancia a los cargos públicos implicados en las tramas de corrupción, y solicitar por la vía de urgencia una comisión de investigación sobre la trama eólica que permita demostrar a la sociedad canaria que él y su hermano están libres de sospecha.
Pero, ¿cómo sabía José Manuel Soria en el momento de solicitar esa comisión de investigación que la operación policial y judicial abierta jamás tocaría a las puertas de su hermano Luis? O, mejor aún, ¿cómo sabía que tampoco a él le llamarían a declarar en una trama que tiene una derivación muy grave hacia el polígono de Arinaga, donde él tuvo participación directa? Habría que remitirse a la anterior legislatura nacional, cuando su lugarteniente, Larry Álvarez, prometió suculentos puestos a determinados comisarios a cambio de manejar la información que ahora viene tan bien a su jefe. Si aplicáramos la nueva doctrina del PP, aquella que impuso Aznar para ganar al PSOE en 1996, Soria, su hermano Luis y unos cuantos cargos más del partido habrían tenido que dimitir. Pero, aplicando los viejos códigos de la derecha, aquellos que indican que los caudillos jamás se equivocan, hace bien el líder del PP canario en quedarse donde está.
Porque tanto Soria como muchos de sus seguidores se creen ungidos de una materia especial que les permite acertar siempre cuando toman sus decisiones, sean estas o no contrarias a la ley. Porque contrarias a la ley han sido y siguen siendo muchas determinaciones que toma el líder del PP, y más recientemente su más aventajada pupila, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Josefa Luzardo. Lejos de asumir responsabilidades, es más que probable que Soria espere por el refrendo de las urnas para luego alegar que la sociedad canaria en general, y la grancanaria en particular, ha perdonado a su partido esos casos de corrupción. Por cierto, hablando de perdonar, ¿pedirá perdón algún día José Manuel Soria? Es su reclamación favorita.
