«Año raro». Ésa es la primera definición que me viene a la cabeza cuando me preguntan, como me han preguntado desde la Asociación de la Prensa de Tenerife, por mi análisis de los meses previos a las últimas elecciones municipales. Desde mediados de 2006 hasta ahora se respira en Canarias un ambiente enrarecido… quizás, si me apuran, la crispación que se palpa en círculos políticos, entre los agentes sociales, en la sociedad en general me recuerda, salvando las distancias y las diferencias de la coyuntura política, a los primeros años de la década de los ochenta.
Por supuesto, cualquiera que lea un artículo firmado por mí con ese título pensará que me refiero a la persecución, sí persecución, a la que me he visto sometido por determinados personajes de la política y por determinados medios de comunicación. Pero no sólo me refiero a lo que ha supuesto para un equipo de Gobierno, y para mí enfrentarme a un proceso electoral en el que lejos de valorarse el estado de la ciudad que dirijo desde hace 12 años se quiso presentar a los electores en términos de culpabilidad o inocencia para el alcalde.
Tras diecisiete meses de investigación por parte de la fiscalía, tras pedir en público y en privado -por escrito y en el juzgado- que esa investigación pasase a ser tutelada por un juez, tras diez meses de nuevas pesquisas policiales y decenas y decenas de titulares de prensa desquiciados… les aseguro que ya estoy curado de espanto. Sólo lamento, y no hay ni un atisbo de ironía en este comentario, la enorme cantidad de recursos humanos y económicos que están destinando a investigarme y lo digo porque cuando decidan parar seré yo quien instigue, proponga y defienda en público y en privado -nuevamente en los juzgados- una investigación igual de exhaustiva sobre el uso -o el mal uso- que se le está dando al dinero público en este caso.
Pero decía que con ese adjetivo, “raro”, no sólo quería referirme a la judicalización de la política canaria, y más concretamente de la vida municipal. Esos meses previos a las elecciones han sido, por suavizar un poco mis impresiones, “extraños”. Esa crispación, esos titulares, esos enfrentamientos dialécticos no se corresponden para nada con la realidad ni de la ciudad ni de la isla. No escuché en todos esos meses un análisis sobre la realidad social de Santa Cruz de Tenerife o de Tenerife, ni por supuesto de Canarias; es como si estuviéramos viviendo una nueva forma de gobernar y, sobre todo, de hacer oposición que se basa, casi exclusivamente, en generar titulares de prensa; unos titulares bonitos, redondos, perfectos… destinados a generar simpatías y complacencia. Nada, por supuesto, que pueda suscitar enfrentamientos o molestar a algún colectivo. Y ahí es donde quería llegar yo, y aprovechando esta oportunidad que me brinda la Asociación de la Prensa de Tenerife quisiera hacer una reflexión (qué mejor lugar que en un anuario realizado y dirigido por y para periodistas) sobre este nuevo, llamémosle, miedo escénico de la clase política.
Reconozco, ya que este artículo intenta ser una reflexión en voz alta, que yo también he caído en esa trampa. La trampa de buscar consensos que se adivinan imposibles porque esos pocos que gritan ante la pasividad de la mayoría no buscan soluciones; buscan imponer su verdad. Es como si, desde la manifestación contra las torres de Unelco -¿recuerdan? ¿nadie recuerda que aquellos gritos trajeron estas torres que amenazan desde la autopista del Sur?- hubiera un miedo generalizado a suscitar polémica. Al parecer, el ganar unas elecciones democráticas, en las que se defiende un programa electoral lleno de proyectos (planes generales, nuevas vías, nuevas zonas verdes, políticas sociales… en definitiva, un proyecto de Gobierno) no fuera suficiente. Al parecer, ese programa electoral no está lo suficientemente legitimado para ser llevado a cabo porque sólo así se entiende que, dos o tres meses después de ganar unas elecciones, un grupo de Gobierno (sea cual sea su color político) se encuentra con una oposición feroz que no grita ni argumenta desde el Salón de Plenos, sino desde la calle (con mayor o menor éxito de convocatoria) y, sobre todo, desde las páginas de los medios.
Entiéndanme. Es normal, sano y necesario que haya discrepancia. Gobernar significa tomar decisiones y esas decisiones no siempre pueden satisfacer a la mayoría. Siempre que se inicia un proyecto, se pone en marcha alguna nueva política o se da la orden de inicio de una obra se encuentran voces que opinan que esas decisiones son equivocadas. Es ahí donde se inician los diálogos, los acercamientos de posturas, se modifican los proyectos y se intenta llegar a un acuerdo que satisfaga lo más posible a todas las partes. Hasta aquí, todo es normal. Lo raro, lo sospechoso, es cuando esas voces que discrepan niegan la legitimidad de un equipo de gobierno, repito, elegido por una mayoría ciudadana, para ejecutar su programa electoral.
Ese muro no sólo se opone frontalmente, sino que niega la mayor: la posibilidad de llegar a un acuerdo, de aceptar modificaciones que podrían acercar el resultado final a sus deseos… No. Simplemente se niega, se presiona, se fuerzan titulares, se lanzan acusaciones y la verdad es que cuando uno intenta alejarse de esos problemas para coger perspectiva se da cuenta de que ese “No” frontal a todo (a unos cambios de horarios o de rutas de unas guaguas, a la implantación de un transporte alternativo, a nuevos planes generales, a nuevos y alternativos sistemas de abastecimiento energético…) no puede ser casual; no puede ser casual que los grandes -y pequeños- proyectos de la capital, del área metropolitana, de la Isla se encuentren paralizados porque se intenta, unilateralmente, buscar, una y otra vez consensos; acuerdos que no llegan porque cuando el político se sienta a negociar no encuentra a nadie que se quiera sentar enfrente. Y es ahí donde yo detecto ese “miedo escénico de la clase política”; un miedo a tomar decisiones para las que no sólo están legitimados sino que están obligados a realizar puesto que fueron promesa electoral.
Si lo piensan bien, esa parálisis explica muchas cosas; muchos retrasos en infraestructuras estratégicas; muchas caravanas interminables, muchos colapsos… Es además, una cosa curiosa porque contra esos argumentos no vale esgrimir informes técnicos o jurídicos. Da igual que los más solventes profesionales acrediten la necesidad de esos proyectos; se les está dando el mismo valor que al que grita “no porque no”. Al final, lo que ocurre, lo que está ocurriendo, es que se demuestra falso ese dicho que reza “dos no pelean si uno no quiere”; en realidad, lo que sucede es que no se puede dialogar con quien se niega a escuchar y cuanto más tiempo sigamos perdiendo en buscar esos consensos imposibles más y más irá creciendo la gran caravana de nuestra parálisis.
