No solo la ciudadanía llegará exhausta a las elecciones de mayo; también los partidos políticos y las instituciones de Canarias arrastrarán con las consecuencias de esta sucesión incesante de calamidades
Es imposible hacer un balance del año, siquiera de la legislatura, con esta sucesión aparentemente inacabable de desgracias y calamidades que se le han venido encima al planeta. A la humanidad. A una pandemia sigue un volcán; al volcán, una guerra de consecuencias globales. Pero antes y después, incendios, grandes incendios forestales con agravantes producto del estrés generado por el cambio climático; crisis turísticas por la quiebra de un gigante de la touroperación o por nuestro empeño de no revisar para mejorar el modelo…
¿Cómo gestionar tantos contratiempos desde el mundo de la política y de las instituciones? Hay muchas fórmulas, pero todas decididamente han de pasar por lo público, por la fuerza de lo público, como ha quedado acreditado en la crisis de la pandemia y en la que estamos sufriendo ahora por la guerra de Ucrania.
Las recetas aplicadas a la crisis de 2008 se han demostrado fallidas y todos los grandes organismos buscan salidas diferentes, incluidas la intervención en los mercados, en los intocables principios liberales de los beneficios de las grandes empresas. De lo que, por cierto, la derecha española parece no querer enterarse de puro embarcada que está en su empeño electoralista, tanto que es más que probable que esa obsesión termine convirtiendo el actual éxito en las encuestas en un buen sopapo en las urnas.
Es legítimo sostener que esta crisis se estaría resolviendo de mala manera en España si la estuviera gestionando la derecha, incluyendo en ella no solo al actual Partido Popular, sino también a la actual Coalición Canaria. A ambos debemos en Canarias el debilitamiento que han sufrido las administraciones públicas, tanto en número de efectivos como en el de técnicos especialistas. Su obsesión por adelgazar el sector público nos está conduciendo a serias dificultades para poder gestionar el gran caudal de ayudas públicas de la Unión Europea y del Gobierno de España que nos están llegando. Tener que recurrir a las cámaras de comercio para el trámite de algunas de esas ayudas da sobrada muestra de estas carencias.
Las sucesivas crisis pasarán factura a todos los partidos políticos, de eso no debe caber duda. Pero no necesariamente será más onerosa para los que han tenido que gestionarlas. El carisma con el que parece estar actuando el presidente Ángel Víctor Torres, su facilidad para la comunicación sencilla y la complicidad probada con el presidente y el Gobierno de España se refleja en las encuestas con un fortalecimiento de su candidatura a las autonómicas de 2023.
No parece de momento que sea un crecimiento suficiente como para contrarrestar la pérdida de apoyos electorales que presentan algunos de sus socios, particularmente Unidas Podemos, sumido en una crisis interna nacional que en Canarias, una vez más, tiene como ingrediente principal el potaje de egos y de primadonismo que viene sufriendo desde antes de que muriera Franco.
Es una incógnita qué tirón puede generar el proyecto de Yolanda Díaz (que no parece muy interesada en las elecciones autonómicas y locales de mayo) o el de una fuerza de obediencia canaria que pretende montar el diputado nacional Alberto Rodríguez, al que el Tribunal Constitucional terminará dando la razón cuando los tiempos madrileños sean los más propicios para hacer público el varapalo que se va a llevar la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxel Batet, por su exceso de ansiedad compartido con el presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena.
Tampoco le van bien las cosas a Coalición Canaria, que vive un lento pero parece que imparable proceso de descomposición interna producto de la pérdida generalizada de poder institucional desde las elecciones de 2019. Parece una consecuencia natural de su propia génesis: un partido nacido desde el poder y para sostenerse en el poder, cojea desde el momento en el que le falla su razón de ser. En poco más de tres años está presentando unos síntomas preocupantes. La marcha de los número uno y dos de la ciudad de La Laguna, José Alberto Díaz y Candelaria Díaz, dejan muy tocada al mayor comité local de CC en Canarias, en el que militan sus pesos más pesados: Ana Oramas y el secretario general de la formación, exalcalde y expresidente del Gobierno, Fernando Clavijo.
Pero no es la única plaza con problemas. En islas como Lanzarote o Fuerteventura no solo se discute la deriva del partido, que ya hace tiempo se alejó de los planteamientos progresistas que atrajeron a algunas de las fuerzas que lo conformaron, sino incluso el liderazgo de Fernando Clavijo.
En Gran Canaria pintan bastos también para el partido nacionalista. Si ya en las últimas elecciones autonómicas obtuvo alguna representación gracias a su alianza con Unidos por Gran Canaria, para el año 23 los de Bravo de Laguna ya han dicho que con ellos que no cuenten más porque sus querencias van ahora más hacia un acuerdo de índole similar con Nueva Canarias. CC ha preferido ahora fichajes que considera estrellas pero que corren en realidad peligro de estrellarse, como el de la diputada tránsfuga de Ciudadanos Vidina Espino, que se perfila como candidata al Cabildo, o la polémica alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno.
El debilitamiento también alcanza a islas como La Palma, histórico feudo de CC, donde solo el alcalde de El Paso, Sergio Rodríguez, parece emerger en medio de la división generalizada y de la debilidad de Nieves Lady Barreto. Algo parecido a lo que ocurre en El Hierro, donde el socio tradicional de AHÍ sufre sus crisis intestinas, al tiempo que da por perdida ya definitivamente algún tipo de influencia en La Gomera.
El núcleo duro de CC parece estar asumiendo este desmoronamiento casi generalizado y se hace fuerte en Tenerife. Dirigentes teóricamente regionales no disimulan en sus intervenciones públicas que la prioridad es ahora esa isla, donde al fin y al cabo reside el germen insularista de la formación, ATI, que nunca ha desaparecido del todo, al menos en el subsconciente de muchos y muchas.
Las dificultades se pueden complicar aún más si se confirman los peores presagios en el Tribunal Supremo, donde ya camina de modo imparable el llamado caso Reparos, que señala directamente a Fernando Clavijo como autor de un delito de prevaricación continuada durante su etapa como alcalde de La Laguna. La Fiscalía del alto tribunal asume la causa y ve motivos para enjuiciarlo, lo que podría suponer para Coalición Canaria llegar a las elecciones con su candidato a la presidencia del Gobierno imputado o sentado en el banquillo.
Algunos de estos factores ya se reflejan en las encuestas que manejan los partidos y algunas organizaciones empresariales. Coalición Canaria va a experimentar una nueva caída de apoyo popular fruto de su incapacidad para recuperarse en la oposición y por el —de momento- asumido crecimiento del Partido Popular por el tirón nacional.
Una caída en el respaldo popular de CC alejaría la posibilidad de un acuerdo de gobierno regional por la derecha al tiempo que alimentaría la quimera de un pacto de los de Clavijo con el PSOE. Es lo que sueña un amplio sector empresarial y los socialistas grancanarios al mando de Sebastián Franquis, que ven en esa opción un freno a las ansias expansionistas de Román Rodríguez. Pacto que repudian sin miramientos los socialistas de Tenerife, que observan ese hipotético balón de oxígeno a su eterno rival como una declaración de guerra interna.
Nueva Canarias, efectivamente, está embarcada en una operación de expansión muy ambiciosa. Sus dirigentes ya están dando por superada su crisis burocrática en el registro de partidos políticos. Creen que la Administración ha cometido más errores que la organización política misma, aunque por si acaso ya está registrada la nueva denominación, Nueva Canarias Frente Canarista, una declaración de intenciones que ya venía operando sin necesidad del nuevo sello. Porque los de Román Rodríguez tienen muy avanzados los contactos, y en algunos casos los acuerdos, con formaciones locales de varias islas o con personalidades huérfanas con las que concurrir a las próximas elecciones con opciones de ampliar sus actuales representantes públicos.
Todo hace pensar que ese Frente Canarista crecerá en Gran Canaria, en Lanzarote, en Fuerteventura y muy probablemente en Tenerife.
¿Y qué pasa con los tres diputados de Casimiro Curbelo? El líder de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) sueña con que vuelvan a ser decisivos a partir de mayo del 23, y puede que así sea. Estos últimos meses de legislatura van a ser durísimos para el presidente Torres —mucho más de lo que han sido 33 anteriores- porque las exigencias de Curbelo se amplificarán con la amenaza nada velada de pasarse a la opción conservadora si no son convenientemente atendidas. Lo peor que le puede pasar al presidente de La Gomera es que la subida del PSOE y de Nueva Canarias, pese a la caída de Unidas Podemos, sume lo suficiente como para no convertir en imprescindibles esas tras actas parlamentarias.
La esquizofrenia, hasta el final.
