La evaluación de portales de transparencia se triplicó en 2022 hasta un total de 3.161 públicos y privados
El informe anual del año 2021 y el avance de la actividad en 2022 del Comisionado de Transparencia de Canarias revela como progreso más importante mayor verificación del cumplimiento de las resoluciones de derecho de acceso cuando los ciudadanos son amparados para que les entreguen información.
Durante el año 2022, las reclamaciones por derecho de acceso a la información presentadas ante el Comisionado de Transparencia aumentaron casi un 10%, pasando de 525 a 577. Además, se incrementó también la cifra de reclamaciones resueltas, con un total de 507 frente a 494 del año anterior, lo que representa un aumento del 2,5%.
En el marco de esta actividad, el Comisionado de Transparencia inició en 2022 un programa de monitorización del cumplimiento del derecho de acceso a la información por parte de las instituciones públicas canarias. El objetivo era dar respuesta a aquellos ciudadanos que habían reclamado ante el Comisionado por falta de respuesta de las entidades públicas a las que solicitaron información, incluso habiendo recibido una resolución estimatoria del Comisionado sobre su derecho de acceso.
Hasta el año 2021, más de un tercio de las resoluciones anuales no se cumplía (en porcentajes semejante a las siete comunidades autónomas donde se mide este fenómeno).
En una primera fase del programa, se requirió el cumplimiento a todas las entidades públicas canarias que no habían cumplido las resoluciones dictadas por el Comisionado de Transparencia. De un total de 542 resoluciones con resultado estimatorio para el ciudadano emitidas en el periodo 2020-2021, no constaba el cumplimiento de 201 de ellas, lo que suponía un 37% de incumplimiento en ese bienio.
Después de esta primera fase del programa, el número de resoluciones sin cumplir en el periodo 2020-2021 se redujo a 85 (33 del año 2020 y 52 de 2021). Por ello, se aplicó un segundo programa de verificación en febrero y marzo de 2023, en el que se añadieron las resoluciones incumplidas del año 2022 (105 resoluciones incumplidas de un total de 338 emitidas por el Comisionado ese año). Al término de la segunda fase el porcentaje de resoluciones sin cumplir disminuyó considerablemente: Se ha reducido el incumplimiento a un 7,05% en 2020 y a un 8,57% en 2021; cuando en las comunidades autónomas donde se controlan estos ratios, la media de los incumplimientos ronda tercio de las resoluciones estimatorias.
Durante el año 2022, se ha conseguido reducir la cantidad de incumplimientos detectados de 105 a 30 resoluciones, pasando de un 31,07% a un 8,28% de incumplimiento. En el conjunto del último trienio, de un total de 880 resoluciones estimatorias emitidas por el Comisionado de Transparencia en el periodo 2020-2022, existen actualmente 71 resoluciones sin cumplir por parte de las entidades públicas, lo que representa un 8,07% de incumplimiento total . El programa de monitorización del cumplimiento del derecho de acceso a la información continuará en marcha para garantizar la transparencia y el acceso a la información por parte de los ciudadanos, con el objetivo de alcanzar un 95% de cumplimiento al término de cada año; y del 100% de cumplimiento cuando las leyes de transparencia contemplen –como se ha anunciado– las multas coercitivas para los cumplidores.
Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, recuerda que la transparencia no es solamente un derecho del ciudadano, “sino que es también una herramienta que permite mejorar los resultados a las administraciones”. Porque los poderes públicos e instituciones tienen parecidos incentivos a los de las personas: “cuando sabemos que pueden saber lo que hacemos –indica–, lo hacemos mejor”.
En los últimos dos años, el Comisionado de Transparencia ha duplicado el número de expedientes administrativos, superando los 4.000 expedientes gestionados en 2022 y, en concreto, ha triplicado el número de expedientes de evaluación de los portales de transparencia, hasta alcanzar los 3.161 en el último ejercicio.
Respecto de los resultados de las evaluaciones de transparencia, en la última evaluación (correspondiente a la información del ejercicio 2021) se consiguió la participación del 84,77% de las entidades sujetas a las obligaciones de publicidad activa de Canarias: todas las instituciones principales y sus entidades dependientes y las asociaciones públicas (Fecai y Fecam), el 44,44% de las mancomunidades, el 88,06% de las corporaciones de derecho público y el 83,29% de las entidades privadas.
En materia de derecho de acceso, Cerdán Elcid informó del aumento de las reclamaciones presentadas por derecho de acceso a la información pública, así como del número de resoluciones. Mientras en 2020 se registraron 386 reclamaciones y se resolvieron 359 expedientes, en 2022 las reclamaciones llegaron a 575 y se resolvieron 507, de las que el 76 % fueron estimadas con resultados favorables para los ciudadanos.
La relación coste-beneficio
El coste del Comisionado se sitúa en 0,32 euros por habitante al año. “La colaboración de las miles de entidades públicas y privadas en el proceso de evaluación de transparencia a través de la presentación de sus declaraciones de transparencia que luego se procesan telemáticamente permite que el pequeño equipo del comisionado pueda realizar dicha labor a muy bajo coste”, indica.
Los resultados de la evaluación de los portales de transparencia de las entidades privadas serán facilitados a las intervenciones de fondos de todas las administraciones canarias para que puedan ejercer el control y las acciones correspondientes con respecto a las entidades que reciben subvenciones de más de 60.000 euros y no cumplen con sus obligaciones legales de transparencia.
En cuanto al sector privado, y a pesar de que la nota está por debajo del aprobado (4,49 frente al 4,83 de 2021), Cerdán señala que en contra de lo que pudiera parecer es “aceptable” si se compara con las de los dos primeros años de evaluación en el sector público, y porque “la inmensa mayoría” de las empresas desconocían sus obligaciones en materia de transparencia. El comisionado hace hincapié también en el incremento exponencial de empresas privadas analizadas por el reparto de fondos COVID: en total fueron 3.319 las que en el ejercicio de 2021 tenían obligación al percibir una subvención superior a los 60.000 euros, de las cuales presentaron su declaración el 83%.
