En la recta final del tripartito regional, Canarias vuelve a enfrentarse a los fantasmas de la incertidumbre si se cumplen las previsiones de los expertos
Es difícil encontrar, en la reciente historia de las Islas, un gobierno que se haya enfrentado a tantas calamidades sobrevenidas seguidas. Ni siquiera el presidido por el nacionalista, de Paulino Rivero, que padeció la crisis profunda que siguió al desplome del mundo financiero, en 2008, se puede comparar levemente con un mandato en el que, por decirlo mal y pronto, ha pasado casi de todo.
El llamado Pacto de las flores, escenificado en el Parque García Sanabria de Santa Cruz, frente a su gran reloj vegetal, se estrenó con un pavoroso incendio en Gran Canaria. Y después con la quiebra de un gran turoperador turístico, Thomas Cook, que fue un golpe al hígado al sector productivo más importante de Canarias. Y después llegó la pandemia del coronavirus. Y luego un cero turístico y el desplome de toda la economía. Y más tarde un volcán en La Palma… No es extraño que cuando se anunció la caída fuera de control de un cohete chino, todas las miradas se dirigieran al edificio de la Presidencia del Gobierno, con la razonable sospecha de que se desplomaría sobre nuestras cabezas. Un chiste, de acuerdo, pero no sin cierto fundamento.
En medio de todas estas adversidades, el Pacto de las flores contó con una ayuda extraordinaria: Una que ningún otro gobierno de las islas tuvo antes: el apoyo excepcional de un plan europeo de rescate de las economías colapsadas por el coronavirus, entre las que estaba España, por supuesto. Se aprobó un contingente de dos billones de euros para compensar el desastre causado por la pandemia, de los que España recibiría –está recibiendo– nada menos que ciento setenta mil millones. A cuenta de esas ayudas ha habido fondos especiales para reforzar la sanidad pública o para subvencionar las empresas más afectadas por la desaparición del consumo, entre otras líneas de actuación. Canarias, a este respecto, ha sido razonablemente tratada hasta el momento, aunque no se pueda decir lo mismo de la financiación ordinaria.
El plan de ayudas fue aprobado por iniciativa de Angela Merkel, excanciller alemana, y de los países del norte llamados frugales, en principio poco partidarios de gastar más dinero en los díscolos y derrochadores países del Sur, especialmente Italia, España, Grecia y Portugal. Pese a su génesis conservadora, la izquierda europea se hizo rápidamente con exclusiva de la propiedad intelectual de la medida, indicando que de esta crisis se iba a salir de otra manera distinta a la del 2008: léase, en vez de recortes y austeridad la salida elegida consistía en un mayor gasto público. “Una salida progresista”, se dijo.
Pero, como afirman los viejos del lugar, no hay duros a cuatro pesetas. La emisión masiva de miles de millones del Banco Central Europeo provocó en 2021 que la inflación se disparase en Europa a cotas no vistas desde hacía muchas décadas. También alentó el alza de los precios el aumento de la demanda, que había estado desplomada por el coronavirus, a la que la oferta no pudo responder tan rápidamente como se necesitaba. Después, para rematar el cóctel molotov de los estropicios, se produjo una escasez de materias primas, a la que se sumó, como guinda, la inesperada invasión de Ucrania por fuerzas rusas, desencadenando una última y cruenta guerra. Nos adentrábamos en lo que al final ha sido otra tormenta perfecta.
Canarias, que a lo largo de 2022 había recuperado su turismo –cerraremos por encima de los catorce millones de visitantes– vuelve a enfrentarse a los fantasmas de la incertidumbre. Si se cumplen las previsiones de los expertos, Alemania y Gran Bretaña, entre otros países, podrían entrar en una recesión económica este invierno. La Unión Europea está buscando desesperadamente alternativas al suministro energético del gas ruso, cortado por Putin, no ya para la calefacción de los hogares de millones de ciudadanos, que se enfrentan a temperaturas bajo cero, sino para poder mantener a las grandes industrias en marcha y, por tanto, impedir la salida del mercado de miles de trabajadores.
¡Qué escenario!
Este es el actual escenario ominoso en el que se mueve Europa. Las Islas, que por modelo económico y social dependen de la buena marcha de la economía europea, son altamente dependientes de la evolución de los países europeos que, entre otras cosas, son nuestros principales clientes.
El pacto canario de las izquierdas ha mostrado una envidiable solidez a lo largo de sus tres años y medio de agitada existencia. Las crisis internas no han afectado a la convivencia de los cuatro partidos que lo forman. Las dos consejeras cesadas de forma fulminante, casi a comienzo de la pandemia, fueron por una decisión del presidente Torres que solo afectaba al PSOE. Con guante de seda en puño de hierro, el presidente y secretario general socialistas hizo dimitir a las dos políticas tinerfeñas sin que al asténico partido en la Isla se le moviera ni un pelo del bigote. La otra víctima, en la dirección general de Dependencia, área de Unidas Podemos, fue sustituida discreta y rápidamente por una significada militante socialista aceptada por Noemí Santana, líder de Podemos. Fuera de ahí, el pacto se ha mantenido sin fisuras de cara a la galería.
El balance, cuando nos acercamos al final del mandato, tiene más sombras que luces. Este gobierno ha contado con más recursos que ningún otro en la historia, pero no ha logrado solventar las deficiencias de la sanidad ni ha cumplido con sus objetivos en materia de derechos sociales. El plan de vivienda naufragó, lo mismo que la renta ciudadana o la erradicación de las listas de espera sanitarias o de personas que aguardan hasta tres años para que se les apruebe una ayuda a la dependencia. Son fracasos que probablemente duelan más a quienes hicieron del compromiso social su principal bandera.
Los últimos presupuestos para el próximo año, el último del mandato del pacto, dibujan un escenario de ingresos difícilmente creíble si se produce una debacle en la economía europea. No obstante, los partidos del pacto han decidido aprovechar el movimiento inercial de tres fuentes de ingresos: las ayudas europeas, el aumento de la financiación del Estado en ese año y la estratosférica recaudación de los impuestos propios canarios al consumo, que se han disparado no porque haya aumentado éste, sino porque la inflación se ha convertido en un impuesto supletorio para todas las familias de las Islas. En el esprint final, el pacto de las flores pretende acelerar algunas de las medidas que no ha podido cumplir en todo el mandato, especialmente en el terreno de las ayudas sociales.
En el ámbito político, Nueva Canarias, uno de los firmantes del acuerdo, ha salvado las plumas tras ganar la batalla legal para poder seguir usando –de aquella manera– su viejo nombre, tras ser sancionado el partido por no presentar sus cuentas y una modificación de estatutos. A los intereses políticos del pacto de gobierno, superados estos obstáculos, solo le queda manejar la incertidumbre de un proceso judicial en ciernes, el llamado caso mascarillas, que podría salpicar los últimos meses de mandato si los tiempos jurídicos se mezclan con los electorales.
La primera víctima por el pago de cuatro millones de euros por un material sanitario que nunca se recibió ha sido el director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, dimitido a principios de noviembre –pocos días después del día de difuntos– aunque se dé la extraña paradoja de que cuando se compró el polémico material sanitario que nunca se entregó (con dos pagos, en marzo del año 2020 y posteriormente en julio de ese mismo año) el señor Domínguez era secretario general técnico de la Consejería de Obras Públicas, ya que fue nombrado responsable del SCS en septiembre.
La Audiencia de Cuentas de Canarias, en un demoledor informe no publicado aún, ha puesto negro sobre blanco el elevado grado de incumplimiento, discrecionalidad y chapuza que se siguió en la compra de material sanitario, que en muchos casos ha resultado inservible y que se almacena por millones de unidades en algunos centros hospitalarios de las islas.
Sobre este caso, del que se ha decretado por el juez secreto de sumario, sobrevuelan ahora todos los rumores y los chismes de la política canaria, que apuntan a nuevos responsables que podrían verse salpicados por el escándalo. Es la última amenaza a la que tendrá que hacer frente el pacto camino de las urnas.
Más allá de las buenas voluntades y propósitos con los que empezó su periodo de gobierno el pacto de las flores, el problema de Canarias no es –solo– carecer de suficientes recursos públicos, siempre escasos, sino el hecho de padecer una administración elefantiásica, poco eficaz por estar empantanada en una maraña de normas a veces indescifrable y necesitada de una reforma estructural a la que nadie se atreve a meter mano.
Modernizar es simplificar. Pero en las Islas viajamos hacia otros horizontes. Seguimos engordando el ya orondo sector público, como siempre ocurre antes de unas elecciones locales, y cargándolo con más y más tareas, organismos, agencias, empresas públicas, competencias y nuevas normas. Hasta que el burro aguante.
