El complicado ejercicio de 2021 supuso un extraordinario reto para la gestión pública, al iniciarse aún con la incertidumbre de no saber hasta dónde llegaría la pandemia de Covid-19. No debemos olvidar que la primera vacuna contra el coronavirus se inoculó en España el 27 de diciembre de 2020 y que quedaban por delante muchos meses para poder dar por controlada la expansión de la enfermedad.
Hasta entonces, la principal medida para combatir la pandemia fue la restricción en el movimiento de personas, lo que tuvo efectos devastadores en la economía canaria, muy vinculada al Turismo.
Tanto es así que, después de caer el PIB más de un 18 por ciento en 2020, la economía canaria inició 2021 de forma muy dubitativa, hasta el punto de que fue en febrero de este último año cuando se alcanzó el máximo de paro de toda la pandemia, con 283.477 personas inscritas y con casi 90.000 personas más en ERTE.
Afortunadamente, la solución desde las administraciones públicas no fue en esta ocasión la búsqueda de la austeridad, sino el incremento del gasto público. Recordemos, por ejemplo, que el Gobierno estatal dotó con fondos adicionales los créditos ICO y que aprobó suspender desahucios y el corte de suministros a la población vulnerable, aprobó moratorias hipotecarias y redactó un nuevo supuesto para ampliar el bono social eléctrico. Medidas que fueron complementadas con ayudas directas a empresas y personas autónomas, obligadas a cerrar por las circunstancias pandémicas y con la posibilidad de aplazar durante seis meses el pago de sus cuotas a la Seguridad Social o recibir una prestación por cese de actividad.
Mientras tanto, en las islas desplegábamos todos los instrumentos dispuestos para fortalecer el escudo social. Como muestra, las 90.000 personas en ERTE no perdieron su empleo ni consumieron paro, y la Comunidad Autónoma invirtió más de 31 millones de euros para completar la prestación a más de 72.500 personas, cuyos ingresos por ERTE quedaron por debajo del SMI.
En el ámbito empresarial, también comprendimos que la salida de esta crisis pasaba por solventar los problemas inmediatos de liquidez y endeudamiento de las empresas que, siendo perfectamente viables, habían sufrido un importante recorte en su volumen de negocio. Así, ya en julio adelantamos 87,4 millones de euros, que permitieron a más de 15.000 pymes y personas autónomas resistir la ralentización económica. Una medida en la que profundizamos cuando, de los 7.000 millones de euros dispuestos por el Estado en todo el país para ese fin, recibimos 1.144 por la dureza con la que nos había afectado la pandemia. Solo dos autonomías conseguimos ejecutar todos los recursos que nos asignaron y, en el caso canario, se debió sin duda a la perfecta sincronía entre la administración pública y el sector privado, de la mano de las Cámaras de Comercio.
Una agilidad en la gestión que, desgraciadamente, tuvimos que volver a emplear a fondo cuando el 19 de septiembre comenzó la nefasta erupción en La Palma. Solo 9 días después estaban regulados los ERTE extraordinarios y el 5 de octubre, se había aprobado un Plan Extraordinario de Empleo de 63 millones de euros para la isla -cuando el PIEC para toda Canarias es de 42-, a los que se unieron 10 millones de euros más para las empresas y personas autónomas que tuvieron que cesar su actividad.
La recuperación de La Palma es sin duda uno de los retos en los que deberemos trabajar durante los próximos años. Pero, si hacemos un balance de 2021 en toda Canarias, hemos de apuntar que cerramos el año con unas 12.000 personas en ERTE y 202.819 personas inscritas en las oficinas de empleo. Es decir, que había 157.000 personas menos sin trabajar que en febrero del mismo año: por eso es el año del comienzo de la recuperación en Canarias, después de la pandemia de COVID 19.
Una recuperación que en buena parte derivó de un cambio estructural, que tendrá una influencia definitiva en Europa durante la próxima década y tal vez mucho más allá. Hablamos de la articulación por primera vez en la historia de un mecanismo de deuda solidaria, común a todos los estados de la Unión. Esta decisión, en la que se sustentaron los Fondos Next Generation UE y, por lo tanto, los programas conocidos como REACT-UE, primero, y Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, después, produjo además un alineamiento sin precedentes de las políticas de desarrollo de la Unión. Los fondos debían emplearse principalmente para una profunda transformación basada en la sostenibilidad, la transición ecológica y la digitalización de nuestras sociedades.
En el futuro, recordaremos 2021 como el año en que comenzó la recuperación después de la pandemia, pero, sobre todo, como el año en el que el compromiso común europeo impulsó una transformación sin precedentes que, estoy convencida, hará que cerremos esta década con una Canarias más resiliente, autosuficiente y competitiva que antes de la pandemia.
