Tras unos primeros años en los que la gestión pública del Gobierno de progreso se centró en poner las bases para disponer de las herramientas necesarias para lograr una Canarias más justa, más solidaria y más sostenible, ahora, una vez sobrepasado el ecuador de la legislatura y encarando la recta final, podemos afirmar que los esfuerzos de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda están encaminados a consolidar los proyectos ya iniciados en las materias que son competencia de este departamento.
En materia de obras públicas, al llegar a la Consejería nos encontramos un porcentaje muy escaso de proyectos redactados y de obras en marcha (sólo cuatro) del Convenio de Carreteras, algo que nos impedía avanzar al ritmo deseado hacia la necesaria conectividad de Canarias. Con mucho esfuerzo y trabajo conjunto con todas las administraciones implicadas, durante los dos últimos años hemos puesto en marcha una decena de nuevas actuaciones en carreteras y estamos redactando más de 28 proyectos de obras totalmente listos para que puedan ser realizados en los próximos años conforme vamos avanzando en la ejecución del Convenio de Carreteras. Todas estas obras en marcha y estos proyectos suponen que ya tengamos comprometidos para los próximos años una inversión superior a los 770 millones de euros en nuevas carreteras en toda Canarias.
Estas cifras vienen a demostrar que ya vamos superando las dificultades que atravesamos al iniciar este Gobierno, lo que permitirá que al final de la Legislatura tengamos un considerable volumen de obras adjudicadas para afrontar el déficit en infraestructuras viarias que tiene nuestra comunidad. Nuevas actuaciones como la variante de la TF-5 en La Laguna, la nueva conexión entre Telde y la GC-3, la duplicación de la LZ-40, la variante de Vallehermoso, el nuevo tramo del eje norte-sur de Fuerteventura entre el aeropuerto y Pozo Negro, el falso túnel de Pie de Bascos (HI-5), o el acondicionamiento de la LP-1 entre Tijarafe y La Punta, serán una realidad en un futuro inmediato gracias a la planificación de la Consejería y a la financiación que nos garantiza el Convenio de Carreteras con el Estado.
Y es que, una vez que tengamos muchos de esos proyectos convertidos en obras, estaremos en condiciones de cumplir el compromiso que adquirimos para ejecutar el Convenio de Carreteras, con una inversión anual de 230 millones de euros.
Este impulso de la inversión ha sido posible, entre otras cosas, por las negociaciones mantenidas con el Gobierno de España para desatascar la deuda del Convenio de Carreteras, que se refleja también en la adenda que se firmará con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para transferir parte de la deuda del anterior convenio en dos nuevas anualidades en el actual. Se trata de 407 millones de euros que se corresponden a las obras que no pudieron ser ejecutadas entonces por los recortes presupuestarios, y que se incorporarán ahora a las arcas de la comunidad autónoma en dos anualidades del actual convenio, la de 2026 y 2027.
Al mismo tiempo, durante los últimos dos años, hemos dado pasos muy importantes de cara a la definición de una nueva estrategia de movilidad sostenible para el Archipiélago. Esta iniciativa surge como respuesta a la transformación que se está produciendo en el ámbito de la movilidad en todo el mundo y a la que Canarias no es ajena, con el objetivo de avanzar hacia la descarbonización de nuestro modelo.
Para ello, la Consejería ha convocado a todos los integrantes de la Mesa del Transporte en Canarias para explicarles la necesidad de que el sector converja en un progreso mucho más comprometido con el desarrollo sostenible, y se han establecido mesas de trabajo sectoriales de las que saldrá el marco definitivo en el que se desarrollará esta Estrategia de Movilidad novedosa y respetuosa con el medio ambiente.
En aras de seguir avanzando en este compromiso, la estrategia incluirá la aprobación del Plan Director de la Movilidad Sostenible de Canarias 2030 y la creación del Observatorio Canario de la Movilidad. En el último bienio hemos dado un importante impulso a los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) ampliando la dotación hasta el millón de euros, cuando hace tres años apenas eran algo más de 400.000 euros. Gracias a este incremento el Gobierno ha podido ayudar a 51 municipios de menos de 20.000 habitantes a redactar sus planes de movilidad sostenible para sumarse a los objetivos de implementar una movilidad centrada en la descarbonización y el respeto al entorno.
Junto al transporte terrestre también trabajamos para potenciar el marítimo, para lo que hemos realizado un esfuerzo inversor en mejorar y ampliar la capacidad y los servicios que ofrece la red de Puertos Canarios en todas las islas. En este 2022 pondremos en servicio las renovadas instalaciones del puerto de Playa Blanca, en Lanzarote, en el que se han invertido 47 millones de euros para crear un muelle totalmente nuevo; y planificamos otros proyectos importantes como la ampliación del muelle de Corralejo, en Fuerteventura: la mejora y reordenación del puerto de Agaete, en Gran Canaria, o la ampliación del puerto de Playa Santiago, en La Gomera, una actuación destacada que al fin desatascamos en esta legislatura después de más de una década presentando ideas y bocetos sin que se decidiera nada.
Vivienda, pilar del Gobierno
Asimismo, en materia de vivienda, hemos consolidado el proyecto que iniciamos, con la participación de todos los actores implicados y de todos los grupos políticos, para desarrollar el Plan de Vivienda de Canarias (2020-2025).
En su primer año de vigencia, el 2021, el Plan de Vivienda puso en marcha la compra y los proyectos de construcción de más de 1.500 viviendas en todas las islas, rehabilitando más de 7.400 casas y entregando ayudas por valor de 17,5 millones de euros para pagar el alquiler a familias con pocos recursos. También se destinaron tres millones para ayudar a los jóvenes a comprar su primera vivienda, y 13,2 millones en subvenciones para combatir la despoblación rural mediante ayudas a la rehabilitación en municipios de menos de 20.000 habitantes. En 2022 hemos continuado con todas esas líneas, iniciando la construcción de la primera promoción de viviendas protegidas que se hace en Canarias desde 2012 y doblando el número de ayudas a los más vulnerables, ya que este año destinaremos 43 millones solo a pagar ayudas al alquiler a varios colectivos, con la puesta en marcha de medidas tan novedosas como el Bono Joven Alquiler.
Para desarrollar la política más ambiciosa que ha habido nunca respecto a la vivienda pública en Canarias, contamos con el apoyo indispensable de los recursos del Estado y de la Unión Europea a través de los fondos Next Generation, con una aportación inicial de 52 millones de euros. Con esos fondos se ha puesto en marcha la convocatoria de una nueva ayuda a la rehabilitación para fomentar la eficiencia energética para particulares, o varios programas de actuación con ayuntamientos y cabildos para reparar barrios o construir nuevas viviendas en alquiler asequible.
Atención especial a la isla de La Palma
Sin duda, si algo ha marcado la prioridad de este gobierno socialista canario durante el último año ha sido la situación de la isla de La Palma tras la erupción volcánica.
Lo primero que hicimos fue establecer un protocolo de actuación unificado con todas las administraciones implicadas para ofrecer ayudas a los afectados en materia de vivienda, pero también en infraestructuras públicas, como carreteras y puertos.
En materia de vivienda, se creó una lista única de afectados y un comité técnico para baremar la entrega de las ayudas. Para apoyar estos trabajos, contratamos a un equipo de cerca de una treintena de trabajadoras sociales que han elaborado las fichas sociales con las que se les facilita la atención que requieren. Por otra parte, se han comprado para su entrega a las familias afectadas 300 viviendas entre casas que ya estaban hechas, principalmente en los municipios afectados, y viviendas modulares que se han ido instalando en los municipios de El Paso y Los Llanos de Aridane.
Además, hemos ha creado una línea de ayuda al alquiler extraordinaria para estos afectados, dotada con más de 2.650.000 euros para este año y el próximo, una línea con la que se les pagará a las familias beneficiarias, 510 hasta la fecha, una ayuda máxima de 594 euros mensuales durante al menos tres años, hasta que puedan reconstruir sus hogares.
Gran parte de las conexiones viarias de la isla también fueron devastadas a causa de la erupción, lo que obligó a realizar acciones urgentes, como la creación de una nueva vía entre la LP-2 y Las Norias mientras el volcán seguía activo. Aún así se ejecutó en tiempo récord y se puso en servicio a principios de este año tras una inversión de 1,7 millones de euros.
La próxima gran intervención es la creación de la carretera de la Costa, una conexión directa entre el sur y el norte del Valle de Aridane que quedaron aislados por las coladas, y que se va a ejecutar con la colaboración del Ministerio de Transportes y una inversión superior a los 30 millones de euros.
