Un experimento de gratuidad con impacto real.- En 2023, Canarias marcó un hito en el transporte público terrestre convirtiéndose en un laboratorio vivo de lo que podría ser el futuro de la movilidad pública: la gratuidad total del transporte terrestre para residentes. Un año después, esta política ha consolidado un cambio profundo en la movilidad insular, con un aumento sin precedentes de la demanda. Sin embargo, este éxito ha planteado una serie de desafíos financieros, operativos y estratégicos que ponen a prueba la capacidad de las instituciones para sostener y mejorar el modelo. 2024 ha sido, sin duda, el año en que Canarias ha tenido que empezar a responder a la gran pregunta: ¿es sostenible un sistema de transporte público gratuito y universal?
Récord de pasajeros: una red a máxima capacidad. Las principales operadoras de las islas han registrado cifras históricas de usuarios. Guaguas Municipales en Las Palmas, Global en Gran Canaria o TITSA en Tenerife han experimentado un aumento sin precedentes de la demanda, duplicando en algunos casos los niveles previos a la pandemia. Este fenómeno, generalizado en todas las islas, confirma que cuando el transporte público es accesible, la ciudadanía responde.
La gratuidad ha eliminado barreras económicas y ha permitido a miles de personas acceder al trabajo, la educación o la sanidad sin coste alguno.
Pero la gratuidad no viene sola. Para absorber la nueva demanda, las administraciones han tenido que reforzar frecuencias, ampliar flotas con vehículos más sostenibles, contratar personal y mejorar infraestructuras sin poder afirmar que el incremento venga directamente del coche privado, ya que el colapso de las carreteras ha crecido de forma paralela. Más bien, el aumento de pasajeros refleja una combinación de factores: gratuidad, mayor población usuaria, presión turística y una red más robusta y mejor valorada por las inversiones realizadas hacia un transporte más limpio y sostenible.
La gratuidad ha funcionado, sí, pero requiere un respaldo financiero y operativo a la altura del nuevo contexto. El reto ahora es mantener este esfuerzo en el tiempo siendo financiación la gran incógnita, aunque los cabildos insulares y el Gobierno de Canarias han manifestado su voluntad de mantener la gratuidad, al menos para colectivos vulnerables, pero reconocen que sin una financiación adecuada no será posible sostener el modelo actual.
La gran pregunta: ¿quién lo paga a partir de 2025?. La financiación estatal ha sido fundamental para mantener la gratuidad. Pero la decisión del Gobierno central de poner fin a las ayudas en diciembre de 2024 ha generado incertidumbre. ¿Pueden los cabildos y el Gobierno de Canarias asumir en solitario un coste de más de 140 millones de euros al año? La respuesta no es sencilla. Lo que sí está claro es que el sistema actual necesita una base financiera sólida y estable. En caso contrario, las consecuencias podrían ser una pérdida de calidad del servicio o la necesidad de reintroducir tarifas para ciertos colectivos.
Modernización y sostenibilidad: inversión en flota ecológica. Los cabildos han apostado por un transporte más limpio y eficiente. Se han introducido guaguas híbridas y eléctricas, y en Gran Canaria ya circula el primer autobús de hidrógeno verde del archipiélago. Esta apuesta por vehículos de bajas emisiones forma parte de una estrategia más amplia de transición ecológica. Además, los fondos europeos Next Generation han sido clave para acometer estas inversiones, no solo en flota, sino también en intercambiadores, sistemas de información y digitalización de operaciones.
Una ley con visión insular y climática. El Gobierno de Canarias está impulsando la primera Ley de Movilidad Sostenible del archipiélago. Esta norma nace con la voluntad de recoger las realidades de cada isla, promover el transporte limpio, fomentar la intermodalidad y garantizar la accesibilidad universal. Canarias es un territorio singular, fragmentado, con una alta dependencia del turismo y una movilidad interinsular que plantea desafíos específicos. La ley debe ser ambiciosa, pero también realista. Debe priorizar el transporte público, la movilidad activa, la electrificación de flotas, la intermodalidad y, sobre todo, la cohesión social y territorial. En este proceso, la participación ciudadana y técnica ha sido clave, lo que augura una norma sólida y ajustada a las necesidades del territorio.
Visión del sector: sostenibilidad y modernización como hoja de ruta. Desde el ámbito sectorial, las principales organizaciones profesionales —ATUC (Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos), CONFEBUS (Confederación Española de Transporte en Autobús) y la UITP (Unión Internacional del Transporte Público)— coinciden en señalar que la gratuidad, por sí sola, no garantiza el éxito de un sistema de transporte público. Subrayan que es esencial acompañarla de una financiación sostenible, inversiones continuas en mejora de la calidad y estrategias claras de descarbonización y digitalización. En su análisis, la gratuidad puede tener sentido como política social, pero solo si se apoya en estructuras de financiación sólidas y un servicio robusto y eficiente. Por ello, recomiendan que Canarias, como otras regiones, priorice la estabilidad presupuestaria, la modernización tecnológica —con avances como el ABT y sistemas de Movilidad como Servicio (MaaS)— y un diseño de contratos públicos que garantice estándares de calidad y equidad. Además, alertan de que los procesos de apertura a nuevos operadores deben salvaguardar la coherencia territorial, la calidad del servicio y la protección social del empleo. En definitiva, el transporte público canario puede ser referente europeo en movilidad sostenible si sabe conjugar gratuidad, eficiencia y calidad a largo plazo.
ABT y digitalización: hacia una movilidad inteligente. La implantación del sistema de billetaje inteligente ABT (Account-Based Ticketing) representa un salto cualitativo en la gestión del transporte. El usuario ya no necesita un billete físico: su cuenta en la nube, accesible desde el móvil, una tarjeta bancaria o incluso un reloj inteligente, se convierte en su identificador. El sistema le cobra automáticamente la tarifa más ventajosa, lo que favorece la fidelización y elimina fricciones en el uso. A esto se suma la extensión de los sistemas SAE, las apps en tiempo real y la interoperabilidad entre islas. Canarias entra así en la nueva era de la movilidad digital.
Renovación del mapa operador: oportunidades y amenazas. Por otro lado, se vislumbra un cambio en el panorama de operadores. Las actuales concesiones se acercan a su fin y los cabildos ya preparan nuevos concursos públicos. Tras décadas con operadores fijos y en algunos casos públicos, se abre la puerta a una competencia real. Esto podría abrir la puerta a la entrada de nuevos actores, tanto del ámbito nacional como internacional. Diversos grupos privados han mostrado interés en operar en Canarias, apostando por modelos más eficientes, digitales y sostenibles. Esta nueva etapa puede traer innovación, inversión y eficiencia, pero también implica el reto de mantener los estándares actuales, proteger el empleo local y evitar una mercantilización del transporte que perjudique al usuario. Por ello, estos procesos deben gestionarse con transparencia y con criterios que prioricen la calidad del servicio, la inversión en flota limpia y la protección de los derechos laborales.
Movilidad como derecho y palanca climática. La movilidad pública está dejando de ser un servicio para convertirse en un derecho social. Así lo entienden cada vez más países, regiones y organizaciones. En Canarias, este derecho cobra un valor especial por su realidad geográfica. Para muchas personas, el transporte público es el único medio para acceder a servicios esenciales. A la vez, es una herramienta poderosa contra el cambio climático. Reducir el uso del coche, electrificar las flotas, planificar desde la sostenibilidad… todo ello forma parte de un nuevo contrato social con la ciudadanía, en el que la movilidad es bienestar, inclusión y futuro.
Conclusión: el reto de consolidar lo alcanzado. El transporte público en Canarias durante 2024 ha vivido una auténtica revolución: más pasajeros que nunca, un sistema reforzado, flotas más limpias y una visión clara de futuro. La gratuidad ha demostrado ser una política efectiva, pero también costosa. Ahora toca decidir si ese modelo puede mantenerse y bajo qué condiciones. El reto está en consolidar lo alcanzado, asegurar la financiación, completar la digitalización y aprovechar la oportunidad de la nueva ley para sentar las bases de un sistema más justo, eficiente y sostenible.
Canarias se encuentra en una encrucijada: puede liderar la movilidad del futuro o quedarse en un experimento temporal. La decisión no depende solo de los gobiernos, sino de toda la sociedad. Porque, como se ha demostrado, cuando el transporte público funciona, la ciudadanía responde. Y cuando se le da valor, transforma el territorio.
