Dos Chinas, dos ejemplos

El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Cuando en enero de 2020 llegaron las primeras noticias de un virus desconocido que se propagaba en China, a este lado del mundo seguimos a lo nuestro. Cuando los chinos edificaron un hospital de campaña en Wuhan en pocos días, la noticia se convirtió en carne de meme, miramos al dedo que era la obra y no nos fijamos en la luna que era la COVID-19. Cuando en Italia se confinaron las regiones del Norte, por aquí aún andaban tranquilizándonos con que los casos no pasarían de unas decenas, que estábamos preparados para lo peor y que lo peor era altamente improbable que pasara. Resulta que lo peor llegó, pasó y todavía hoy –dieciocho meses después– uno se pregunta cómo fue que nos cogió con el pie cambiado, en Canarias, en España y en casi todo el mundo que presume de estado de bienestar, andamiaje legal y sistemas sanitarios poderosos.

Es imposible entender esta afección de la Covid-19, con el coste de vidas y la crisis económica subsiguiente, pese a lo bien preparados que estábamos. Y si todo esto ha sucedido gracias a lo bien preparados que estábamos, peor aún. En cualquiera de las hipótesis, convendría hacer un balance de lo que se hizo y de lo que se dejó de hacer. Solo tras un análisis saldremos mejor preparados para la siguiente catástrofe –sea cisne negro o rinoceronte gris– que esté por venir. Sea un virus, un fenómeno meteorológico extremo o la próxima crisis de deuda. Que uno sepa, no obstante, solo se nos venden proyectos de un futuro hiper prometedor con los debidos carteles: verde, sostenible, inclusivo, igualitario, esplendoroso al cabo. Y mucha resiliencia, empatía –antes aplausos– y apelaciones de buena fe a la responsabilidad individual. En la dosis justa, faltaría más, para no molestar a la gente –“¡¿me lo dice a mí?!”–, a ver si vamos a perder votos para la siguiente cita por pasarnos de severos.    

Para la institución que quiera dar el primer paso y se decida por el examen de conciencia, sugiero que echen un vistazo al paso de la COVID-19 por la República de China, una isla-república perfectamente democrática y homologable con cualquier democracia occidental que sobrevive, no se sabe bien cómo, a unos kilómetros de la China comunista, que no acepta que se desgajara del modelo totalitario continental en 1949. Desde entonces, Taiwán –cinco veces la superficie de Canarias, 23 millones de habitantes– se ha convertido en un estado apestado con el que solo mantienen relaciones diplomáticas no más de quince países, el más importante Honduras, para entendernos. Y así ha sobrevivido porque comercia con el resto del mundo, que paga a gusto por su tecnología puntera mientras trata de no contrariar a Pekín con la política convencional.

Resulta que Taiwán sufrió hace tanto como en 2003 los efectos del síndrome respiratorio agudo severo (SARS). Gestionó mal una epidemia que aquí solo conocimos por los telediarios y se preparó para la siguiente crisis, diecisiete años después. Activó el Centro de Comando Central de Epidemias, limitó en marzo las entradas a la isla –excepto diplomáticos, residentes y personas con visados de entrada especiales– y se aplicó a una fórmula que de tanto recomendar ha dejado afónicos a muchos epidemiólogos: test, task, and trace, esto es detectar positivos, seguir el proceso de cada enfermo y rastrear posibles contactos estrechos.

La fórmula se completó con una aplicación de geolocalización a través del teléfono móvil que disuadía –o penalizaba con multas o prisión, según los casos– de no guardar la cuarentena. Taiwan obligó al uso de mascarillas desde febrero, pero no hizo confinamientos masivos, no detuvo su actividad industrial y solo cerró sus escuelas un par de semanas. El resultado, al que solo se acercaron otros estados insulares de las antípodas –Australia y Nueva Zelanda, además de algunas de las repúblicas micronésicas–, llama la atención, tanto como para que en las antípodas de nuestras antípodas se apele a dos simplezas para explicar tal éxito: es que son islas, es que allí los ciudadanos si están dispuestos a que el poder público vigile su movilidad a través del rastro que deja el teléfono móvil.

Más allá de las comparaciones, queda también la esperanza que de la pandemia saldremos más pronto que tarde y una certeza inquietante: el sobreesfuerzo de los empleados públicos más concernidos con la lucha contra el virus ha sido inversamente proporcional al de una clase política sin la mínima diligencia para preparar un andamiaje legal, formativo y logístico para la próxima ola. Sea por otro virus nonato, sea por el virus de la crisis económica, que también será.

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