Poco a poco nos vamos acercando al día en el que veremos como un mal sueño todo lo sucedido en estos tres últimos años. Pero esa perspectiva también nos dará la oportunidad de examinar y de valorar en su correcta dimensión la respuesta de las administraciones públicas a los tremendos desafíos que hemos tenido que enfrentar como sociedad. Retos que, por cierto, siguen marcando nuestro día a día, esta vez en forma de galopada inflacionista que esperemos no se termine de concretar en su manifestación más dolorosa: la recesión económica.
En cualquier caso, nunca antes como en estos dos últimos años unos Presupuestos públicos en Canarias impactaron tanto en la vida de las personas y en el funcionamiento de la economía, ambas afectadas por una pandemia y, en el caso de La Palma, además, por una erupción volcánica.
La respuesta pública ha sido determinante no solo para neutralizar los efectos más nocivos de la crisis en la salud de los ciudadanos, sino también en sus bolsillos, porque hemos desplegado una apuesta decidida por los servicios públicos fundamentales, reforzándolos con más recursos que nunca (contratación de 10.000 trabajadores); aparte de parar el golpe a la economía, hemos ayudado eficazmente a las empresas (pequeñas, medianas y grandes), autónomos y trabajadores en ERTE, y personas vulnerables. Y lo seguimos haciendo, especialmente con medidas para combatir los efectos de la escalada de precios.
Y es precisamente ahí cuando los números nos pueden ayudan a interpretar la realidad. El año 2021 -objeto de esta publicación- el Gobierno de Canarias destinó cerca de 4.000 millones de euros a la sanidad, lo que supone un 10 por ciento del PIB estimado para el ejercicio. Según los datos oficiales correspondientes al año 2019, los países de la UE que más invirtieron en proporción al Producto Interior Bruto (PIB) fueron Alemania, con un 9,9%; Francia, con 9,3% y Suecia, con un 9,2%.
Así que tal porcentaje nos pone en la pista del esfuerzo presupuestario realizado, que se reprodujo igualmente en materia educativa, en el empleo o el turismo, áreas que experimentaron un importante crecimiento con fondos que fueron llegando durante todo el ejercicio a las arcas de la Comunidad Autónoma. Tanto fue así que las transferencias de las administraciones central y europea engordaron el Presupuesto inicial en 2.467 millones de euros, de los cuales 465 millones nos llegaron en los dos últimos meses del año.
El Gobierno de Canarias estuvo la altura de ese monumental desafío, con una gestión eficaz y eficiente de sus recursos, incluidos los 1.307 millones de euros en ayudas directas que pudimos distribuir en tiempo y forma. Un acierto en toda regla, sobre todo si nos comparamos con el resto de las comunidades autónomas que, salvo Baleares, tuvieron que devolver fondos al Estado por no haber sido capaces de repartir.
Además, frente a los augures que vieron en las cuentas de 2021 el agujero negro definitivo por el que iba a colapsar el Archipiélago, el Gobierno presentó un buen balance económico-financiero. No solo cumplimos las disposiciones contenidas en la Ley de Presupuesto de ese año, sino que fuimos a más a y mejor.
Especialmente, en materia fiscal. Los ingresos tributarios se situaron en 2.291,9 millones de euros, un 12% más que en 2020. Esa cantidad superó en 91 millones lo presupuestado. Y, debemos recordar, sin subir impuestos ni aumentar la deuda. Antes al contrario, estableciendo medidas de alivio fiscal para facilitar las obligaciones de los contribuyentes afectados por la pandemia, por un lado, y también de los damnificados por la erupción de La Palma.
Estos datos, registrados antes de que la inflación se desbocara, aceptan muchas interpretaciones, pero dicen, sobre todo, dos cosas. Una, la más importante, que la economía canaria ha ido a mejor; a pesar de las difíciles circunstancias, y dos, que el Gobierno ha hecho bien sus deberes.
La mejor prueba de ello es el dato de ejecución presupuestaria en 2021. Se ejecutó todo lo presupuestado inicialmente y, además, otros 2.000 millones. En concreto, la ejecución presupuestaria alcanzó los 10.446,1 millones de euros, 1.971,9 millones más de los consignados inicialmente, que fueron 8.474 millones. Este desempeño implica una ejecución del gasto equivalente al 123,2% de los créditos iniciales.
Y daremos continuidad a ese escenario en lo que resta de legislatura, fortaleciendo aún más los servicios públicos esenciales, impulsando la actividad económica, aumentando la inversión y protegiendo a la ciudadanía de rentas bajas y medias del impacto tremendo de la inflación con el despliegue de ayudas y ajustes fiscales temporales y selectivos. Sin bajadas generalizadas de impuestos, que son contraproducentes desde el punto de vista macroeconómico e injustas socialmente, y sin incrementar la deuda pública de la Comunidad Autónoma.
Nos desenvolveremos como hemos hecho en estos casi cuatro años: con la responsabilidad y la prudencia como faros de la política presupuestaria; cualidades que son indispensables para garantizar la sostenibilidad del gasto público y evitar más dolor a las nuevas generaciones.
