Para hacer balance de un curso político es necesario saber con qué propósitos se empezó esa etapa. Por eso, para escribir estas líneas que me pide la APT, he consultado el anuario del año pasado. Y ha sido un acierto: sus textos y reflexiones son un testimonio muy válido para fijar un punto de partida y analizar cómo ha sido la evolución de España y de Canarias en doce meses.
Y me alegra poder mostrar mi satisfacción en este anuario por un propósito que hemos cumplido. Se trata de un asunto en el que Canarias es, en justicia y por su situación actual, la gran beneficiada. Hace un año trabajábamos denodadamente desde el Gobierno de España, y con los impedimentos continuos del Partido Popular, para dar una solución estructural a la acogida de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados llegados a Canarias y a las comunidades autónomas con más presión migratoria.
Fue una travesía difícil. Remamos junto con la presidencia del Gobierno de Canarias para lograr lo que para nosotros supone el primer hito alcanzado de este curso político. Y, para mí particularmente, como responsable de la Comisión Interministerial de Inmigración, era una de las principales metas de la legislatura.
El 18 de marzo de 2025 el Gobierno de España aprobó el Real Decreto-Ley de acogida de niños, niñas y adolescentes migrantes en todos los territorios. Un decreto que se convalidó y salió adelante exitosamente con la mayoría parlamentaria del Congreso de los Diputados. Lamentablemente, el PP votó en contra, incluidos sus seis diputados y diputadas canarias. Hasta hoy no hemos escuchado una razón convincente de los populares canarios que justifique esa oposición frontal a los intereses del archipiélago, teniendo en cuenta, además, que cogobiernan en las islas junto con Coalición Canaria. Todo lo contrario, solo hemos visto cómo el PP sigue poniendo impedimentos a esa medida y a otros mecanismos para el traslado de menores, como ocurre con la Comunidad de Madrid, que se niega a que se disponga de plazas estatales en su territorio para la acogida de niños solicitantes de protección internacional.
Pero les aseguro que desde este Gobierno, y desde el ministerio que dirijo, pondremos todo el empeño —por la vía del diálogo, la ley y la Constitución— para que todos los territorios acojan a los niños que, por los criterios objetivos establecidos, les sean asignados.
El Real Decreto-ley que ya está en marcha es una media justa y responde a la reivindicación histórica de Canarias para que exista una solidaridad obligatoria de todo el país en materia migratoria y, en particular, con los menores no acompañados, que siguen siendo responsabilidad autonómica. Quienes hemos tenido el honor de ser presidentes de Canarias lo hemos reclamado desde hace décadas. Y hoy, por fin, es una realidad. Insisto, a pesar de los palos en las ruedas que ha puesto el PP (y la ultraderecha) en las Cortes y en las comunidades autónomas donde gobiernan.
Me apena que todavía la oposición siga teniendo la misma actitud de confrontación que la que yo mismo describía en esta publicación hace un año. Una oposición frustrada incapaz de dar soluciones a los problemas de los españoles y españolas; una oposición sin ideas y sin programa que se limita a hacer ruido en los medios de comunicación y aspavientos e insultos en las Cortes Generales. Una oposición que le da más importancia a su estrategia de confrontación que al interés general.
El PP, con un líder rabioso e incapaz de concitar mayorías para una moción de censura —que es el mecanismo democrático para cambiar un gobierno—, seguirá haciendo bulla. Seguirá, en una escalada irresponsable, culpabilizando a otros de la nefasta gestión que hacen allí donde gobiernan. Así lo han hecho en Valencia y, recientemente, con los incendios. Pero por mucho ruido que hagan, a Feijóo no le quedará otra opción que respetar los tiempos democráticos y esperar a que se agote esta legislatura y haya de nuevo elecciones.
A nosotros, al Gobierno y al PSOE, no nos van a desviar de nuestra hoja de ruta, que es mejorar la vida de la gente. Trabajar por la mayoría social. También para Canarias. Por eso en el PSOE Canarias defendemos la educación de 0 a 3 años, que el actual Gobierno de Canarias tiene completamente paralizada. Apoyamos todas las políticas para la mejora de las prestaciones en dependencia, que en estos momentos el ejecutivo autonómico mantiene en un claro retroceso con respecto a los datos alcanzados en la anterior legislatura. Y seguiremos pujando por la inversión en la sanidad y en las universidades públicas, algo en lo que vemos escaso compromiso en el actual equipo de gobierno de las islas.
A nivel nacional, y en siete años de gobiernos progresistas —con pandemia, volcán, invasión de Ucrania y Dana de por medio—, no hemos dejado de avanzar. Aunque queda mucho por hacer, hemos logrado un récord histórico de afiliación a la Seguridad Social, pasando de 18,6 a casi 22 millones de afiliados y creando casi 3 millones de empleos. El salario mínimo, ese que critica el PP, ha subido de 735 a 1.184 euros. Hay 100.000 jóvenes parados menos. Hay más contratos estables y la temporalidad se ha reducido del 27% al 12%. El abandono escolar se ha reducido del 17,9% al 13%. La instalación de renovables ha subido hasta el 66%, 20 puntos más. Y nuestra economía crece, duplicando la media de la zona Euro. Y todo ello, sin recortar en servicios públicos y en la atención a quien más lo necesita. Todo ello, mejorando el Estado de bienestar.
Además, en un contexto internacional tan cambiante, España y Canarias necesitan certezas. Y una certeza clara es que las políticas progresistas han demostrado tener mejores resultados económicos, sociales y ambientales que las conservadoras.
Solo las efectivas fórmulas progresistas pueden hacer de dique de contención frente a la continua amenaza involucionista, revisionista, racista, homófoba y negacionista de la ultraderecha. Estamos conociendo, por la experiencia en comunidades autónomas y en otros países, cómo actúa la ultraderecha cuando gobierna y cuáles son los resultados cuando se pretende acortar derechos y cuando la economía se centra en el mercado y no en las personas.
Hemos visto ya cómo actúan ante retos como el fenómeno migratorio, con mensajes cargados de xenofobia. Hemos oído cómo defienden el franquismo o cómo se niegan a aplicar la Ley de Memoria Democrática. Hemos comprobado cómo rechazan los derechos humanos y valores como la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de regímenes totalitarios. Vemos cómo pisotean los derechos LGTBIQ+, incluso prohibiendo manifestaciones. Y vemos cómo agitan con bulos y mensajes incendiarios a la opinión pública sobre conflictos internacionales que, lejos de mejorar, se tensan y se recrudecen aún más.
Lamentablemente, los postulados de la ultraderecha son un combustible altamente inflamable para la escalada de tensión global, en una situación ya de por sí extremadamente complicada. Un escenario internacional que, sin duda, requiere de un análisis más profundo y extenso. Espero que en el siguiente Anuario de la APT haya espacio para hablar de la compleja situación que se vive en el mundo y cómo se ve desde Canarias.
Sinceramente, deseo que las noticias sean el año que viene más esperanzadoras.
Tenemos que ser optimistas. No podemos dar por hecho que el mundo no tiene remedio. No podemos tirar la toalla por muy duras y descorazonadoras que sean las noticias que nos llegan día tras día.
Existe una manera de hacer las cosas que funciona. A los hechos y a los datos me remito.
