La relación de Canarias con el Estado, su encaje en definitiva en el siempre difícil equilibro interterritorial, se percibe en las islas desde dos perspectivas encontradas: los que creen que quien no llora, no mama; y los que califican esta estrategia de victimismo. Los unos representan al nacionalismo, los otros a los partidos estatales. Los primeros entienden que la confrontación es consecuencia del ninguneo con que el Gobierno central desatiende los asuntos canarios, mientras los segundos la achacan a puro tacticismo nacionalista.
Tanto los representantes del PSOE como del PP justifican públicamente las decisiones que toman sus propios partidos sobre Canarias, aún en los casos en los que falta diligencia o se atenta directamente contra los intereses generales de la tierra que los vio nacer. Pero off the record, tanto unos como otros reconocen que a Madrid le cuesta mucho entender lo que ocurre a cerca de dos mil kilómetros de distancia de la capital del reino de España. Lo que Europa ha definido como la Ultraperiferia.
2024 fue, en este sentido, un año esclarecedor para dejar en evidencia qué visión tienen los partidos estatales de los problemas insulares: “Canarias sigue asumiendo en solitario, sin el necesario acuerdo de Estado, la crisis migratoria”, reiteró desde el estrado del Congreso de los Diputados por enésima vez la diputada de Coalición Canaria (CC) Cristina Valido. En sus 86 intervenciones y 200 iniciativas parlamentarias presentadas a lo largo del pasado año ante la Cámara Baja, la única representante nacionalista de las Islas puso siempre el acento en el escaso interés que prestan sus señorías a cumplir con el Archipiélago. Y ello pese a que, desde finales del 2023, el PSOE y CC suscribieron un pacto de legislatura con una Agenda Canaria que incluía más financiación para las Islas a cambio de que los nacionalistas canarios apoyaran la investidura y los Presupuestos Generales de Pedro Sánchez para los años 2024, 2025 y 2026.
Pero el balance del primer año de la coalición de izquierdas entre el PSOE y Sumar pasó con más pena que gloria para los intereses generales de Canarias en los dos temas estrella que precisaban de mayor atención: la emergencia migratoria y la financiación. Así, se apuró hasta final de año para liquidar partidas pendientes sobre diversas materias, entre ellas 20 millones para obras hidráulicas ante otra de las emergencias declaradas en algunas islas por falta de agua. Y, dada la imposibilidad de aprobar nuevos presupuestos por falta de apoyos parlamentarios, se prorrogaron —también en tiempo de descuento—las ayudas a los afectados por el volcán de La Palma (100 millones) y el transporte público gratuito, negociado en la legislatura anterior.
Hipocresía migratoria
En migración, y cargando aún con el gazapo de declarar en campaña electoral que “nuestra ruta migratoria es la Mediterránea”, Pedro Sánchez comprometió en el Congreso una inversión extraordinaria de 50 millones de euros para afrontar las necesidades acuciantes que estaba provocando la llegada masiva de personas migrantes a las Islas: un incremento de un 17,4% más que en 2023. Un total de 47.000 personas (46.843 exactamente), superando con creces a los que arribaron en la llamada crisis de los cayucos de 2006 (31.000 llegadas).
Sin embargo, en esta ocasión el problema no era, como ocurrió en la pandemia, qué hacer con los migrantes adultos que quedaban varados en los muelles, con Arguineguín como el referente histórico de una gestión ineficiente. A diferencia de otras épocas, ahora eran mujeres, y sobre todo menores no acompañados, los que llegaban a las costas canarias en un número tan elevado que el sistema comenzó a colapsar a pesar de los más de ochenta centros para atenderlos que se abrieron de forma precipitada en distintas Islas.
Ante la gravedad de los hechos por la necesidad de acoger menores que llegaban a miles de año en año, hasta alcanzar a finales de 2024 los 5.872, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, inició una ofensiva en toda regla para lograr la distribución obligatoria de esta infancia vulnerable entre las distintas comunidades. Había quedado demostrado que la solidaridad voluntaria era un fiasco y había que buscar argumentos y vías jurídicas para hacer al resto del territorio español copartícipe de una respuesta que Canarias no tenía capacidad para dar en solitario.
En torno a este asunto, el Estado —entendiendo por tal tanto al Gobierno socialista como a la Oposición conservadora— ha escrito uno de los capítulos más bochornosos de las relaciones entre Canarias y la España continental. El nivel de hipocresía alcanzó cotas tales que todos decían hablar en nombre de los menores cuyos derechos fundamentales estaban siendo claramente vulnerados, mientras actuaban por acción o por omisión en contra de su protección efectiva.
Por acción pusieron palos en las ruedas todas las comunidades autónomas gobernadas del Partido Popular. Lo hicieron todas a una, como Fuenteovejuna, oponiéndose a la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, una propuesta elaborada y defendida por Canarias para que la tutela de los menores que eran recogidas en el mar fuera estatal y no de la comunidad a la que arribaban (hay en este sentido un recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo por parte del Gobierno de Canarias, aún pendiente de resolver).
El PSOE, por su parte, pecó por omisión. Primero se sumó a la iniciativa del Ejecutivo autonómico para reformar la Ley de Extranjería con mucha parsimonia, aunque finalmente la terminó asumiendo como propia en el Congreso de los Diputados. Pero, además, los socialistas fueron tan poco diligentes en dar cobertura con medios propios a aquellos menores con derecho a asilo, que el Tribunal Supremo —en respuesta a otro recurso interpuesto— terminó obligando al Gobierno de Pedro Sánchez a asumir una tarea que endilgaba sin ningún sonrojo al Ejecutivo autonómico.
Ni Manuel Domínguez, como líder de los populares canarios, ni el ministro Ángel Víctor Torres, como secretario general de los socialistas —y mucho menos su delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana—, lograron hacerse oír entre sus propios jefes federales sobre el impacto que estaba teniendo en Canarias la emergencia migratoria.
Grupo fuerte en Madrid
Con este escenario, el 2024 dejó en el imaginario colectivo la idea de que Canarias obtendría otros resultados en sus relaciones con el Estado si lograba tener grupo propio en las Cortes. Y en torno a esta idea comenzó a fraguarse a finales de 2024 un nuevo proyecto nacionalista, que se ha marcado como objetivo prioritario confluir con todas las fuerzas no estatales para presentar unidos una propuesta electoral que permita volver a contar con dos, tres o cuatro diputados nacionalistas canarios en el Congreso de los Diputados.
Durante tres elecciones consecutivas (1993, 1996 y 2009), Coalición Canaria había obtenido un máximo de cuatro representantes nacionalistas, que le permitieron jugar un modesto papel en la política nacional, pero significativo y muy rentable desde el punto de vista de la inversión negociada en cada momento. Una posición que logró mantener incluso en legislaturas posteriores con ‘el préstamo’ de diputados de otras formaciones. que le permitieran formar grupo propio. Hasta que Nueva Canarias decidió romper en 2007 el acuerdo al pasarse al grupo mixto.
Desde entonces, los hombres y mujeres de Román Rodriguez han antepuesto la defensa de su ideología, de izquierdas, por encima de los intereses comunes de Canarias, debilitando la posibilidad de dar una voz más potente al nacionalismo canario en la política nacional. Pero esta estrategia, que le ha llevado a pactar con el PSOE y renegar de cualquier posible acuerdo sus ex socios de Coalición Canaria, fue cuestionada públicamente en noviembre de 2024, cuando 13 asambleas locales de Gran Canaria decidieron abandonar el partido para lanzar un nuevo proyecto político, cuya presentación se anunció para 2025.
Integrado por una mayoría de alcaldes con amplio respaldo electoral, y conectando con un resurgir del sentimiento identitario en parte de la población canaria —especialmente jóvenes que se vienen manifestando tanto en las redes sociales como en la calle (movimientos contra la masificación turística)—, diversas formaciones de “obediencia canaria” han priorizado públicamente apostar de nuevo por la convergencia de diversas ideologías para lograr una unidad de acción. Y aprovechar así la futura aritmética parlamentaria que precisará el Gobierno de España, sea cual sea el resultado de las próximas elecciones, para defender la Ultraperiferia con voz propia.
