Mi primera reflexión del 2024 pasa necesariamente por la Administración de Justicia. Hemos cerrado el año con la puesta en marcha de nueve juzgados nuevos en Canarias, un número que supera los abiertos en toda la legislatura anterior. Esto ha supuesto un gran esfuerzo de gestión para conseguir el arrendamiento de locales, la contratación de personal, el mobiliario y el equipamiento. Aun así, no podemos obviar que Canarias soporta la litigiosidad más alta de España y seguiremos reclamando que el Estado autorice más juzgados, aunque no hayamos tenido respuesta.
Además, se ha conseguido una mejora histórica de las retribuciones de 2.600 trabajadores de la Administración de Justicia con aumentos que verán reflejados en tres anualidades por un importe de 13 millones de euros y alcanzado un acuerdo con los Colegios de Abogados y de Procuradores con un incremento del 30% en tres años.
También hemos abierto la puerta a humanizar la Justicia, con la puesta en marcha del decreto que regulará la figura del facilitador judicial y sumándonos a la justicia restaurativa para reparar el daño causado.
En Función Pública, impulsamos el Plan de Igualdad de la Comunidad Autónoma y ya tenemos los diagnósticos de situación de hombres y mujeres en la Administración General y Justicia.
El balance de la gestión del empleo público sigue creciendo: se han ejecutado las ofertas públicas de empleo de 2018 y 2019, convocado las de 2020, 2021 y 2022, 2023 y aprobado la de 2024. Además, cumplimos en tiempo récord con 188 procesos selectivos para la estabilización del empleo público temporal.
Pero el empuje también es normativo. Iniciamos la tramitación del proyecto de ley de Empleo Público de Canarias, que antes pusimos en marcha medidas urgentes para la reducción de la temporalidad, la gestión eficiente y la calidad del empleo público, un decreto tramitado y aprobado como Ley.
Nuestro próximo paso para 2025 es iniciar los trabajos para la elaboración, análisis y negociación de un Plan de Ordenación de Recursos Humanos del personal laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma que reconozca los derechos de un colectivo de más de 7.000 trabajadores
Hemos puesto en marcha el proceso para una nueva Ley que aúne Transparencia y Participación Ciudadana, con indicadores más exigentes y con una Administración abierta a los ciudadanos en la toma de decisiones.
Y porque queremos mejorar los servicios públicos y rendir cuentas a los ciudadanos, hemos aprobado un decreto con un nuevo marco regulador de la calidad de los servicios públicos de la Administración Pública Canaria. Además, se ha creado el Sistema interno de información de infracciones normativas de la Administración Pública, se pone en funcionamiento el canal interno de información y se constituye la comisión para integridad pública y de lucha contra el fraude público.
Además, se promueve el desarrollo de una estrategia de integridad de la Comunidad Autónoma Canaria a lo largo de este ejercicio, que contemple código ético y planes formativos.
En materia de Seguridad, hemos iniciado la tramitación de la primera Ley del Sistema de Seguridad Pública de Canarias. El objetivo es reorganizar el sistema canario de seguridad y establecer un salto cualitativo competencial para la Policía Autonómica.
Queremos hacer realidad en esta legislatura el plan de despliegue territorial para tener presencia de la Policía Autonómica en todas las islas. Para ello, ultimamos con convenios con los cabildos insulares y preparamos la incorporación de los 141 efectivos de la última convocatoria. Entonces, el Cuerpo General de la Policía Canaria contará con 433 agentes, duplicando la cifra con la que partíamos. Una cifra que aumentará con la OPE que aprobó el Gobierno aprobó en noviembre de 2024 con 250 plazas en tres años.
Y no solo más policía autonómica, impulsamos la Policía Canaria facilitando las convocatorias unificadas de Policías Locales que gestiona el Gobierno de Canarias, a través del convenio de colaboración con la FECAM, con una formación conjunta con programa profesional, actualizado, moderno y competitivo. En estos años ya están patrullando nuestras calles 421 nuevos policías locales.
No quiero terminar este resumen de actividad sin hacer referencia a la Viceconsejería de Recuperación Económica y Social de La Palma y la redacción y aprobación de tres leyes específicas para la recuperación de la isla en materia urbanística, en materia agraria y en materia de vivienda.
Sobre el plan de pagos del valor de lo perdido para los afectados del volcán, estamos a punto de acabar de abonar el valor de todas las viviendas habituales y en cuanto a la inversión en vivienda en la isla, desde la consejería se han aportado 56,5 millones para el Cabildo y los ayuntamientos de Los Llanos de Aridane, Villa de Mazo y El Paso.
Y una última reflexión sobre Memoria Histórica. Vamos a continuar con las actuaciones consensuadas en la Comisión Técnica de Memoria Histórica para completar excavaciones, como la del Pino del Consuelo en Fuencaliente, pero seguiremos pidiendo la ampliación de las aportaciones del Estado, el cambio de los criterios de reparto y el adelanto de la transferencia de esos fondos, firmes en nuestro compromiso por alumbrar una época oscura y trabajar en la reparación moral de las víctimas.
