En los últimos años, la palabra transparencia ha pasado de ser un concepto aspiracional para convertirse en un derecho efectivo que la ciudadanía exige y que las instituciones estamos obligadas a garantizar. Como Comisionada de Transparencia de Canarias, me corresponde impulsar, evaluar y vigilar el cumplimiento de esta obligación como una herramienta para reforzar la confianza en lo público y favorecer una sociedad más participativa.
Quisiera aprovechar este espacio en la Asociación de Periodistas de Santa Cruz de Tenerife para hacer balance de la actividad reciente del Comisionado de Transparencia de Canarias, pero también para reflexionar sobre los retos que tenemos por delante y sobre el papel decisivo que juega la información —y, por tanto, el periodismo— en este camino.
Cada año, desde el Comisionado desarrollamos el Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias), que mide el grado de cumplimiento de las obligaciones legales en materia de publicidad activa por parte de más de mil instituciones y entidades públicas de las islas, así como de centenares de entidades privadas que gestionan fondos públicos. Las evaluaciones permiten detectar deficiencias, orientar mejoras y estimular una sana competencia que ha elevado notablemente el nivel de cumplimiento en pocos años.
En la última evaluación, hemos superado la participación de más de 1.200 sujetos obligados, entre ellos cabildos, ayuntamientos, universidades, empresas públicas… La media de cumplimiento ha crecido sostenidamente, lo que refleja un esfuerzo institucional compartido por ofrecer a la ciudadanía información clara, verificable y accesible.
Este proceso no es sencillo. Exige recursos, voluntad política, personal capacitado y sistemas de gestión adecuados. Pero los avances demuestran que, cuando se asume la transparencia como un valor y no como una carga, los resultados son palpables.
Conviene recordar que la transparencia no se reduce a publicar documentos en un portal web. Hablamos de un derecho fundamental de acceso a la información pública, reconocido en nuestra legislación y amparado por la Constitución. Cualquier persona, sin necesidad de justificar su interés, puede solicitar datos a la administración y recibir respuesta en plazo. Y si esa respuesta no llega, el Comisionado interviene para garantizarla.
En este sentido, hemos recibido en los últimos ejercicios varios centenares de reclamaciones ciudadanas. Cada una de ellas refleja una demanda concreta: profesionales que necesitan información sobre contratos públicos, asociaciones que investigan proyectos urbanísticos, periodistas que requieren datos para sus reportajes. Resolver estas reclamaciones no solo implica dar respuesta a una persona, sino reforzar el derecho de todos a controlar la acción pública.
Quiero subrayar la importancia del papel de los medios de comunicación en esta tarea, que no tendría sentido sin profesionales capaces de interpretar, contextualizar y difundir la información disponible. El periodismo es el gran traductor entre los datos y la ciudadanía, el puente que convierte las cifras en historias comprensibles y útiles.
Por eso valoro especialmente el vínculo con la Asociación de Periodistas de Santa Cruz de Tenerife y con todos los periodistas de Canarias. Su labor de fiscalización complementa la nuestra y a menudo nos plantea nuevas exigencias que nos ayudan a mejorar.
En este punto, debemos reconocer también la evolución positiva de las administraciones que han comprendido que atender a la prensa con diligencia y rigor no es una concesión, sino parte del mandato democrático de rendir cuentas.
A pesar de los avances, queda mucho camino por recorrer. La transparencia se enfrenta a desafíos que exigen una actualización constante:
1) La accesibilidad: la información debe estar disponible en formatos comprensibles, reutilizables y adaptados a todas las personas.
2) La calidad del dato: no basta con publicar; la información debe ser veraz, actualizada y completa.
3) La participación ciudadana: el objetivo último es fomentar una ciudadanía activa que use esa información para implicarse en las decisiones colectivas.
4) La educación en cultura de la transparencia: necesitamos formar desde edades tempranas en la importancia del acceso a la información.
5) La digitalización ética referida al desarrollo, implementación y uso de tecnologías digitales de manera que se respeten los valores humanos y se protejan los derechos de las personas: el uso creciente de tecnologías y algoritmos en la gestión pública abre un nuevo frente.
Compromiso permanente
El Comisionado de Transparencia de Canarias es un órgano pequeño en recursos, pero grande en convicción. Nuestro empeño es seguir siendo una ventana abierta desde la que la ciudadanía pueda observar y comprender cómo funcionan sus instituciones. Sabemos que la confianza en lo público es frágil y que solo se sostiene con coherencia, constancia y credibilidad.
En estos años, hemos visto cómo ayuntamientos pequeños, con plantillas limitadas, han logrado situarse en lo más alto del ITCanarias gracias a la dedicación de su personal. También hemos comprobado cómo la presión constructiva de la sociedad civil y de la prensa acelera procesos que parecían imposibles. Estas experiencias nos confirman que la transparencia no es una moda pasajera, sino un pilar democrático irrenunciable.
Nuestro compromiso es seguir trabajando, junto a periodistas, instituciones y ciudadanía, para que la transparencia no sea solo una palabra en la ley, sino una realidad cotidiana en Canarias.
Porque una sociedad más transparente es, en definitiva, una sociedad más justa, más confiada y libre. Y en esa tarea, todas y todos tenemos un papel que desempeñar.
