Vivimos tiempos complejos, y no es solo una fórmula de cortesía intelectual: realmente lo son. También son tiempos en los que analizar lo que sucede se vuelve cada vez más difícil, no tanto por la complejidad intrínseca de los fenómenos, sino por la niebla normativa, la niebla política y, sobre todo, la niebla moral con la que se disfrazan decisiones que tienen consecuencias económicas muy concretas. Lo que ocurre con el mal llamado mercado laboral no escapa a esa sentencia.
Cabe decir mal llamado porque cabría, como mínimo, preguntarse si de verdad estamos ante un mercado. La cuarta acepción del término en el diccionario de la Real Academia Española lo define como el “conjunto de actividades realizadas libremente por los agentes económicos sin intervención del poder público”. Bajo esta premisa, cuesta sostener que estemos ante un mercado laboral real, y no ante una simulación intervenida hasta en sus costuras más íntimas. La capacidad de las partes —empleador y trabajador— para pactar libremente condiciones está prácticamente abolida por un entramado normativo que, bajo el pretexto de corregir asimetrías, impone rigideces que ahogan cualquier dinámica natural de ajuste.
Quizá haya dado un respingo al leer esto, porque llevamos décadas escuchando que si las relaciones laborales se dejasen al albur del mercado, la parte fuerte —el empresario, claro— abusaría de la parte débil. Ya saben, el poder siempre está en manos de los poderosos (añádase aquí un mohín de desdén). Pero ni siquiera es necesario desmontar ese tópico —bastante cómodo, por cierto— para señalar algo evidente: en la práctica, lo que llamamos mercado laboral es una pieza intervenida hasta el agotamiento, donde las reglas las dictan los parlamentos y no los contratos. Se le podrá llamar como se quiera, claro y así lo reconoce el mainstream económico pero manzanas y peras serán frutas pero no desde luego la misma.
Un ejemplo evidente de esta tendencia es la fijación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Pocos instrumentos condensan mejor la ilusión intervencionista que la idea de que se puede mejorar la vida de la gente firmando un decreto. La tentación populista de subir el SMI es transversal, —a derecha e izquierda en lo que Hayek llamó “socialistas de todos los partidos”— aunque sea más intensa últimamente en la izquierda, que lo usa como promesa electoral con una ligereza escandalosa. Prometen subidas de sueldo sin coste aparente, convencidos de que el empleador absorberá la carga sin rechistar. Pero en economía, como enseñaba Bastiat, hay que mirar no solo a lo que se ve, sino también a lo que no se ve: lo que no se ve son los empleos no creados, las contrataciones postergadas, las pymes asfixiadas. Y tampoco se ve, porque nadie quiere verlo, el hecho de que lo que se presenta como un acto de justicia puede acabar arrinconando precisamente a quienes se pretendía proteger.
Por fortuna, no todo el mundo vive del eslogan. Gente de la academia, no de la política, se ha molestado en medir los efectos de la gran subida del SMI en 2019, cuando se elevó un 22%, pasando de 736 a 900 euros. Fedea publicó un estudio revelador: las empresas más pequeñas, y especialmente aquellas en las que la mayoría de empleados cobraba el salario mínimo, respondieron reduciendo empleo, jornadas u horas trabajadas. El recorte medio fue del 4,5%. Es decir, sí, subió el salario… pero para menos trabajadores.
Y para colmo, subió el nominal, no el real. Otro matiz que suele olvidarse. La inflación, fenómeno donde la responsabilidad política y monetaria es absoluta, ha hecho que el incremento del SMI se traduzca en poco más que humo. Con más euros en el bolsillo se compran menos cosas. Pero eso no importa mientras se pueda alzar el cartel de “subimos salarios”.
Lo verdaderamente relevante, y sistemáticamente ignorado, son las causas estructurales del problema: nuestra baja productividad y la rigidez normativa. Según el Banco de España, entre 2010 y 2020 la productividad creció en España a un ritmo anual del 0,5%, frente al 1,2% en la zona euro. Es decir, los salarios no crecen por eficiencia ni innovación, sino por decreto. Y cuando los precios del trabajo crecen desconectados de su valor, el resultado solo puede ser uno: menos empleo, más informalidad, o ambas cosas.
Las cifras generales confirman este paisaje de mediocridad disfrazada de justicia social. El 67% de los trabajadores en España gana menos de 30.000 euros brutos anuales. Solo el 5% supera los 60.000. Y el salario más frecuente en 2023 se situaba en 15.500 euros, peligrosamente cerca del SMI. El suelo y el techo se dan la mano. Literalmente.
Y si alguien quiere contratar, que se prepare: el coste laboral en España incluye un 36% de contribuciones sociales, una de las cifras más altas de la OCDE. Para el pequeño empresario —que, por cierto, representa una aplastante mayoría en nuestro tejido productivo— contratar a alguien supone un salto al vacío en términos de costes y obligaciones. La consecuencia es obvia: se contrata menos, se contrata con miedo o a menudo no se contrata.
A quienes defienden el SMI con el argumento de que sin él los sueldos serían aún más bajos, conviene recordarles que existen países que, sin salario mínimo legal, gozan de salarios altos y pleno empleo. Suiza o Singapur no lo tienen y no parecen estar al borde del colapso social. En otros países donde sí existe, como EE. UU. o Japón, el SMI está situado muy por debajo del salario mediano, cumpliendo más una función de red simbólica que de intervención efectiva. En Estados Unidos equivale al 30% del salario mediano puesto que los 7,25 dólares la hora suponen 1.200 al mes sobre un salario mediano de 4.167 dólares; en Japón, al 26,6%, pues allí el salario mínimo equivale a 800 euros al mes y el salario mediano es de 3.000 euros. En España, en cambio, ya representa el 55,8%. En Canarias, aún más: se acerca al 70%. No esta de más señalar que en el país de las barras y las estrellas su tasa de paro es del 3,6% mientras que en la del sol naciente es todavía menor, un 2,6% de su población activa no trabaja.
Este dato —el del SMI como porcentaje del salario medio— es especialmente alarmante en comunidades como la nuestra. El SMI es único en todo el territorio, pero el coste de vida y el salario medio no lo son. En Canarias, donde los salarios son significativamente inferiores a la media nacional, un SMI elevado distorsiona el mercado más que en ninguna otra parte. Si se pretendía que el SMI representara el 60% del salario medio, aquí ya lo ha superado ampliamente.
¿El resultado? La aparición, cada vez más visible, de trabajadores pobres: personas con empleo formal que, aun así, siguen por debajo del umbral de pobreza. Para cubrir ese desfase, las administraciones amplían año tras año las prestaciones no contributivas, que ya superan los 25.000 millones de euros anuales, un 12% más que antes de la pandemia. Este gasto creciente no solo refleja el fracaso de las políticas salariales, sino que lo perpetúa. Porque muchas veces estas ayudas terminan desincentivando la incorporación al mercado, sobre todo cuando el diferencial entre trabajar legalmente o no hacerlo es mínimo.
En Canarias esto se agrava por motivos adicionales. La desconexión entre donde está el trabajo y donde vive quien podría ocuparlo se amplía. Las infraestructuras son insuficientes y los desplazamientos se eternizan bajo condiciones de tráfico terroríficas y no, el comodín de la superpoblación no cuela porque no hemos sufrido un incremento inopinado, ha sido pausado sin tener ninguna capacidad de reacción. Cambiar de vivienda tampoco es viable: los precios se han disparado, la oferta es escasa y la burocracia urbanística actúa como una barrera adicional. Lo que podría resolverse con más mercado, más agilidad y menos intervención, se eterniza en expedientes y licencias que tardan años en llegar.
Todo esto dibuja una economía atrapada entre buenas intenciones y pésimos resultados. Un mercado laboral que no es mercado. Una política salarial que no crea riqueza. Y un modelo de protección que, lejos de proteger, inmoviliza.
No, no será el SMI el que nos saque de esta trampa. Tampoco el aumento constante del gasto social. Lo que se necesita es otra cosa: productividad, libertad para contratar, flexibilidad para pactar y un marco normativo que trate a adultos como adultos, no como niños tutelados. Pero claro, eso no cabe en una pancarta.
