Si hubiera que señalar con un signo el 2004 en Canarias, el menos discutible sería, sin duda, el de interrogación. Una incertidumbre que embargó a los diversos ámbitos de la actividad del Archipiélago, no sólo al político, aunque sea el que más estridencia ocasiona. Desde esta perspectiva, vivimos un año marcado por el vuelco electoral producido en el Gobierno estatal como consecuencia de las elecciones generales del 14 de marzo. La inesperada victoria del PSOE dejó muy tocado al pacto de CC con el PP, especialmente si se considera la máxima nacionalista de la buena relación con el partido que dirija el país. Desde la entrada de José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa, el acuerdo de gobierno en Canarias dio la sensación de iniciar su particular cuenta atrás.
Con ese marco, resulta hasta lógico que los socialistas canarios, al desesperarse por el retraso sine die de la ruptura, arreciaran su presión sobre los consejeros autonómicos del PP, con singular fijación sobre Agueda Montelongo, en una evidente estrategia de abrir grieta entre populares y nacionalistas, aunque sin cargar las tintas sobre éstos, salvo en algún episodio aislado contra Adán Martín; eso sí, siempre por omisión más que por acción. Aunque no lo reconocieran públicamente, los populares empezaron a incubar dos sensaciones nada recomendables cuando de gobernar se trata: la desconfianza y la provisionalidad. Y bien es cierto que sus motivos tenían, pues desde CC los mensajes de estabilidad pasaron de enfáticos a formales y de formales a inexistentes. Aun así, los nacionalistas consiguieron cerrar el año manteniendo la dualidad de sus relaciones externas, acentuadas en el caso del PSOE con la tarea de Paulino Rivero al frente de la Comisión de Investigación del 11-M, y el infierno de sus relaciones internas por la crisis en Gran Canaria.
Pero tanto ejercicio de equilibrismo costó demasiado tiempo y esfuerzos, tanto que los principales problemas de los habitantes canarios, lejos de atenuarse, se agravaron. La situación socioeconómica, y ahí están los indicadores, reflejaron desaceleraciones cuando no retrocesos en medio de diagnósticos diversos, incluso contradictorios, y despejes de responsabilidades hacia la Administración estatal. En casos como el del paro no cabe ni siquiera el consuelo de tontos por el mal de muchos. Las cifras de desempleo en las Islas se incrementaron en tendencia opuesta a lo que sucedía en el resto del país, y más concretamente en una comunidad de similar estructura económica como Baleares. Inicialmente, se señaló al aumento de la población activa por la llegada de trabajadores foráneos como explicación de que, pese a que se estuviera creando más empleo que nunca, el balance global fuera negativo. Sin embargo, el transcurso de los meses se encargó de evidenciar una marcada tendencia a la destrucción de empleo. Y esto convive, además, con una eventualidad desproporcionada y unos salarios que son los más bajos del país.
Ante ese panorama, no puede extrañar que el Archipiélago contara a más de 300.000 personas bajo el umbral de la pobreza y que fueran las familias canarias las que más dificultades de todo el Estado tuvieron para llegar a final de mes. Si a estas carencias básicas se agrega el imparable crecimiento del precio de la vivienda, tanto por los sucesivos fracasos de los planes oficiales como por la especulación desatada a la sombra de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), queda dibujado un paisaje nada halagüeño frente al que la clase política se encogía de hombros o, en el mejor de los casos, apenas daba unas pinceladas de compromiso más allá del anodino intercambio de responsabilidades.
Aun con todo, lo más inquietante no es esa perplejidad y/o pasividad institucional ante la realidad, sino que ha pasado otro año sin que esté definido cuál es el futuro modelo de desarrollo del Archipiélago, con la precisión de que el futuro no puede ser esa línea de horizonte a la que nunca se llega. Desde el seno del Gobierno de Canarias, los planteamientos fueron incluso contradictorios. Por un lado, Adán Martín y José Carlos Mauricio expusieron con claridad que estábamos ante un cambio de ciclo, en suma, ante el fin de una fase crecimiento cimentada (nunca mejor dicho) en la actividad turística y el inicio de otra que habría de basarse en el conocimiento, la tecnología y el aprovechamiento de la renta de situación de las Islas, esto es, su conversión en una auténtica plataforma entre tres continentes, con un papel protagonista en la contribución al desarrollo de África. Por otro lado, José Manuel Soria expresamente y José Juan Herrera implícitamente seguían apostando por el turismo como motor económico, con el único matiz de ir reconvirtiendo la cantidad en calidad.
Entre inhibiciones y contradicciones, 2004 no aportó en Canarias ningún hito digno de inscribirse en nuestra historia. Antes bien, agravó incertidumbres preexistentes, añadió otras y tan sólo despejó a medias alguna como la derivada de la pérdida de fondos por la ampliación de la Unión Europea. A medias, porque todavía queda por articular el reconocimiento del Tratado Constitucional a las Islas como Región Ultraperiférica, pero algo es algo. Al final, la sensación resultante es la de un año marcado por el signo de interrogación; o sea, un año perdido. Y lo malo del tiempo perdido es que ya nunca se recupera.
