El sistema político canario es un cotidiano embarazo y parto de crisis. La crisis no parece un accidente casual ni una coyuntura momentánea, sino la metodología habitual de trabajo de las élites políticas isleñas. Y en medio anida el insularismo como una persistente opción política y una coartada ideológica.
Muy pocas esferas institucionales escapan en Canarias de una feroz partidización que suele basar su práctica en la presión, la cooptación y/o el cambalache de cargos y cuotas, como lo demuestran el Consejo Consultivo, la Audiencia de Cuentas o el Diputado del Común. Y sin embargo, los actores políticos actúan como si la desconfianza, el desencanto y la renuncia de sectores cada vez más amplios de la ciudadanía hacia la actividad política fuera un catarro pasajero. Las críticas hacia el parlamentarismo y la democracia parlamentaria, a la izquierda y a la derecha, quedaron supuestamente amortizadas con la caída del Muro de Berlín y la desintegración del sistema soviético. Esto es lo que hay, y si no quieres, toma dos tazas de nuestro sopicaldo democrático. En Canarias no existe una mínima reflexión colectiva sobre las razones que convierten el acto de delegación política que exige la democracia representativa en una causa de creciente alienación entre gobernantes y gobernados. El único bálsamo de Fierabrás contra el déficit democrático que se le ha ocurrido al actual presidente del Parlamento de Canarias, Gabriel Mato, es invitar a escolares y jubilados, pasearlos por la Cámara y sentarlos, ocasionalmente, en los mullidos escaños de sus señorías. Los visitantes se lo suelen pasar bien. No se divisa otro esfuerzo de pedagogía política y de reforma del sistema, ni siquiera en el discurso y la praxis de la izquierda socialdemócrata.
La crisis del parlamentarismo en general reviste en Canarias unos rasgos particulares y explica, parcialmente, que el horno autonómico sólo funcione con bruscas subidas de temperatura y a riesgo de churruscar los bollos. El primero, la creación obligada de una compleja estructura político-institucional en un cortísimo lapso de tiempo, con sus exigencias de diálogo social, consenso político, capacidad técnica y creación de un personal político inexistente a principios de los años ochenta. Al cabo de cerca de un cuarto de siglo, el edificio institucional de Canarias aun está en obras. El segundo, la debilidad de la sociedad civil canaria, históricamente desvertebrada y escasamente autónoma respecto a las administraciones públicas y la potente influencia de los poderes económicos y empresariales, y que sólo en la última década se está transformando a través de la emergencia de un mercado regional único. Y por último, el insularismo, un fenómeno político e ideológico que, pese a sus propagandistas, no forma parte de nuestro ecosistema, sino que tiene raíces perfectamente identificables en el siglo XIX. El insularismo no es una tabaiba, un drago o un cebadal, sino una persistente opción política y una coartada ideológica, que el nuevo nacionalismo canario (en realidad un regionalismo despepitadamente pragmático que pretende actualizar el viejo pacto entre el Estado español y las oligarquías isleñas) no ha sabido, y a menudo no ha querido, extirpar del todo.
En unas condiciones así expuestas, la crisis no se limita a definir un momento excepcional y rupturista en el desarrollo político, sino que se transforma en el espacio en el que se dirime la lucha por alcanzar o mantener el poder, es decir, el control de los recursos públicos y la legitimidad de la dirección política. Uno de los más divertidos mitos de la breve historia de la comunidad autonómica, por ejemplo, ha sido la supuesta estabilidad que ha conferido al Gobierno regional la alianza entre Coalición Canaria y el Partido Popular, rota definitivamente pocas horas antes de escribir este texto, pero que se ha prolongado durante diez años. Se trata de una estabilidad esmaltada de ceses, dimisiones, zancadillas, contradicciones, amenazas, acusaciones mutuas e incumplimientos programáticos. Pero sus protagonistas han obviado, impávidos, tantas y tan accidentadas y a veces vertiginosas circunstancias. La oposición del PSC-PSOE, por su parte, lanza periódicamente tétricas profecías y dibuja un presente apocalíptico, pero se mantiene en los márgenes del más estricto y cominero tacticismo, porque solo en la ruptura del pacto cree encontrar una oportunidad para regresar al poder autonómico, del que fue desalojado en el ya lejano abril de 1993. Porque sólo un tacticismo alicorto explica que la oposición socialista haya enarbolado como bandera en la pasada legislatura la lucha contra la corrupción y a favor de la regeneración democrática y ahora guarde en el baúl de las ocurrencias obsoletas una enseña cuasirevolucionaria.
Un déficit democrático
El déficit democrático se completa con una normativa electoral que dificulta extraordinariamente la alternancia política, apuntala un régimen parlamentario de tres grandes partidos y castiga al limbo extraparlamentario a las organizaciones políticas que no alcancen el 30% de los votos insulares o el 6% de los votos regionales. Porque, paradójicamente, la crisis que caracteriza a la política canaria se desenvuelve en el ámbito de un sistema político-electoral de una estabilidad casi perfecta: un maremoto diario en un vaso de agua mineral. Los casi dos años cumplidos de la presente legislatura han seguido los mismos pasos que la anterior. Para empezar la Mesa de la Cámara decidió subirse jugosamente los sueldos. Y para terminar se ha negado a admitir a trámite una iniciativa legislativa popular avalada por decenas de miles de firmas. En medio, discursos, interpelaciones, respuestas del Gobierno que confunden voz y eco, votaciones electrónicas fallidas, chismes y malevolencia de pasillo, aumento del personal de confianza y una ampliación de los servicios y ofertas de la otrora modesta cafetería de la Cámara. La desconfianza hacia el sistema parlamentario, hacia el sistema de la democracia representativa y sus instrumentos, una desconfianza cargada de hastío y cansancio, ha estimulado el nacimiento de plataformas ciudadanas en Tenerife y Lanzarote, que previsiblemente pueden extenderse a otras islas.
En un libro ya antiguo, pero con un gran potencial analítico, Historia y crítica de la opinión pública, Habermas señaló: «El público se ha escindido en minorías de especialistas no públicamente raciocinantes, por un lado, y en la gran masa de consumidores receptivos, por el otro. Con ello se ha minado definitivamente la forma de comunicación específica del público… La publicidad crítica es desplazada por la publicidad manipuladora». Pese a los materiales de derribo que ha acumulado el sistema político autonómico en estos veinte años, pese a los escombros de lo que parece, demasiado a menudo, una empresa de demolición, sólo desde las instituciones representativas pueden diseñarse e impulsarse mecanismos para una potenciación de la democracia en Canarias, para la apertura a la participación popular, para desatascar el consenso político y social y no privilegiar abusivamente el acuerdo entre los partidos y su habitual trapisondismo. Algo que parecen soslayar algunos de los movimientos críticos y reivindicativos que han prosperado en el archipiélago. Para decirlo habermasianamente, frente a la publicidad reglamentada por los poderes públicos, está o puede estar la publicidad crítica, que proclama la necesidad del enjuiciamiento público de los intereses generales y la acción del gobierno.
Si es así, si el sistema político canario, y en particular su parlamento, asume la necesidad de una regeneración democrática, una reforma del régimen electoral, un control férrero sobre los nichos de corrupción o una potenciación de la participación ciudadana, podrá ganar legitimidad, espacios de reforma, conexión con la sociedad, pluralismo verosímil. Si no, en el próximo anuario, hablaremos de una nueva crisis de gobierno, y nos seguiremos leyendo los mismos: políticos, periodistas, algún empresario demasiado sonriente o demasiado aburrido.
Actividad institucional
La actividad institucional desarrollada por el Parlamento de Canarias en 2004 tiene unas enormes dimensiones. Los actos de carácter institucional o general más destacados desarrollados el pasado año en la sede del Parlamento de Canarias son los siguientes:
(23 enero) Celebración de una Jornada sobre el Tratado Constitucional de la Unión Europea.
(27 febrero) Constitución de la Fundación Pepe Dámaso.
(19-21 marzo) Celebración de una Conferencia Europea sobre Integración y Cooperación en Centroamérica.
(13 abril) Toma posesión de su cargo el nuevo secretario general del Parlamento.
(26 mayo) Celebración del X aniversario de la creación del Instituto Canario de la Mujer.
(29 de mayo) Actos institucionales del Día de Canarias.
(23 de junio) El Presidente del Parlamento presenta la colección de libros Canarias, políticos para la historia, editada por el Parlamento de Canarias y la Fundación Víctor Zurita.
(30 junio) Firma de un convenio con la Universidad de La Laguna para la realización de prácticas profesionales en el Parlamento.
(6 julio) Firma de un convenio con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para la realización de prácticas profesionales en el Parlamento de Canarias.
(27 julio) Constitución de la fundación que gestiona el Telescopio Nacional Galileo del observatorio del Roque de los Muchachos.
(21-28 octubre) Celebración de unas Jornadas sobre la Constitución Europea y las Regiones Ultraperiféricas.
(22 noviembre) Presentación del libro La acción exterior de la Comunidad Autónoma de Canarias. Marco teórico y praxis, de José Ignacio Navarro.
(2 diciembre) Actos institucionales en conmemoración del XXVI aniversario de la Constitución Española.Asimismo, durante 2004, el Parlamento de Canarias ha acogido la visita de numerosas personalidades y de un total de 65 centros escolares (más de dos mil alumnos) y varios grupos de centros de mayores. Además, se han mantenido relaciones con otros parlamentos y el presidente, Gabriel Mato, ha participado en un total de 55 actos oficiales dentro y fuera de Canarias.
