Los partidos que concurrieron a las elecciones autonómicas de 2003 hicieron un esfuerzo notable para incorporar a sus listas a sus militantes más jóvenes, lo cual permitió dar la apariencia de que se estaba asistiendo al nacimiento de una clase política renovada. De ello se ha nutrido en gran parte el Parlamento de la VI Legislatura.
La Cámara que se constituyó hace ahora dos años destaca por el cambio generacional experimentado y también por una amplia presencia femenina. De hecho, el 40% de los escaños está ocupado por diputadas. Su participación en la vida legislativa refleja la aspiración de sus respectivas formaciones políticas de hacer realidad el principio de la igualdad de sexos. Sin embargo, una y otra circunstancia van quedando diluidas en la vida ordinaria del Parlamento. Tanto las portavocías como las intervenciones en los grandes debates siguen estando en manos de políticos de larga carrera y, por supuesto, con nombres masculinos. En este sentido, merece la pena destacar el Grupo Mixto por cuanto en su portavocía concurre el género femenino en el cargo más importante a nivel parlamentario, de la mano de María Isabel Déniz.
Y no por estas novedades referidas que se han introducido la actividad legislativa ha cambiado. De momento, los grupos han sacado adelante ocho proposiciones de ley -algunas de ellas aún en trámite-, aunque en la anterior Legislatura fueron catorce en el mismo período de tiempo. Mientras, el Gobierno de Canarias ha propiciado nueve proyectos de ley -la mayoría de pequeña entidad-, cuando su antecesor logró veintidós. Asimismo, los cabildos han impulsado tres, dos de las cuales han sido para adscribirse a la Ley de Grandes Ciudades. En cuanto a las iniciativas legislativas populares, se han presentado dos, frente a cinco durante toda la etapa anterior. Respecto a las comisiones no legislativas, este Parlamento lleva cuatro subcomisiones de estudio -fueron ocho en los cuatro años anteriores- y son las comisiones de investigación lo que marca la diferencia más notable en relación al período anterior. En la pasada Legislatura funcionaron cuatro y en ésta no se ha planteado ninguna.
La constitución de las comisiones de investigación en la época presidida por José Miguel Bravo de Laguna reflejó una vida política cargada de turbulencias. El presidente del Gobierno, Román Rodríguez, quiso imprimir su sello personal anunciando la práctica de un nuevo estilo político, más limpio y transparente. Eso fue lo que desencadenó la creación de la comisión de Tindaya, aunque su posterior resolución generó una crisis de gran envergadura en los dos partidos políticos que formaron Gobierno: Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP). A Tindaya le siguieron las comisiones sobre las ayudas concedidas en su momento por el ya desaparecido Instituto Canario de Formación y Empleo, la de Jinámar y la de menores, aunque ninguna de éstas alcanzó el grado de crispación política de la primera.
El Parlamento que tenemos hoy en día se ocupa de otros menesteres, más ceñidos a lo que es la actividad legislativa en sentido estricto. Como Román Rodríguez, el actual jefe del Ejecutivo, Adán Martín, ha dejado su huella en el quehacer del Legislativo, aunque en sentido totalmente opuesto al de su antecesor. Así, un grupo de los sesenta diputados se encuentra ocupado en la ponencia que estudia una reforma del Estatuto de Autonomía, impulsada por el Ejecutivo aun sin tomar formalmente la iniciativa. Una reforma, se presume, que constituye la vara de medida para calibrar la estabilidad del Gobierno, formado de nuevo por nacionalistas y conservadores. Pero, curiosamente, ha sido el asunto que menos roces ha provocado en el Ejecutivo, al menos de momento.
En cambio, la ponencia sí ha sido escenario sobre el cual la oposición ha vertido su ira contra el Gobierno, hasta tal punto que el Partido Socialista Canario (PSC) decidió renunciar a su participación en las reuniones. El plante fue la expresión más evidente de que el talante con el que la formación liderada por Juan Carlos Alemán se relacionaba con los nacionalistas desde las elecciones generales se esfumó, una vez que comprobó la imposibilidad de desbancar a los conservadores del Ejecutivo. Sin embargo, la polémica que rige las relaciones entre los socialistas y el Gobierno autonómico no alcanza el grado de crispación que mantienen el PSC con los conservadores. Los dos partidos centralistas reproducen en Canarias el enfrentamiento visceral que sostienen sus respectivas direcciones nacionales en Madrid. Y así continuará mientras se mantenga la posibilidad de que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero adelante las elecciones generales, hipótesis que cada vez se maneja más.
Precisamente es esta hipótesis la que el PP aprovecha con más fuerza para enrocarse en el Ejecutivo y, al mismo tiempo, es la que dificulta a CC buscar otras opciones de Gobierno, igual de posibles con los socialistas que con los conservadores al tener ambos el mismo número de diputados. En definitiva, este Parlamento puede pasar a la Historia como el del primer cambio generacional en la etapa democrática de Canarias y, si todo transcurre como hasta ahora, también el más estable.
