El Gobierno de Canarias pretendió, en 2004, marcar los ritmos del proceso de reforma del Estatuto de Autonomía y concitar el apoyo de los grupos políticos, principalmente del socialista, para obtener un respaldo sólido en las Cortes. Pero desde esas fechas se vislumbró que la empresa más ambiciosa de la legislatura de Adán Martín no resultaría tarea fácil.
El desembarco, en marzo, de los socialistas en La Moncloa abrió la puerta para que las comunidades autónomas pudiesen afrontar las reformas de sus estatutos. El flamante presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, entre sus múltiples mensajes electorales, se había comprometido en enero, en plena precampaña, a permitir reformar los estatutos siempre que se respetase el marco constitucional. Eran “nuevos aires”. Al menos así lo definió el presidente canario, Adán Martín, cuando anunció dos meses después la creación de un comité de expertos que elaboraría una propuesta para elevarla al Parlamento autonómico. La última reforma, en 1996, no cubrió las expectativas canarias y la llegada del PSOE supuso un halo de esperanza para dar el empujón definitivo a las aspiraciones competenciales del Gobierno autonómico o, al menos, a las de una parte: la conformada por Coalición Canaria (CC).
Adán Martín, en su discurso de investidura, adquirió el compromiso de reformar el Estatuto en la actual legislatura y consideró que, tras las elecciones generales, era el momento propicio para iniciar los trabajos, toda vez que otras comunidades autónomas, como Cataluña o Andalucía (sin mencionar el plan soberanista del País Vasco), habían comenzado ya a mover ficha. El presidente canario confiaba en que, una vez superado el obstáculo de su socio de gobierno (PP) a la reforma, al introducirse tal posibilidad en el pacto firmado en junio de 2003, las fuerzas políticas del Archipiélago responderían con el diálogo y la generosidad, pero no fue así.
Sólo la creación del comité de expertos en el seno de la Presidencia generó ríos de tinta en los periódicos y antes de que llegase el primer borrador de reforma al Parlamento, en octubre, ya se podía haber escrito un libro sobre la confrontación liderada, principalmente, por el Partido Socialista Canario (PSC-PSOE). El debate sosegado resultó ser una empresa imposible. Las pretensiones de los socialistas canarios de entrar en el Ejecutivo autonómico marcaron toda la actividad política de 2004 y la reforma del Estatuto de Autonomía no permaneció ajena a tales avatares. La creación del comité asesor a la sombra de la Presidencia del Gobierno, a pesar de ser un modelo calcado de Cataluña, concitó las primeras críticas socialistas, que trasladaron a la Cámara regional la propuesta de crear una comisión de estudio sobre la reforma del Estatuto de Autonomía.
Esta iniciativa, finalmente, se retiró ante el acuerdo de todos los grupos de poner en marcha una ponencia parlamentaria encargada de elaborar la proposición de ley a partir del texto remitido por el Ejecutivo. A la discusión sobre la forma, se sumó la queja del PSC de que se decidiera dejar fuera de la modificación estatutaria la reforma del sistema electoral, algo que más adelante se convertiría en el caballo de batalla socialista. El espaldarazo de Rodríguez Zapatero a la reforma canaria y a que ésta contemplase la condición de región ultraperiférica para las Islas, en la reunión que sostuvo en mayo con Adán Martín, no amilanó a los socialistas canarios, quienes arremetieron contra los especialistas designados por CC y PP para el comité de expertos por sus vinculaciones familiares con miembros del Gobierno y su evidente filiación política.
El comité, formado por siete especialistas en Derecho y Economía, dispuso de siete meses para elaborar su propuesta de reforma que se dividió en tres apartados bien diferenciados: estructura política e institucional, régimen competencial y marco económico-financiero. En diciembre se entregó a la ponencia parlamentaria los dos últimos bloques de la reforma y se disolvió el comité, que estuvo presidido por el consejero de Educación, Cultura y Deportes, José Miguel Ruano. Antes de remitir a la Cámara el primer borrador, el presidente canario mantuvo numerosos contactos con partidos políticos y representantes de los cabildos y ayuntamientos para escuchar sus propuestas. Lo cierto es que el texto definitivo elaborado por el comité asesor respondía, básicamente, a las ambiciones del Gobierno y de CC. Un claro ejemplo es que los cambios que afectaban directamente a las corporaciones insulares, tanto a su ámbito institucional como competencial, fueron y siguen siendo motivo de polémica con los grupos socialista y popular, así como con los presidentes insulares.
La ambiciosa reforma del Estatuto de Autonomía elevada el año pasado al Parlamento aporta novedades en el ámbito político-institucional como el reconocimiento para Canarias de las aguas interiores y la zona económica exclusiva, así como sus especiales condiciones como región ultraperiférica. Da potestad al Ejecutivo para aprobar decretos con rango de ley y al presidente para disolver la Cámara. En el marco de las competencias, se apuesta por el máximo autogobierno, mediante la transferencia o delegación de todas las materias en manos del Estado, con excepción de las referentes a Defensa, Seguridad y Alta Inspección de Servicios. Finalmente, en el marco económico-financiero, las novedades se centran en la creación de una agencia tributaria canaria y la salvaguarda del Régimen Económico y Fiscal, con el objeto de que su modificación requiera el acuerdo vinculante del Parlamento autonómico.
El ‘Comité de expertos’
El Comité Asesor se crea por un Decreto del Presidente del Gobierno de 13 de mayo de 2004. Es un grupo de trabajo que se constituye con la finalidad de elaborar un documento básico para la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía, texto que elevará el Gobierno de Canarias al Parlamento de Canarias, para su tramitación. Los miembros del Comité son:
- José Miguel Ruano León. Presidente, por delegación del presidente del Gobierno. Consejero de Educación, Cultura y Deportes.
- Rafael Fernández Valverde. Magistrado del Tribunal Supremo.
- Francisca Jesús Sarmiento Peña. Viceconsejera de Administración Pública.
- Sonia Mauricio Subirana. Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario de la ULPG.
- José Adrián García Rojas. Profesor Titular de Escuela Universitaria de Ciencia Política de la ULL.
- Julio Pérez Hernández. Abogado y profesor de Derecho mercantil de la ULL.
- Fernando Ríos Rull. Profesor de Derecho Político de la ULL y director de la Oficina de Relaciones Institucionales del Gobierno de Canarias en Madrid.
- Ignacio Díaz de Aguilar Cantero. Abogado.
- José Javier Torres Lana. Secretario del Comité Asesor. Jefe del Servicio de Estudios y Documentación de la Presidencia del Gobierno de Canarias.
