Las condiciones de vida de los canarios son mejores que en ningún otro momento de la historia. Pero esta evolución ha venido acompañada de más desigualdad. El desarrollo de la delincuencia organizada, la incidencia de las drogas, la violencia de género o las problemáticas juveniles son inquietudes sociales que cada vez adquieren mayor protagonismo.
El detonante de la sensación de inseguridad ciudadana no se puede achacar a los pequeños tirones, a los robos y, menos, al incremento de la llegada de pateras desde las costas africanas. Hay que partir del hecho de que jamás ha habido tantas personas dedicadas a cuidar de la seguridad en las islas y que, el modelo policial español, definido por la Constitución, implica al Estado, a las autonomías y a las administraciones locales.
Así, los últimos datos aportados por la Delegación del Gobierno en Canarias desvelan que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están compuestas por 5.817 miembros. El número de efectivos de la Policía Nacional es de 3.055 personas y la Guardia Civil está integrada por 2.762 miembros. Pero mientras la Administración del Estado en Canarias afirma que el catálogo está cubierto en un 90 por ciento, el Partido Popular (PP), ahora en la oposición, copia la estrategia de sus predecesores del PSC-PSOE al basar su acción política en la denuncia del déficit de las fuerzas estatales.
Ahora bien, tampoco se puede olvidar la negligencia de los 87 ayuntamientos canarios, porque su grado de implicación, salvo en los últimos años, ha sido más bien escaso. Los datos más recientes manejados por la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias desvelan que hay unos 3.100 policías locales. El padrón municipal de 2004 reconoce la existencia de 1.915.540 habitantes de derecho en las islas. Hay un policía local para 617 residentes, un Guardia Civil para 693 habitantes, un Policía Nacional para 627 canarios y unas estadísticas, y sondeos de opinión, retocados a conveniencia para justificar planteamientos políticos.
La problemática concreta de Canarias, sin embargo, se teje en torno a los más de diez millones de turistas anuales, ocho aeropuertos, ocho puertos de interés general y una criminalidad organizada patente. Este último fenómeno queda reflejado en el Plan de Seguridad Integral para Canarias del Ministerio del Interior, cuya redacción ultima la Delegación del Gobierno. Su titular, José Segura, ya ha avanzado que se centrará en el narcotráfico, el blanqueo de dinero y el terrorismo internacional, principalmente.
Ninguna administración pública, disponga o no de su propia policía, puede declararse irresponsable en materia de seguridad. Para afrontar esta problemática, el Gobierno de Canarias, con Adán Martín al frente, ha decidido implicarse con la puesta en marcha de la policía canaria. La coyuntura política es la más propicia de los últimos ocho años, aunque el Ejecutivo regional, de mayoría nacionalista, se haya encontrado con las reticencias del Ministerio del Interior.
No es cuestionable la legitimidad de la Comunidad Autónoma para crear su propio cuerpo de seguridad. Pero lo que sí es criticable es que se pretendan crear estados de opinión generando falsos debates sobre un proyecto inexistente. Hasta finales del pasado mes de marzo, cuando Adán Martín se comprometió a llevar al Parlamento un proyecto de ley para la creación de una policía propia antes de que finalice 2005, solamente se había conocido una memoria justificativa, cuyo contenido únicamente dice que, en una década, se hará un despliegue de 4.500 efectivos.
La puesta en marcha de un proyecto de estas características es muy costosa, como también lo es su mantenimiento, y el Gobierno canario sabe que sin la participación financiera del Estado es un objetivo casi imposible de cumplir. Pero para convencer a Madrid y a los propios canarios se necesitan propuestas definidas que justifiquen una negociación. No se trata, como se ha hecho hasta la actualidad, de obligar a los policías locales a ponerse unos uniformes con el escudo de la policía canaria o de justificar una acción de Gobierno presentando en el Parlamento unas propuestas legislativas sabiendo de antemano que no prosperarán.
Así es como se pueden resumir los antecedentes de un 2004 en el que poco se ha avanzado. La seguridad pública no es patrimonio de nadie, ni Canarias debe contentarse con una posición de complacencia si realmente se cree en el proyecto y en sus fines.
La ‘era Segura’
La guerra de cifras sobre la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Canarias se ha recrudecido en 2004, tras el cambio de Gobierno en el Ejecutivo Central. Sin embargo, según los responsables actuales, las cifras parecen demostrar que José Segura ejerce mayor presión sobre Madrid que su antecesor, Antonio López, desde su llegada a la Delegación del Gobierno. Así, en poco menos de un año (desde mayo de 2004 hasta abril de 2005), el número de efectivos de la Policía Nacional en Canarias ha crecido en 309 agentes (llegaron 365, pero 56 de ellos ya ocupan otros destinos), mientras que la Guardia Civil ha experimentado un incremento de 165 componentes perfectamente repartidos por provincias, pues 84 corresponden a la Comandancia de Las Palmas de Gran Canaria (se incorporaron 179, pero 95 ocupan otros destinos) y 81 a la de Santa Cruz de Tenerife (llegaron 165, pero 84 ya ocupan otros destinos). O lo que es lo mismo, en apenas once meses se ha producido un incremento total de 474 nuevos efectivos.
