El litoral capitalino trajo más de un disgusto al gobierno municipal de Las Palmas de Gran Canaria en 2004, una ciudad que en su aspecto externo luce palmito en la zona centro, pero no termina de acondicionar barrios y periferia. Además, la aplicación de la Ley de Grandes Ciudades trajo una revolución que no tuvo buena acogida en distintos ámbitos municipales
El recorte del dique Reina Sofía, ocurrido a principios de la legislatura y coleando aún el año pasado, la adjudicación del proyecto de La Cicer, la adquisición de El Confital y el concurso del istmo de Santa Catalina, cada uno con su correspondiente cosecha de polémicas y enfrentamientos con la oposición, marcaron el ritmo de Las Palmas en 2004.
La aplicación de la Ley de Grandes Ciudades fue una revolución que no tuvo buena acogida en distintos ámbitos municipales. Con el cambio de gobierno efectuado en junio de 2004, la alcadesa, Josefa Luzardo (PP), puso una importante parcela de poder en manos de personas no electas, designadas por ella, dejando prácticamente sin atribuciones a algunos concejales elegidos en las urnas, lo que ocurría por primera en la historia de esta ciudad.
La Ley se materializó con la entrada de dos directores de Gobierno (Joaquín Jorge Blanco y Yolanda Ventura) que aglutinan una buena parte de la gestión municipal de peso, tres directores generales (Luis Molina -cuya entrada supuso el plante de la Policía Local-, Alberto Suárez y Carlos Yagüe) y dos coordinadores generales (José Setién y Antonio Ramón Balmaseda). Entre las cuestiones más discutidas por la entrada en el Gobierno de estos concejales no electos destacaron sus sueldos: 52.000 euros los directores generales, 53.000 los coordinadores y 59.000 los directores de gobierno.
La adquisición de El Confital se materializó el 2 de junio de 2004, y supuso la recuperación para la ciudad de un bellísimo espacio natural de 433.630 metros cuadrados en la Península de La Isleta, tras setenta años en manos privadas. Su propiedad se logró a cambio de la permuta de una parcela al otro lado de Las Canteras, 22 millones de euros y otros 55.000 metros cuadrados a definir. Con la alegría natural de quien cierra un trato largamente acariciado, la alcaldesa declaró entonces que “el Confital es nuestro, ya es de la ciudad y los ciudadanos”.
Para celebrarlo, una gran paella para 5.000 personas ese mismo mes abrió la etapa ciudadana de El Confital. En septiembre, el concejal de Seguridad, Paulino Montesdeoca, encabezaba en su bicicleta la celebración en ese espacio natural de la Semana Europea de la Movilidad. Y ahí se acabó el Confital de los ciudadanos. Cuando la población quiso pasar allí sus vacaciones y hacer sus asaderos, como venían haciendo los habitantes de La Isleta desde los primeros años del siglo XX, se encontró con una valla, guardas de seguridad privada y la Policía Local repartiendo multas a destajo. Ese fue el inicio de otra de las batallas del frente marítimo capitalino, en su lado de poniente.
La polémica del istmo de Santa Catalina fue mucho más larga y compleja, ya que entraban en juego cuestiones políticas y económicas. La idea de recuperar para la ciudad la zona del Puerto comprendida entre la Base Naval y la Plaza de Belén María era antigua. Liberar esos terrenos de los servicios portuarios supondría dejar libres 400.000 metros. Para el desarrollo de esa idea la Comisión Puerto-Ciudad, integrada por Ayuntamiento, Autoridad Portuaria y Cabildo de Gran Canaria, convocó un concurso de ideas restringido -cuyos gastos corrieron a cargo del Puerto- y seleccionó a seis equipos internacionales de arquitectos para invitarlos a participar.
Esto no sentó bien a los arquitectos locales. Su presidenta, Ana Kurson, que había firmado un acuerdo con Luzardo para que tres arquitectos canarios tomaran parte, fue sustituida por Javier Mena y el colectivo llevó el concurso a los tribunales. Se abrió así otra batalla en el frente de guerra en que se convirtió el litoral capitalino. Todo el mundo tuvo algo que decir en cuanto al istmo y se alzaron las voces sobre la ilegalidad del concurso. Fomento y Bruselas instaban a la paralización del mismo, cosa que no ocurrió; de hecho, se llegó hasta el final y se falló.
Mientras nada se aclaraba, 6.000 ciudadanos salieron a las calles reclamando su derecho a decidir. Por su parte, el objetivo de los empresarios era invertir los incentivos fiscales en el desarrollo del istmo. En el fondo, batallas políticas entre partidos con zonas distintas de influencia. Cuando Luzardo declaró en junio de 2004 su pretensión de convertir Las Palmas de Gran Canaria en ciudad líder, “capital del Atlántico”, posiblemente no reparó en el alcance de sus palabras. Menos de un año después, arquitectos de la talla de Ferrater y Pelli, ganadores del concurso de ideas, se hacían de cruces ante la idea de devolver el premio, tras conocerse la resolución de Bruselas y la del Consejo de Estado contra el concurso.
La batalla por el frente marítimo, como la de Midway, promete ser decisiva, además de interesante para los observadores navales.
