Ser titular de la institución del Diputado del Común permite obtener una visión privilegiada sobre determinados aspectos de la realidad de nuestra Comunidad Autónoma. Así, tras más de tres años en el ejercicio del cargo, he podido tomar conciencia de los graves problemas ambientales que padece Canarias; de la magnitud de los flujos poblacionales y de las precarias condiciones en que llegan a las islas determinados colectivos de inmigrantes. He tomado conciencia del envejecimiento de la población en algunas islas frente al dinamismo demográfico de otras; he podido observar las deficiencias de nuestro sistema de protección social a los mayores y personas con discapacidad -y también sus incuestionables aciertos-, así como comprobar la importancia de invertir recursos materiales y humanos en la protección de los menores, que son el futuro de las islas.
Ser titular de la institución del Diputado del Común permite visualizar que nuestro sistema judicial requiere un decidido impulso para que el derecho a la tutela judicial efectiva no sea una declaración de intenciones, o la necesidad de que se mejore el funcionamiento de los servicios de urgencias de nuestros hospitales, para que el derecho a la asistencia sanitaria digna sea una realidad para los usuarios del sistema público de salud. Ser Diputado del Común, en definitiva, es una manera de conocer el buen o mal funcionamiento de nuestras administraciones públicas y de exigir a éstas que sus actuaciones sean respetuosas con el marco legal del que nos hemos dotado. Pero ejercer esta misión abre otras oportunidades muy interesantes, y una de ellas es la de poder revisar algunos de los tópicos que se encuentran instalados en el subconsciente colectivo de todos nosotros.
Por ejemplo, se dice que el ciudadano canario es un sujeto de derechos pasivo, poco habituado a exigir aquello que las disposiciones legales le reconocen. Sin embargo, una visión comparativa con otros comisionados parlamentarios autonómicos, e incluso con el Defensor del Pueblo, nuestro equivalente a nivel nacional, desmiente rotundamente esta teoría, pues nuestros porcentajes de quejas son similares e incluso superiores a los que presentan muchas comunidades autónomas. En este sentido, el Diputado del Común recibe porcentualmente menos quejas que el Procurador del Común de Castilla y León, pues la relación en 2003 en dicha comunidad es de una queja por cada 1.057 habitantes, mientras que en Canarias es de una queja por cada 1.210 habitantes. Sin embargo, Canarias se sitúa por encima de comunidades como la catalana (Síndic de Greuges), donde la relación queja/habitantes es de una por cada 1.475 personas; el País Vasco (Ararteko), con una relación de una por cada 1.536 habitantes; o la comunidad andaluza (Defensor del Pueblo Andaluz), con una queja recibida por cada 1.555 ciudadanos. Y si miramos al conjunto del Estado, observamos que la diferencia es aún mayor, presentándose una queja al Defensor del Pueblo por cada 2.484 habitantes.
Recientemente hemos celebrado el vigésimo aniversario de la institución. En estos veinte años de funcionamiento, el Diputado del Común ha recibido más de veinticinco mil quejas de los ciudadanos canarios, lo que representa una proporción de una solicitud por cada 76 habitantes, lo que da una idea de la continuidad del trabajo realizado y de la importante penetración de la institución en el conocimiento del conjunto de herramientas garantistas de los derechos y libertades que tienen los canarios.
Hay que destacar también que la defensa activa de sus derechos por parte de los ciudadanos en la institución que dirijo no se ciñe a la presentación de escritos de queja.
Además, el personal administrativo y técnico de las siete oficinas insulares de la institución, así como los Adjuntos y el propio Diputado del Común reciben y resuelven continuamente consultas sobre cuestiones que, en muchos casos, no son de la competencia del comisionado parlamentario pero reflejan una postura activa de exigencia de derechos por parte de los afectados. Así, en las oficinas de la institución de la que soy titular se reciben multitud de consultas referidas a determinados derechos laborales y civiles que no compete resolver al Diputado del Común. En estos casos, orientamos al ciudadano para que ejerza las acciones oportunas ante los tribunales de justicia o en otras instancias.
Otro tópico muy discutible, si bien no exclusivo del canario, es la falta de solidaridad en nuestra conducta cotidiana. Sin embargo, con bastante frecuencia, recibimos en nuestras oficinas a personas preocupadas por la degradación ambiental, por el impacto en el paisaje de la sobre-construcción, por la situación de los inmigrantes, por los menores, por los mayores, por los indigentes, por los discapacitados… No creo que estas conductas sean exponente de insolidaridad, sino todo lo contrario. Podemos afirmar, pues, que el canario es bueno, en el buen sentido de la palabra.
