Un solo proyecto urbanístico, quizá el más importante que afronta la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en un par de décadas, ha puesto en la picota la siempre insoportable levedad del pacto que sustenta al Gobierno de Canarias desde que Coalición Canaria dejó de sumar 31 diputados. La ausencia de un proyecto común de región -o de nacionalidad- sólo articulado en los discursos del presidente Adán Martín, el papel determinante -personalista y siempre extravagante- de personajes en presencia, la cada vez más impune mezcla de negocios y política y la incapacidad del actual presidente por tomar los temas con determinación, han colocado a la Canarias del primer quinquenio de siglo en una encrucijada política de difícil encaje. Pero, como todo en política y en Canarias, es susceptible de empeorar.
Han tropezado en el mismo toril unos cuantos toros bravos que no persiguen la misma cosa. José Manuel Soria, José Carlos Mauricio, Paulino Rivero, Adán Martín, Miguel Zerolo… no tiran hacia la misma dirección. El actual pacto entre el Partido Popular y Coalición Canaria supuso desde el principio la aceptación tácita de que se quebraba Canarias, que se partía por un eje imaginario -o no tan imaginario- que va de norte a sur por entre las aguas interiores que separan Gran Canaria y Tenerife. Para el tándem, ahora aparentemente roto, que forman Soria y Mauricio, se adjudicó la provincia oriental, de modo que nada de lo que pudiera ocurrir allí fuera objeto de la más mínima consideración, interés y mucho menos intromisión, por la parte tinerfeña del acuerdo.
En justa reciprocidad, ATI-API tendrían las manos libres para actuar en su feudo de la provincia de Santa Cruz de Tenerife con las mismas garantías de tranquilidad e independencia, y en ambos casos, con la exigencia de que cada socio apoyaría al otro ciegamente.
Únase a ese pacto tácito la cada vez más impune y perversa participación de un selecto grupo de empresarios de ambas provincias en la toma de decisiones políticas, particularmente la que tiene que ver directamente con las grandes inversiones, las grandes obras públicas y los sectores estratégicos. Así, es muy fácil explicarse que en asuntos tan espinosos como el puerto de Granadilla, la operación del istmo de Santa Catalina (bautizada comercialmente con el nombre de Gran Marina), la implantación de cinco casinos en la provincia de Las Palmas (alegando necesidades de tipo turístico que, curiosamente, no se dan en Tenerife), o el negocio eólico, estén tratando de abrirse paso entre la selva de la inconsistencia por el simple hecho de que son pretensiones de esa sociedad de intereses que es el pacto de gobierno.
No importa a los agentes de este pacto lo que digan los ciudadanos. Canarias está asistiendo en los últimos años a un importante renacer de las movilizaciones populares, la proliferación de plataformas reivindicativas de todo tipo y a las protestas canalizadas de modo muy variado, desde el encadenamiento y la huelga de hambre a las iniciativas legislativas populares, muy maltratadas por cierto por los representantes democráticos en el Parlamento de Canarias, cada vez más alejado de la realidad. Se desoyen las voces de la calle, se trata de manejar de modo antidemocrático a medios de comunicación públicos y privados para que esa voz no exista o se escuche con sordina, y se extorsiona de tal modo al discrepante que o entra en la rueda del sistema o se convierte en maldito.
Pero la inexorabilidad de la lógica y de las leyes de los hombres y de la naturaleza, unida a los resultados electorales nacionales del 14 de marzo de 2004, están colocando a cada cual y a cada qué en su sitio lentamente. Si la operación del istmo de Santa Catalina nació viciada por la intención de los dirigentes políticos de colocarla en las exclusivas manos de los empresarios amigos, las instituciones estatales y comunitarias se han encargado de reflejar su ilegalidad, cuando no su nulidad total. Si la obsesión por la gasificación de Canarias estaba cantada, la caída del PP en Madrid y la movilización de los ayuntamientos del sureste de Gran Canaria han puesto en entredicho la validez de todo el sistema, incluyendo Granadilla. Por poner sólo dos ejemplos.La situación aparente idílica en la que pretendían desenvolverse empresarios afectos al sistema y el núcleo de poder político se ha tornado, por tanto, en algo insostenible. La inseguridad ha sustituido a la certeza del negocio garantizado por el Gobierno, lo que inmediatamente se ha traducido en una crisis institucional de gran calado que amenaza con la inestabilidad política hasta 2007. La oposición socialista, que se mantuvo la primera parte de la legislatura en un irresponsable limbo político, ha empezado a dar síntomas de vida en el primer trimestre de 2005. Su máximo dirigente, Juan Carlos Alemán, ha decidido presentarse a la Presidencia en 2007, y dado el control que ejerce sobre el PSC, no parece que nadie pueda discutirle ese deseo. Las numerosas voces que consideran que no es el mejor candidato callarán a no ser que se produzca el milagro de que un mirlo blanco dé un paso al frente antes de las elecciones y provoque primarias.
Pero pese a que las encuestas dan por hecho un triunfo socialista en 2007, salvo debacle no prevista en el escenario nacional, nadie podrá asegurar nunca que el PSC forme Gobierno. Son demasiado fuertes los lazos que unen al PP y a ATI-API como para desperdiciar tanto esfuerzo hecho hasta ahora. Ni a los tinerfeños, ni a los palmeros, y mucho menos al PP, interesa que los socialistas pasen cerca del poder, lo que realmente dibuja un panorama ciertamente desalentador porque donde no hay posibilidades de alternancia sólo queda esperar que todo empeore.
