La Zona Especial Canaria (ZEC) y la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC), las dos ‘estrellas’ del sistema fiscal específico del Archipiélago, tiene fijada su fecha de caducidad en diciembre de 2006 y requieren una prórroga y una amplia revisión para responder a las nuevas expectativas económicas y sociales de la Unión Europea.
El nuevo modelo del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias cumplió diez años de vigencia en 2004. La plena integración de Canarias en la Unión Europea obligó a adaptar el sistema fiscal específico de Canarias, aplicado desde el siglo XVI, al marco normativo comunitario. En 1994, las Cortes Generales aprobaron la modificación de la ley del REF, lo que supuso la creación de dos figuras fiscales de gran importancia para la economía canaria: la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) y la Zona Especial Canaria (ZEC). La dificultad que padeció la elaboración de la normativa de desarrollo de la ZEC impidió su entrada en vigor hasta el año 2000, mientras que la aplicación de la RIC acumula ya una década de experiencia.
La fecha de caducidad de estos mecanismos está marcada para el 31 de diciembre de 2006. Por ello, el Gobierno canario comenzó en 2004 el calentamiento para la nueva carrera de fondo que afrontará en 2005 y 2006 con el objetivo de obtener el visto bueno de Bruselas a la prórroga de estas dos ayudas de Estado, introduciendo reformas en su normativa que permitan obtener un mejor rendimiento de ambos mecanismos. Las decisiones que finalmente adopten las administraciones públicas españolas y comunitarias sobre estos dos instrumentos fiscales serán decisivas para el futuro de la economía canaria. Para corroborar esta conclusión basta un somero análisis de los resultados que ambos mecanismos han producido estos años.
La RIC es una ayuda de estado que permite a las empresas deducir hasta el 90 por ciento de la base imponible del Impuesto de Sociedades (IS) con la condición de que los fondos deducidos se reinviertan en Canarias, aunque la elección del destino de este dinero tiene límites temporales y materiales que deben respetar los empresarios. Este es el instrumento estrella del sistema que rige en Canarias y ha permitido a los empresarios del Archipiélago contar con más de 13.000 millones de euros entre 1994 y 2003 para continuar generando más negocio y, por tanto, más crecimiento económico y creación de empleo.
La importancia cuantitativa de la RIC es indiscutible y queda patente al conocer que fue capaz de acumular algo más de 4.017 millones de euros en tan solo dos años (2002 y 2003). Esta cantidad es muy superior a los tres mil millones de euros de inversión total prevista por la UE para Canarias en el periodo presupuestario 2000-2007, cuantía en la que se incluyen los fondos estructurales, (1.800 millones de euros) y todos los demás programas europeos con repercusión en Canarias. De mantenerse estos registros anuales en la dotación de la RIC, este instrumento multiplicará por seis la inversión total de la UE en el Archipiélago en el septenio analizado.
Eso sí, hay tanto dinero que muchos empresarios, especialmente las pymes, tienen dificultades para encontrar destinos para su RIC. La aportación de la RIC al impulso de la economía canaria está admitida por casi todos los colectivos sociales, políticos y económicos, aunque es igual de cierto que este instrumento presenta defectos en su aplicación que impiden extraer el máximo provecho del mecanismo o provocan efectos no deseados, como el alza de los precios del suelo, la influencia en el mercado inmobiliario o la sobreoferta de camas turísticas. La principal traba de la RIC para los empresarios canarios son las dudas jurídicas que existen desde su creación sobre los supuestos de materialización admitidos por la Agencia Tributaria. La normativa de este complejo instrumento fiscal se reduce a lo establecido en el artículo 27 de la Ley del Régimen Económico y Fiscal (REF). La demanda de un reglamento que dé respuesta a las lagunas jurídicas que presenta la RIC es histórica, pero aún sigue pendiente de elaboración.
ZEC: lejos del objetivo
La Zona Especial Canaria (ZEC) es otra ayuda de estado que tiene por objetivo atraer capital para crear en Canarias industrias y empresas dedicadas a actividades con el fin de reducir la dependencia económica que actualmente tienen las islas del sector turístico. Como gancho, la ZEC ofrece una notable reducción en el tipo de gravamen del Impuesto de Sociedades. Los resultados de este instrumento no han sido del todo satisfactorios. La actividad de las empresas acogidas a la ZEC que ya están en funcionamiento representó en 2003 sólo el 1,85 por ciento del Producto Interior Bruto canario, cuando la aspiración era alcanzar el cinco por ciento. 278 empresas han obtenido desde el año 2000 el visto bueno del Consejo Rector de la ZEC para acceder a sus beneficios, pero, en realidad, ni la mitad ha llegado a formalizar su inscripción en el registro de la Zona.
El año pasado, 34 empresas se inscribieron en el registro de la ZEC. Desde la puesta en marcha de la Zona, en 2000, se han registrado 128 sociedades. La implantación de las sociedades industriales es la que más dificultad presenta, por las carencias de suelo y el límite temporal establecido para este beneficio fiscal (31 de diciembre de 2008), que dificulta la amortización de la inversión industrial. Así, de las 58 industrias autorizadas, sólo 15 han llegado a formalizar su registro en la ZEC. En cuanto al empleo, las 128 sociedades creadas sumaban 1.245 puestos de trabajo al cierre de 2004. Al menos seis de cada diez de estos empleos pertenecen al sector servicios. La aportación anual media de la ZEC a la creación de empleo en las islas sólo llega a dos de cada 100, un resultado que hasta los responsables de este mecanismos califican como “modesto”.
