Hablar del año 2005 en el plano político supone recordar acontecimientos ligados a la inestabilidad, al cruce de declaraciones entre destacados dirigentes pero, a la vez, a intensas negociaciones en las que imperó el diálogo. El Gobierno de Canarias tuvo que superar, a veces sin éxito, una auténtica carrera de obstáculos en la que salían competidores desde las filas de sus aliados, de sus contrarios e incluso de su propio equipo.
El presidente del Ejecutivo autonómico, Adán Martín, trató de convivir tras las elecciones generales de marzo de 2004 con la estrategia nacional del PP de no dar tregua al recién elegido Gobierno central. Bajo la batuta de José Manuel Soria se estableció una cruzada anti-Zapatero que contravenía una de las máximas de sus socios de Coalición Canaria: hay que llevarse bien con Madrid para obtener máximos dividendos de la bolsa presupuestaria del Estado. Esa estrategia, unida a diversos enfrentamientos con instituciones gobernadas por el PP, como fue el polémico concurso para la Gran Marina en Las Palmas de Gran Canaria, propiciaron la ruptura del pacto entre nacionalistas y populares. A mediados de mayo, Adán Martín, tras sondear con el PSOE su posible apoyo puntual, decidió romper la baraja.
Martín remodeló su gabinete y dio entrada a caras nuevas, algunas muy ligadas a la Agrupación Tinerfeña de Independientes, como Marisa Zamora y Marisa Tejedor, lo que generó rechazo en las filas del PP en Gran Canaria. De hecho, Adán Martín escuchó en vivo a la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Josefa Luzardo, afirmar, en el acto de las Fiestas de San Juan, que el Gobierno de CC era el más desequilibrado que ha tenido Canarias en toda la historia autonómica. Y tras las vacaciones estivales, comenzó un curso político en el que el Gobierno en minoría de CC tuvo que negociar los principales asuntos con el PSC-PSOE. Una prueba fue la aprobación de los presupuestos de 2006, en los que se incluyó el giro social exigido por los socialistas.
Críticas y convenios
Las críticas del PP fueron cada vez más duras. Y no sólo al Gobierno central, sino también al autonómico. De hecho, José Manuel Soria lo calificó como el peor que ha tenido el Archipiélago, a pesar de que, tan sólo cuatro meses antes, tres consejeros de ese gabinete eran populares. Mientras tanto, los contactos Madrid-Canarias se intensificaron. Se sentaron las bases para los convenios de infraestructuras, entre ellos el de carreteras, que fue negociado con grandes dificultades y cuya firma se dejó para principios de 2006. Además, el Gobierno central volvió a aumentar la subvención al transporte para residentes canarios, con el compromiso de que, a final de legislatura, se alcanzará el 50 por ciento.
Quedó pendiente la solución a la financiación sanitaria, ya que Canarias aceptó una cifra que, a pesar de todo, resulta insuficiente para mantener un servicio esencial de calidad, sobre todo por el incremento poblacional. El Ejecutivo canario preparó un gran pacto social por la Sanidad, que deberá resolverse en 2006, y que incluye unas directrices para garantizar la supervivencia de este servicio. En opinión de algunos dirigentes políticos como Román Rodríguez, ex presidente del Gobierno y antiguo militante de Coalición Canaria, ese pacto llegaba tarde y mal porque se había perdido la mitad de la legislatura sin haber adoptado decisiones dirigidas a paliar los déficit de la sanidad.
Y es que Román Rodríguez constituyó otro de los obstáculos que tuvo que salvar la fuerza política que sustenta al Gobierno canario. Coalición Canaria rompió con los críticos, representados por Román Rodríguez en Gran Canaria y por Juan Carlos Becerra en Lanzarote. A partir de ahí decidió acometer “una poda del árbol nacionalista”, según declaró su presidente, Paulino Rivero. Este episodio debilitó los apoyos parlamentarios al Gobierno de Canarias y supuso un rebrote del llamado pleito insular, ya que la expulsión o la marcha de los críticos se relacionó con un intento de los tinerfeños de ATI por controlar la formación, algo que tuvo ciertas repercusiones en el sector empresarial.
Pero, además de lidiar con estos toros encastados y dispuestos a ir al bulto, el Gobierno de Canarias trató de resolver problemas a corto plazo. En seguridad, no logró clarificar el futuro de la policía autonómica y se enfrentó a la Delegación del Gobierno a la hora de coordinar un plan integral para Canarias. En cuanto a la inmigración, destacó la presencia de Adán Martín en la cumbre hispano-marroquí celebrada en Sevilla, aunque las pateras siguieron llegando, incluso más lejos que nunca. En lo laboral, después de sendas huelgas, se resolvieron los conflictos salariales de los profesores universitarios y los trabajadores de los grupos C, D y E del Servicio Canario de Salud. Y en Europa, tras el sí mayoritario a la Constitución europea, se libró una batalla en defensa del plátano frente a la competencia americana. En este conflicto sólo se pudieron salvar los muebles porque, después de varias previsiones optimistas, se estableció un arancel de 160 euros, muy por debajo de lo esperado inicialmente por Canarias, con el que se gravarán las importaciones del área dólar.
Del eje transinsular al Estatuto
En materia de transportes, el Ejecutivo de Adán Martín puso sobre la mesa uno de sus proyectos más queridos: el eje transinsular. Un plan que recoge las infraestructuras necesarias para acercar a los canarios entre si y con el exterior, mediante transportes más baratos y rápidos. Y para conseguir que los planes no sean meras ideas, Canarias deberá contar con instrumentos legislativos fundamentales, como un nuevo Estatuto de Autonomía que a lo largo de 2005 se negoció con importantes enfrentamientos, que incluso hicieron que el PSOE abandonara la ponencia parlamentaria en la que se estudió la reforma. Hubo acuerdo en buena parte del texto, aunque quedaron cosas pendientes como la Agencia tributaria o la modificación del sistema electoral, en las que PP y PSOE mantienen posturas similares frente a CC.
En definitiva, asuntos que deberán dilucidarse en 2006, siempre con la vista puesta en lo que se consiga para el Estatuto de Cataluña. Esto, unido a la negociación con Bruselas para la prórroga del Régimen Económico y Fiscal con vistas al período 2007-2013, constituyen dos de las claves políticas y económicas del futuro inmediato para Canarias. El año 2005 ya ha quedado para la historia. Fue un año tormentoso para el Gobierno incluso en lo meteorológico, ya que el Archipiélago se enfrentó por primera vez a una tormenta tropical, la Delta, y a una crisis en el suministro eléctrico sin precedentes. Fue un acontecimiento extraordinario que podría simbolizar la traca final de doce meses que, en lo político, estuvieron llenos de crispación y enfrentamiento. La vida sigue y 2006 llega con muchas incógnitas que deberán despejarse (esperamos) en beneficio de los canarios.
