En 2006 esperamos culminar la ley de Protección del Suelo Rústico para impulsar la creación de polígonos agropecuarios que supongan un nuevo empuje para nuestro sector primario en las siete islas.
El pasado año 2005 no fue fácil para la agricultura canaria. Empezó con un temporal que afectó especialmente a los cultivos plataneros de La Palma y concluyó con la valoración de los daños ocasionados por la tormenta tropical Delta en Tenerife, La Palma, Gran Canaria y Lanzarote. La meteorología adversa se mostró, una vez más, como un enemigo implacable para una actividad que se realiza al aire libre y demostró en varias ocasiones la necesidad que tienen los productores agrarios de contar con seguros que cubran o amortigüen las pérdidas ocasionadas por los rigores climáticos. La Consejería trabaja para que el conjunto del sector tome conciencia de esta necesidad. Para ambos casos, esta Consejería complementó las indemnizaciones de los seguros con ayudas que paliaran las pérdidas de los agricultores, que en el caso de la tormenta tropical es a través de un crédito extraordinario de tres millones de euros ampliables, ayudas que todavía se encuentran en tramitación.
Pero, más allá de las adversidades naturales, se desarrolló un arduo e importante trabajo que culminó favorablemente para Canarias. Cabe destacar la aprobación por unanimidad del Parlamento de Canarias de la ley de Creación del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, organismo autónomo que en breve será una realidad. Con esta ley se pretende, de una parte, responder a las normas de rango superior (normativa estatal) que otorgan competencias a la Comunidad Autónoma en materia de denominaciones de origen, la calidad agroalimentaria, la potestad sancionadora, el registro de productos enológicos y de bebidas alcohólicas y el control oficial de estos productos para la prevención de riesgos contra la salud pública, la garantía de las transacciones comerciales y la protección de los intereses de los consumidores. De otra parte, la sociedad actual es muy exigente con la calidad de los productos agroalimentarios, lo que implica la existencia de un sistema de certificación y acreditación que funcione correctamente.
Así, la importancia de las funciones públicas relacionadas con la calidad de los productos agroalimentarios hace necesaria la puesta a disposición de los ciudadanos de un servicio acorde con la rapidez que acontecen los hechos en este sector y con la necesaria especialización debido al contenido altamente técnico de la materia. Estos requisitos son difícilmente conciliables con la organización y funcionamiento de una administración territorial con pluralidad de fines, lo que ha aconsejado la creación de este instituto autónomo, que tendrá competencias en materia de calidad agroalimentaria, por un lado, y será organismo prestador de servicios de control y certificación, por otro.
También tiene especial relevancia la negociación para el establecimiento del arancel que el banano latinoamericano debe pagar para su comercialización en Europa desde el pasado 1 de enero, una vez eliminados los contingentes. Los representantes del sector platanero canario -liderando a los productores de las regiones ultraperiféricas- y el Gobierno de Canarias desarrollaron gestiones durante todo el año y en foros tan dispares como el Gobierno de España, la Comisión Europea, la FAO y la OMC, en cuya cumbre de Hong Kong esta consejería formó parte de la delegación española. Y, a pesar de la entidad de los adversarios, nada menos que las multinacionales norteamericanas, se consiguió la aprobación de un arancel que parece suficiente para evitar un desplome de los precios de mercado devastador para nuestra producción. Además, la Comisión Europea evaluará durante todo este año su comportamiento e idoneidad.
Por su parte, el sector pesquero, que ha sufrido las consecuencias de tener vetado el banco pesquero sahariano desde 1999, se vio favorecido en 2005 con una nueva negociación entre la Unión Europea y Marruecos que se saldó con un acuerdo que concede licencias que permitirán en breve a parte de la flota artesanal canaria volver a faenar en estas aguas, como lo había venido haciendo en los cinco últimos siglos. En el momento de redactar estas líneas, las partes negociadoras se encontraban reunidas en Rabat para tratar el reparto de tales licencias, con la expectativa de retomar la actividad el mes de marzo de 2006.
En lo que se refiere estrictamente a la actividad sectorial, el conjunto de nuestra agricultura de exportación contó con buenos precios en sus mercados tradicionales, lo que tuvo una incidencia especial en nuestro sector tomatero, tras varios años de padecer enfermedades vegetales, mermas productivas y la competencia de terceros países. A ello hay que añadir el importante incremento que tuvo este sector en las ayudas a los costes del transporte, que en breve alcanzarán el 50 por ciento. La agricultura y la ganadería destinada al mercado interior han consolidado su crecimiento desde que en 2002 comenzará a recibir ayudas a la comercialización, lo que ha contribuido a organizar, modernizar y aumentar la competitividad de un subsector caracterizado históricamente por la dispersión.
Esperamos que durante este año podamos culminar la ley de Protección del Suelo Rústico y que su posterior aprobación parlamentaria impulse la creación de polígonos agropecuarios que supongan un nuevo empuje para nuestro sector primario en cada una de las siete islas. Finalmente, no se puede pasar por alto el importante perjuicio que causan las enfermedades vegetales introducidas en Canarias por las deficiencias en los Puntos de Inspección Fronteriza, de titularidad estatal. El Gobierno de Canarias ha venido demandando desde hace ya algunos años una mejor dotación de recursos materiales y humanos de la inspección o que se nos ceda la gestión de la misma. Fue el presidente de nuestro gobierno, Adán Martín, quien comprometió al presidente Rodríguez Zapatero a que cediera la gestión, pero esto no se ha producido aún. Esperamos, no obstante, que sea una realidad pronta ante una situación cada vez más acuciante.
