La inmigración, la incorporación de la mujer al mercado laboral, el fracaso de las políticas públicas y la paralización de la concertación social ‘justifican’ que Canarias mantenga una de las tasas de desempleo más altas del país.
A pesar de que Canarias mantuvo en 2005 un ritmo de crecimiento que, sin llegar al nivel de la etapa expansiva vivida entre 1995 y 2000, puede considerarse aceptable dada la coyuntura internacional, el primer problema de la economía regional sigue siendo el paro. De hecho, las Islas cerraron el año por encima de la psicológica barrera de los cien mil desempleados, lo cual es un fracaso si se compara con los resultados de la media nacional. Buena parte de la culpa de eso, aunque no toda, la tiene el fuerte incremento registrado durante los últimos años por la población en condiciones de trabajar (activa), debido principalmente a dos razones: el aumento de la inmigración y la incorporación de la mujer al mercado laboral. A esto habría que añadirle el fracaso de las políticas públicas dirigidas a fomentar el empleo y la nula aplicación de los acuerdos de concertación social firmados entre empresarios, sindicatos y Gobierno.
Todo eso hace que a Canarias le resulte complicadísimo estabilizarse con una tasa de paro inferior al 10 por ciento. Prueba de ello es que, según la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al último trimestre, el año finalizó con un porcentaje de desempleados del 10,67%, el tercero más alto del país (sólo superado por los de Extremadura y Andalucía) y casi dos puntos por encima de la media nacional, que fue del 8,7%. Este último dato es muy similar al que obtuvo en 2004 la Unión Europa (UE) ya ampliada a 25 estados, con la incorporación de los países del Este, lo que acentúa aún más la necesidad de que Canarias no sólo intensifique sus políticas de empleo, sino que las enfoque mejor, vinculándolas a otras iniciativas de apoyo a las empresas basadas en las ayudas directas o los incentivos fiscales.
El Gobierno regional ha insistido en los últimos años en achacar las altas tasas de paro al fuerte incremento de la población. Es decir, argumenta que Canarias está creando empleo a buen ritmo, pero no lo suficiente como para compensar el crecimiento en el número de personas que demanda un puesto de trabajo. Y eso se debe, según la explicación oficial, a la mayor incorporación de la mujer al mercado laboral y, sobre todo, a la inmigración. Sin embargo, los datos de la EPA del último trimestre de 2005, aunque hay que tomarlos con cierta cautela, pues el sistema de cálculo de esa variable se cambió a principios de año, revelan que la población activa creció en las Islas un 3,11%, menos que la media nacional (3,20%); y que los ocupados aumentaron un 5,8%, más que en el resto del país (4,89%). Entonces, si se está generando empleo a una velocidad superior a la que crece la mano de obra, ¿por qué parece casi imposible bajar de los 100.000 parados y de una tasa del 10%?
Pues porque el único problema no es la inmigración, cuya aportación en los periodos de expansión económica es fundamental para cubrir la demanda de trabajo, sino que habría que valorar otros factores, que ya casi son lastres estructurales en la economía canaria, como la alta temporalidad, los bajos salarios y la, en determinados ámbitos, desacertada oferta de formación para los jóvenes. Un buen ejemplo de esto es la inexistencia en las universidades canarias de una carrera superior de turismo, que es, junto a la construcción, el sector que más empleo genera en las Islas. Este desinterés por acercar la formación a las necesidades del mercado también se refleja en el fracaso de los acuerdos de concertación social, que aunque han sido firmados apenas se han aplicado. Esos acuerdos incluyen, entre otras cosas, el compromiso de elaborar unos planes para mejorar la cualificación de los trabajadores y la calidad de la oferta laboral.
Aparte de cumplir con la concertación, el balance del paro mejoraría si el Gobierno regional consigue durante este año que Bruselas acepte una de las propuestas que llevan años reivindicando tanto el Consejo Económico y Social (CES) como algunos sindicatos y que consiste en vincular la Reserva de Inversiones (RIC) a la creación de empleo. Si se hace bien, es decir, si se incluye entre los supuestos de materialización de ese incentivo fiscal la contratación estable e indefinida de trabajadores, entonces esta medida podría contribuir a aminorar la escandalosa cifra de desempleados que hay en Canarias.
