Asistimos a un hecho sin precedentes en nuestra historia democrática: el riesgo de que la reforma del Estatuto de Canarias no tenga el respaldo de una de las tres grandes formaciones políticas presentes en el Parlamento.
Cuando ya nos acercamos al ecuador del año político, la primera idea que quiero plantear es que, sin duda, nos encontramos ante un ejercicio parlamentario apasionante. Atrás queda ya el año 2005, que comenzamos con un Gobierno de mayoría formado por Coalición Canaria y el Partido Popular y que finalizamos con un Gobierno nacionalista en minoría con el apoyo parlamentario del PSOE. Un cambio de Gobierno que, más allá del análisis del momento, representa un giro notable en la política de alianzas que ha regido los destinos de Canarias en la última década. Un cambio que, en definitiva, concede al Parlamento un protagonismo aún mayor al consolidar a la primera institución del Archipiélago como árbitro democrático de la vida pública de toda Canarias.
La primera y más clara consecuencia de esta nueva dinámica, caracterizada por la ausencia de un pacto político que condicione a priori la acción de los grupos parlamentarios, ha sido -y a buen seguro lo seguirá siendo- un crecimiento muy importante en el número de iniciativas presentadas, especialmente en el capítulo referido a iniciativas de control al Gobierno. En conjunto, las iniciativas y actuaciones de toda naturaleza tramitadas el año pasado se situó en 3.540, mientras que en 2004 esa cantidad apenas si alcanzó las 1.500, por lo que el balance de actividad entre ambos periodos se sitúa en torno al 150%. Pero no es mi intención extenderme en exceso con este dato que, aunque francamente positivo, responde al lógico avance de la actividad parlamentaria a medida que transcurre la legislatura.
Sea como fuere, ya digo que no es a mi juicio una cuestión únicamente de cantidad, de incremento de actividad como tal actividad, sino que me gustaría más reflexionar acerca de la propia calidad, de la naturaleza y dimensión de los asuntos que el Parlamento de Canarias conoció en el año que dejamos atrás. Y entre las cuestiones parlamentarias abiertas a lo largo de 2005, que son muchas e interesantes, quisiera en esta ocasión referirme a una que por su trascendencia ha ocupado por derecho propio el debate durante los doce meses del ejercicio pasado: el Estatuto de Canarias. Calculo que muchas de las colaboraciones que publica esta segunda edición del Anuario de la Asociación de la Prensa de Tenerife abordarán el proceso de modificación de la Ley Orgánica de Estatuto de Autonomía de Canarias. Para los canarios, la ley de leyes, con atención siempre, lógicamente, a la Constitución como marco del ordenamiento jurídico español.
Como es conocido, el Parlamento emprendió la reforma del Estatuto de Canarias en el verano de 2004, cuando tras recibir la propuesta del Comité de Expertos creado por la Presidencia del Gobierno, la Cámara regional constituyó una ponencia de 10 diputados de todos los grupos políticos en el seno de la Comisión de Gobernación, Justicia y Desarrollo Autonómico. Los trabajos de la ponencia posiblemente estén culminados cuando este artículo vea la luz y quién sabe si también el informe en comisión y el propio debate y votación del texto de reforma que, de aprobarse, habrá de tramitarse ante las Cortes Generales, donde se residencia la soberanía del pueblo español. No descubro nada si recuerdo que este cauce abierto por el Parlamento de Canarias se enmarca en un contexto nacional, intensamente marcado por el proceso de reforma del Estatuto de Cataluña, que en estos momentos se está viendo en las Cortes y que pronto se someterá a referéndum en aquella autonomía. Canarias y nuestro Parlamento no han sido ajenos a esa dinámica y con frecuencia, y no desde luego para mi agrado, de alguna forma cautivos de un debate que si bien es cierto que nos atañe, no debería condicionar hasta tal punto nuestra propia responsabilidad como diputados y grupos políticos canarios.
De todo ello ha sido el Parlamento protagonista y testigo privilegiado, como también lo es ahora de la previsible ruptura del consenso político que siempre concitó la aprobación y reforma de nuestra ley de leyes. Es así, cuando los canarios promovimos en 1982 la aprobación del Estatuto de Autonomía, lo hicimos con un consenso amplio que después se reflejó en las Cortes Generales. Cuando catorce años más tarde volvimos a promover ante el Congreso la primera reforma estatutaria, también lo hicimos desde el acuerdo, el entendimiento, en las grandes líneas que regulan nuestra convivencia como pueblo y sociedad. Sin embargo, ahora asistimos a un hecho sin precedentes en nuestra historia democrática, por tanto en nuestra cultura democrática, como es el riesgo cierto de que la reforma del Estatuto de Canarias no cuente con el respaldo de una de las tres grandes formaciones políticas presentes en el Parlamento regional, sometida al acuerdo de las dos restantes que han imprimido a esta fase final de la reforma una urgencia inusitada.
Conviene recordar en este punto que el proceso de reforma del Estatuto se acerca ya a los dos años de trabajo y no es un juicio de valor sino un hecho constatable que dos fuerzas parlamentarias han decidido bilateralmente que el proceso aún pendiente se resuelva en tan solo tres semanas con o sin el beneplácito de la tercera. Con independencia de las siglas e ideologías que unos y otros representan en el Parlamento de Canarias, he de insistir una vez más en la necesidad imperiosa de explorar cuántos caminos halla en la búsqueda del consenso político sobre una ley que debe ser reformada y asumida por todos, sin dejar a nadie fuera, de manera que el Estatuto de Canarias ni hoy ni nunca esté sometido al juego cambiante de mayorías que deparan las urnas.
Porque el consenso, sinceramente, no es un capricho, se me antoja una necesidad y siempre una oportunidad de construir juntos aquello que es realmente importante para nosotros. Y también una garantía de que a la vuelta de unas elecciones nadie tendrá la tentación de quebrar aquello que nos unió y nos permite avanzar y consolidarnos como sociedad. No comprendería una reforma del Estatuto sin el Partido Popular como no comprendería -y no es la primera ni la última vez que lo digo- una modificación sin el concurso pleno de Coalición Canaria o el PSOE. Siempre he defendido, y hoy lo vuelvo a hacer, un Estatuto de todos y para todos los canarios, un Estatuto de consenso por Canarias.
Si el consenso es por tanto una de las claves de cualquier reforma de la estructura básica de nuestra Comunidad, no lo debe ser menos en mi criterio que el Estatuto de Canarias, ahora y en el futuro, guarde la armonía que la Constitución ofrece a todas las comunidades autónomas y a España como nación. Comprendo que existen opiniones en sentido distinto, tan respetables como la mía, pero la experiencia de nuestro país desde la recuperación democrática y la profundización en el autogobierno aconsejan que conservemos todas las cosas buenas que han tenido estos años de convivencia en paz y en libertad. Y sin duda, nuestro sistema político, siempre mejorable, es una de ellas.
