2005 fue el año en el que los canarios pudieron contrastar la sensibilidad del Gobierno de España con una tierra como Canarias y su voluntad de contribuir decisivamente a su modernización.
Fue el 2005 el año de Delta, la tormenta que simboliza las adversidades meteorológicas a las que el pueblo canario -poco acostumbrado- tiene que enfrentarse. Sus efectos se notaron en todas las islas: hasta se cobró una vida y mutiló un monumento natural. Los daños fueron cuantiosos. Durante varios días, miles de tinerfeños convivieron a oscuras. Hasta que se recobró la normalidad, fueron unas fechas durísimas de trastornos individuales y colectivos incontables. Delta nos dejó enseñanzas, vaya que sí. Como las emergencias y los daños registrados en otros territorios insulares, también. Más y mejores previsiones, nuevos equipamientos, recursos más potentes: todo, en busca de la más eficaz y diligente respuesta. Desde el pronto auxilio al restablecimiento pleno de los servicios como prueba de solidaridad y de capacidad.
En esa respuesta, por cierto, debe ponderarse el cada vez más abnegado y profesional papel de cuantos integran los distintos cuerpos que sirven a la sociedad canaria que comprueba cómo no está desprotegida. Sanitarios, policías, bomberos, técnicos y operarios de toda condición han demostrado en todas estas situaciones su entrega y su pericia, a menudo olvidada o insuficientemente valorada. Y resultó estimulante contrastar en los hechos señalados la sensibilidad de la Administración General del Estado. Creemos, en efecto, que no es exagerado afirmar que nunca antes de Delta se ha dado una respuesta tan directa y tan eficiente. Desde medidas de ayuda contenidas en una disposición legal aprobada en Consejo de Ministros tres días después del paso de la tormenta a la presencia de miembros del Gobierno en los lugares más afectados, acreditando, de paso, la voluntad de coordinar con otras instituciones las acciones conducentes a la reparación de los daños ocasionados. Delta, en fin, fue sufrimiento, pérdidas, caos…Pero también sensibilidad, solidaridad y eficacia. Lo que los ciudadanos canarios esperan como comunidad integrada en el Estado.
Fue el suceso del año que, por fortuna, nos dejó episodios más agradables como la apertura del curso escolar en Fuerteventura, presidida por Sus Majestades los Reyes, que percibieron, seguro, el afecto y la entrega de los canarios. También nos acompañaron, por cierto, en ocasión de la entrega de las medallas de oro a las Bellas Artes ocurrida en Las Palmas de Gran Canaria. Entre nosotros, en Tenerife, celebraron su trigésimo aniversario de reinado. Y antes de que concluyera 2005, Lanzarote acogió, en el que era prácticamente su primer viaje, a la infanta doña Leonor, que lució espléndidamente en los brazos de sus padres, los príncipes de España.
La población canaria continuó viviendo en el 2005 el desasosiego que nos produce ver llegar a nuestras costas seres humanos que no han creído más horizonte para su futuro que el que le proporciona el mar. Un mar que, más que puerta a la esperanza, se convierte para muchos en un final trágico a tanta vida de amargura. No obstante, la frialdad de los números posibilitó un respiro al comprobar que el tráfico ilegal de personas hacia costas españolas disminuyó, registrándose la cifra más baja de inmigración irregular por vía marítima en todo el Estado desde 1999. Reducción especialmente sensible en Canarias, donde arribaron 4.751 personas, 3.768 menos que en el año anterior, si bien los puntos de destino se ampliaron, alcanzando a las islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Para afrontar esta situación -telón de fondo de un drama humanitario que afecta a millones de personas en el continente cercano- otra vez apoyo, sensibilidad y compromiso. Se firmó entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias un Plan Conjunto de Actuación en materia de Inmigración, en vigor desde mediados del pasado año. Se trata de una herramienta de colaboración entre administraciones necesaria para lograr objetivos imprescindibles como son habilitar los medios y procedimientos más adecuados para el salvamento marítimo y la primera atención de los inmigrantes que llegan a nuestras costas; la canalización ordenada de los flujos migratorios y la lucha contra la inmigración clandestina hacia el archipiélago; favorecer la integración de las personas inmigrantes y mejorar la cooperación existentes con los principales países de origen, así como promover la cooperación de la Unión Europea en la lucha contra la inmigración irregular.
La seguridad ciudadana es una de las inquietudes que más preocupa a los canarios. Mejorar la seguridad pública se hacía necesario, por tanto, no sólo para satisfacer esta necesidad de la ciudadanía, sino para garantizar unas condiciones fundamentales con el fin de favorecer el futuro y el desarrollo de nuestra comunidad y de una de nuestras principales actividades económicas, como es el turismo. Para ello, era preciso mejorar las dotaciones y los recursos humanos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que actúan en Canarias. La incorporación paulatina de agentes durante los dos últimos años hizo que las plantillas tanto de la Guardia Civil como del Cuerpo Nacional de Policía se cubrieran prácticamente, si bien la implantación de un Plan de Seguridad para el archipiélago facilita una ampliación de las plantillas policiales y alcanzar objetivos más ambiciosos.
Además de estas acciones puntuales con destino en nuestro territorio, en 2005 los canarios comenzamos a percibir también el beneficio que ha supuesto para todos la entrada en vigor o la aprobación por las Cortes de leyes que contribuyen a aumentar los derechos y mejorar la salud de los ciudadanos, o a desarrollar medidas que aumentan la seguridad de las personas y del país. La Ley de Autonomía Personal o de Violencia de Género, la nueva Ley de Educación o la Ley Antitabaco, son sólo algunos ejemplos puntuales de todo un cuerpo de normas que coadyuvan a modernizar nuestra sociedad. Además, la firma de un nuevo convenio con el Estado en materia de carreteras nos permite garantizar que el progreso de Canarias pasa por impedir el estancamiento de su infraestructura viaria. Pero si el desarrollo de las infraestructuras resulta imprescindible para garantizar el porvenir de nuestras islas, tal desarrollo no sería posible si no prestáramos idéntica atención a la cultura y el medio ambiente. En esta línea, podemos destacar el apoyo prestado por el Gobierno para salvar la doble barrera que presenta la insularidad -distancia y costes- que los artistas canarios han de padecer para ofrecer su obra en el exterior, así como los convenios firmados con el Ministerio de Medio Ambiente para la gestión integral y sostenible de nuestro litoral y para el desarrollo de un sistema integrado de información meteorológica.
2005, en definitiva, con otros logros y avances, fue el año en el que los canarios pudieron contrastar la sensibilidad del Gobierno de España con una tierra, la canaria, que fortalece su identidad haciendo gala de sus cualidades, de su idiosincrasia y de su voluntad de contribuir decisivamente a la modernización.