El año 2005 acabó pronto con toda esperanza de dejar atrás el clima político bronco y crispado que caracterizó la última etapa de la ‘era Aznar’. Quienes con cierta dosis de ingenuidad vaticinaron una legislatura más serena, no contaban con la beligerancia sin cuartel que el Partido Popular (PP) habría de adoptar como estrategia desde el banquillo de la oposición.
La intensidad de la agenda política del Gobierno de Zapatero -Estatutos de autonomía, modelo educativo, matrimonio homosexual, financiación sanitaria y política antiterrorista- ofreció al PP, ya enrocado en el no por sistema, un cómodo trampolín para abonar el terreno del enfrentamiento. El año empezó con tensión, marcado por el debate sobre el modelo de Estado. El pacto que Rajoy propuso a Zapatero para salvaguardar la unidad nacional -supuestamente amenazada por las reformas estatutarias- y fijar el alcance de eventuales cambios en la Constitución, se atascó antes de arrancar por diferencias sobre el nivel político de la mesa de negociación.
Tras el rotundo rechazo del Congreso al Plan Ibarretxe, quedó desactivado el proyecto soberanista para Euskadi y tomó el relevo el Estatuto catalán, que desde entonces concentró todas las miradas como listón de autogobierno para el resto de las autonomías. Y como símbolo de la desintegración de España para el PP. Entre medias se coló con toda tranquilidad el estatuto valenciano, que llegó a las Cortes en septiembre ponderado por unos y otros como ejemplo de respeto a la Constitución. Pero el acuerdo entre Gobierno y oposición en pro del necesario consenso sobre la arquitectura institucional no acabó de llegar. Zapatero y Rajoy se volvieron a reunir en La Moncloa en otoño, sólo para constatar que las posturas estaban entonces más lejos que nunca. A todos los niveles.
El alejamiento más notorio y mediático se fragua en torno a la forma de enfocar posibles soluciones al problema del terrorismo. Todos los partidos con representación parlamentaria, a excepción única del PP, acuerdan en el Congreso autorizar al Gobierno a abrir una negociación para la paz si ETA renuncia a la violencia, nunca antes. La política antiterrorista se convierte así en el principal ariete de la oposición contra Zapatero, a quien Rajoy llega a acusar de “traicionar a los muertos” en pleno debate del estado de la Nación. Y el ministro de Defensa, José Bono, fue agredido en una manifestación de apoyo a las víctimas que derivó en insultos al presidente del Gobierno.
La segunda manifestación ya se convoca, con el apoyo directo del PP, en contra del diálogo con ETA y cuenta con la presencia de Aznar. Los populares, que tanto criticaron la política de pancarta de Zapatero cuando éste lideraba la oposición, se echan ahora a la calle. El pacto por las libertades y contra el terrorismo -donde se establece que la política contra ETA la fija el Gobierno y se renuncia a utilizar el terrorismo con fines partidistas- se da por roto extraoficialmente, aunque ninguna de las partes reconoce ser responsable de la ruptura. El PSOE acusa al PP de “deslealtad” por hacer de la política antiterrorista objeto de discrepancia pública a favor de sus intereses de partido. Ya no hay vuelta atrás.
Derecha y jerarquía eclesiástica
Y llegan más manifestaciones contra el Gobierno alentadas por los conservadores, con la inestimable colaboración de la Iglesia. O al revés. Entra en escena la reforma educativa y la polémica sobre la libre elección de la asignatura de religión. El debate se endurece y gana decibelios. La reforma del Código Civil que equipara los matrimonios homosexuales echa más leña al fuego para la derecha y la jerarquía eclesiástica, que ven en la concesión de derechos a las parejas del mismo sexo el principio del fin de “la sagrada institución de la familia”. Monseñor Blázquez asume la presidencia del conferencia episcopal y el Papa Benedicto XVI se estrena con duras críticas al laicismo de las reformas que lleva a cabo el Gobierno español. Estado e Iglesia, pese a todo, sientan en varios encuentros las bases para mantener un diálogo fluido.
Mientras, la falta de consenso paraliza la reforma de la Constitución que Zapatero traía en su programa electoral, centrada en cuatro puntos: la sucesión a la Corona, la reforma del Senado para convertirlo en Cámara de representación territorial, la denominación de las Comunidades Autónomas y la mención a la Constitución Europea. Modificar ahora la Carta Magna no es una prioridad para el PP y durante el debate sobre el estado de las Autonomías en la Cámara Alta, Zapatero lo deja claro: “Si ustedes no están dispuestos, yo ni voy a intentarlo”. Y hasta la negociación de las perspectivas financieras de la Unión Europea (UE) para el periodo 2007-2013 se convierte también en motivo de trifulca, pese a que de antemano estaba claro que España perdería fondos a favor de los países de reciente incorporación de renta per cápita mas baja. No hay matices: o blanco o negro. En febrero, España se había convertido en el primer Estado miembro en aprobar la Constitución Europea, en un referéndum que concitó el 42% de participación, pero el rechazo de Francia y Bélgica estancó el proceso y sumió al Tratado en un mar de incertidumbre.
La consigna de que Zapatero se ha vendido al tripartito catalán y está atado de pies y manos para gobernar comienza a dar réditos electorales al PP, que logra concitar en torno a su estrategia al sector más duro de la militancia y acorta terreno en las encuestas. El Gobierno socialista reacciona sacando a sus ministros por toda la geografía española a divulgar los avances legislativos, especialmente en el terreno social, su mejor asignatura. La idea es contrarrestar el desgaste con un mensaje en positivo. A un tiempo, Zapatero busca ampliar sus alianzas parlamentarias con un doble objetivo: escenificar la soledad del PP y garantizar la gobernabilidad en caso de que alguno de sus socios -ERC, por ejemplo- se desmarque en el Congreso. Pero, frente a las expectativas de algunos partidos, el Gobierno descarta de momento pactos estables y mantiene la política de apoyos puntuales.
En el escenario de desconfianza hacia todo lo catalán dibujado por el PP, la OPA de Gas Natural sobre Endesa convulsionó las aguas económicas y políticas. Los populares acusaron al ministro de Industria, José Montilla, de maniobrar para favorecer a Cataluña en detrimento del interés de los consumidores. No prosperó su reprobación, pero sí el boicot a los productos catalanes, aunque Rajoy brindara con cava para quitarse de encima el sambenito de anticatalanista. La bronca está en la calle y encuentra reflejo en los medios de comunicación, pero no coarta el normal desarrollo de la legislatura: a final de año el Gobierno socialista saca adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2006 con más apoyos que en el ejercicio anterior. Y en diciembre se logra también un primer acuerdo sobre el Estatut, a costa de dejar para más adelante las competencias y la financiación.
Con todo, Rajoy, que alguna vez intentó serenar a su partido invitando a mirar hacia el futuro en vez de recordar “lo que pasó” (una imprevista salida del Gobierno de difícil digestión), acabó el año secundando la línea dura de Acebes y Zaplana, bajo la atenta mirada de la FAES, el laboratorio de ideas popular presidido por Aznar. Y eso, pese a haber prometido que no iba a hacer política con las vísceras.
2005: Un año de manifestaciones
Víctimas del terrorismo (22 Ene).- Marcha en Madrid en apoyo de las víctimas del terrorismo impulsada por la AVT, que se convierte en una manifestación contra el Gobierno. El PP anima a sus dirigentes a participar de forma activa y el ministro José Bono es agredido. Asistencia: 35.000.
Contra Diálogo con ETA (4 Jun).- Manifestación organizada por la AVT con el apoyo del PP (asisten Aznar y Rajoy) para rechazar la resolución aprobada democráticamente por el Congreso de los Diputados con el apoyo de doce de los trece grupos parlamentarios. Asistencia: 240.000.
Contra traslado Archivo de Salamanca (11 Jun).- Protesta convocada por el Ayuntamiento de Salamanca (PP) contra la decisión de trasladar a Cataluña una parte de los fondos del Archivo de la Guerra Civil. Asistencia: 35.000 (Policía Nacional) – 75.000 (Policía local).
Contra matrimonio homosexual (18 Jun).- Manifestación organizada por el Foro de la Familia y apoyada por la iglesia católica y el PP (asisten Acebes y Zaplana) contra la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. Asistencia: 166.000 (Gobierno) -1.500.000 (Organizadores).
Contra escaso trasvase Tajo-Segura (14 Jul).- Manifestación organizada en Murcia contra lo considerado un escaso trasvase de agua del Tajo (Castilla-La Mancha) a los regantes valenciano-murcianos. Asisten Rajoy, Arenas, Camps (Valencia-PP) y Valcárcel (Murcia-PP). Asistencia: 75.000 (Gobierno) – 400.000 (Policía local).
Contra la LOE (12 Nov).- Manifestación organizada por la Confederación de Padres Católicos y apoyada por la iglesia y el PP contra la Ley Orgánica de Educación, respaldada mayoritaria y democráticamente por el Congreso de los Diputados. Asistencia: 407.000 (Gobierno) – 2.000.000 (Organizadores).
Contra el Estatut (3 Dic).- Acto de apoyo a la Constitución y de rechazo al Estatut de Catalunya organizado por el PP, tras la admisión del proyecto a trámite por el Congreso de los Diputados, con el apoyo de doce de los trece grupos parlamentarios. Asistencia: 200.000 (Comunidad de Madrid).
