Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, las dos capitales canarias, quieren acabar esta legislatura con un reconocimiento explícito a la condición de ambas ciudades, por el que percibirían ayudas oficiales para sobrellevar el coste de capitalidad. Todo ello, a través del Estatuto de Capitalidad, un documento que ha dado sus primeros pasos con el acuerdo alcanzado el pasado mes de enero entre el presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín, la alcaldesa Josefa Luzardo y el alcalde Miguel Zerolo.
La intención de Adán Martín es llevar el Estatuto de Capitalidad al Consejo de Gobierno para su posterior tramitación como Ley en el Parlamento de Canarias. Una vez aprobado, ambas capitales verán cumplida su aspiración de aumentar sus gastos corrientes a través de fondos del Gobierno Autónomo. En el Proyecto de Ley se reconoce la capitalidad compartida de los dos municipios, se determina la creación del Consejo de Capitalidad y se incorpora la propuesta de que ambas ciudades reciban una financiación específica por el hecho de ser capital de Canarias. Los criterios de la financiación y qué cantidades van a recibir cada una de estas dos ciudades están aún por definir.
El Estatuto prevé la constitución del Consejo de Capitalidad -órgano colegiado, de carácter permanente y consultivo, compuesto por el presidente del Ejecutivo autónomo y los alcaldes de ambas ciudades-, que decidirá año a año, y antes de la aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos, las cantidades que corresponden a Las Palmas y Santa Cruz. El documento negociado en enero por Martín, Luzardo y Zerolo constituye el primer acuerdo -hasta ahora sólo ha habido declaraciones de intenciones- de las administraciones que representan. Ya el antecesor de Luzardo en el Ayuntamiento, José Manuel Soria, se había manifestado respecto al Estatuto de Capitalidad en consonancia de como lo hiciera su homólogo en Santa Cruz, Miguel Zerolo.
Estas ciudades tienen en común unos elementos que justifican el Estatuto de Capitalidad. Por un lado, mayor gasto corriente (limpieza de calles, espacio públicos, energía eléctrica, Policía Local, servicio de limpieza, recogida de basura…), no sólo para atender a su población, sino a toda aquella que acude de manera habitual a las grandes concentraciones de personas que se generan, por ejemplo, en fiestas como el Carnaval, conciertos, manifestaciones, e incluso partidos de fútbol. Además, al no existir una descentralización de ciertos servicios públicos, su territorio alberga los edificios administrativos y servicios esenciales como los hospitales generales, que constituyen, día a día, un foco de concentración de personas provenientes de otros municipios e, incluso, de otras islas.
Criterios de financiación
De todas formas, los criterios de la financiación y qué cantidades van a recibir cada una de estas dos ciudades están aún por definir y las partes implicadas han preferido un “estatuto de mínimos” que no constituya en sí mismo un obstáculo para su tramitación inicial, para irlo enriqueciendo después con las diferentes aportaciones. Actualmente, los grupos políticos del Ayuntamiento de Santa Cruz trabajan en la comisión de capitalidad, donde están los portavoces de los grupos con representación en la corporación.
Si el Estatuto de Capitalidad tiene como objetivo principal garantizar una financiación específica para las dos capitales, éste es precisamente el apartado menos desarrollado en el citado documento, dejando al Consejo de Capitalidad, órgano colegiado de carácter permanente y consultivo, “el estudio y valoración de la financiación, mediante al determinación de su coste sobre la base de los criterios que dicho Consejo establezca, así como la fijación de los instrumentos de compensación precisos”.
Pero no sólo estas dos capitales han solicitado un estatuto especial. En Canarias también lo han hecho las villas marianas de Candelaria (Tenerife) y Teror (Gran Canaria). En este último caso ya se ha iniciado la negociación entre el Gobierno canario y los respectivos ayuntamientos. La que sí está paralizada es la solicitud que han hecho algunos ayuntamientos turísticos para tener su estatuto especial por los servicios que tienen que gestionar no sólo para sus vecinos, sino para la población flotante que constituye el turismo y la que se genera alrededor de este sector económico.
