En un intento de desterrar el letargo que parece incrustado en el sindicalismo de las islas según el post-franquismo avanza con los años, las direcciones de los sindicatos más representativos en Canarias, CCOO y UGT, han optado por un golpe de timón al poner al frente de sus direcciones regionales, por primera vez en su historia, a dos mujeres, Delia Rodríguez Jiménez en CCOO y Alicia Rodríguez Betancort en UGT.
Más allá de la coincidencia en el primer apellido y en la condición de mujer, este giro abre la incógnita de si CCOO y UGT se contentarán con una línea continuista o impulsarán una regeneración en el brío sindical del archipiélago. Ambas dirigentes han asumido el liderazgo regional de sus respectivos sindicatos en un año, 2005, en el que el malestar por las condiciones laborales cristalizó en conflictos en el sector sanitario público, la maltrecha industria tabaquera de las islas, la hostelería, el tomate o los trabajadores de Binter Canarias, por citar sólo aquellos que han ocupado la atención preferente de los medios de comunicación. Pero el malestar puede estar más enraizado de lo que puede reflejar una huelga sectorial en un momento determinado. Según la EPA, Canarias acabó el año con 103.100 parados (y la media anual es aún mayor) y una tasa de desempleo del 10,67 por ciento, la tercera más alta del país. Y por provincias, el paro en Las Palmas se situó en el 11,83 por ciento, y en Santa Cruz de Tenerife lo hizo en el 9,39 por ciento.
Aunque los responsables autonómicos atribuyen reiteradamente el nivel de desempleo a la masiva llegada de trabajadores foráneos, los sindicatos mayoritarios coinciden en que el mercado laboral canario ha asumido unas taras que someten a los trabajadores a condiciones de cuasi-esclavismo. Las islas están a la cabeza de España en empleo precario, contratos temporales -en algunos sectores se hacen contratos por días e incluso horas- y los sueldos son los más bajos del país. Además, existe una crónica discriminación salarial y profesional para las trabajadoras. Ante esta situación, sin embargo, no parece que los sindicatos hayan sido capaces de aglutinar un movimiento reivindicativo poderoso. Las históricas manifestaciones del Primero de Mayo han sucumbido a la indiferencia general y se asemejan más a la excursión de una panda de amigos que pasean acompañados de banderas y altavoces, en medio de una cansina letanía de eslóganes multiuso.
Se trata, además, de una fecha en la que persiste la tradicional división entre los sindicatos estatalistas y el nacionalista por excelencia, Intersindical Canaria, que continúa siendo el tercero en discordia y que muestra gran efectividad a la hora de movilizar a sus afiliados. Intersindical no duda en recurrir al conflicto si la negociación no surte sus frutos y presume de sus diferencias: un marco específicamente canario para las relaciones laborales y una ley de residencia que racionalice la circulación de mano de obra foránea, entre otras premisas, como la reivindicación del derecho de autodeterminación y la soberanía nacional para el archipiélago.
Enfrente está CCOO, el sindicato con mayor representación en Canarias, con una secretaria general, Delia Rodríguez, que sucedió en el VII Congreso a Manuel González Izquierdo y que defiende las ventajas de la Unión Europea, aunque considere “insuficiente” el proyecto de construcción comunitario. Rodríguez tiene como principal reto expandir la presencia de CCOO y potenciar su capacidad de influencia sociopolítica, entre otras razones, para conseguir la redistribución de la renta en Canarias. Igualmente, Alicia Rodríguez, que sustituyó a Carlos Ucha como secretario regional en el IV Congreso de UGT, se propone reforzar las políticas de comunicación del sindicato y define como una de sus prioridades la lucha por atenuar las dificultades que encuentran los jóvenes para acceder al mercado laboral, en el que habitualmente desempeñan trabajos que no se corresponden con su nivel de formación.
Cambio en la Consejería
Las exigencias sindicales pasan, además, por su inevitable papel como interlocutores ante la Administración en un año en el que la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales pasó en mayo de la controvertida Agueda Montelongo, del PP, a la nacionalista Marisa Zamora. En la gestión desarrollada por los populares hubo divergencias con los principales sindicatos, que reprocharon al Ejecutivo autonómico su desinterés por impulsar los acuerdos de la concertación social, entre los que se encuentra la ley de rentas mínimas que ha quedado adormilada en el camino. Mayores fueron aún las discrepancias en torno a los planes de empleo Prometeo, que se han formalizado en todas las islas en medio de acusaciones de clientelismo y favoritismo, siempre con la aciaga sombra del pleito insular al acecho. Mientras, los sindicatos deberán medir sus fuerzas en los próximos meses con la patronal, que augura una etapa de menor dinamismo económico y que no cesa de pedir “medidas de flexibilización”, llámense mayores facilidades para el despido, para encarar las deficiencias del mercado laboral canario.
No hay que olvidar que los principales sectores que generan empleo en las islas, como la construcción, el turismo y los servicios a empresas, registran un elevado porcentaje de temporalidad y son responsables en gran parte de la escasa productividad y competitividad de la economía canaria. A todas estas, los sindicatos deberán vigilar también atentamente los movimientos en Madrid y Bruselas, pues en 2006 se juegan las cartas que decidirán el futuro de las ayudas del REF. Y se echa de menos la visión sindical sobre el destino de la Reserva de Inversiones de Canarias, en pleno ojo del huracán.