Fumata blanca. ‘Habemus reforma’. Cuando en 2001 la Unión Europea (UE) estableció que, a más tardar el 1 de enero de 2006, introduciría un cambio en el sistema de régimen exterior de la Organización Común de Mercado del plátano (OCM), cuyo objeto es dictar las reglas de juego de esta fruta dentro del mercado europeo, los cambios parecían lejanos. Pero la reforma ya está aquí.
En el año 2001 se dio el pistoletazo de salida a una carrera de medio fondo con participación de todos aquellos países y grupos de presión con intereses en el sector platanero… y con capacidad para influir en el diseño de la nueva regulación, para así conseguir que ésta reflejara sus principales conveniencias. En concreto, la decisión adoptada por la institución comunitaria con la que se pretendía poner fin a los numerosos conflictos comerciales plataneros en el seno de la Organización Mundial de Comercio (OMC) consistía en que, a partir de aquella fecha, a principios de 2006, se sustituiría el sistema de importación vigente -en el que estaba limitada cuantitativamente la entrada de plátano de fuera en la Unión Europea, conocido como sistema de contingentes- por un sistema arancelario en el que la única barrera para vender plátano en la Europa de los Veinticinco vendría marcada por el pago de un canon o arancel.
Desde entonces, el término tariff only (como se conoce en la jerga comunitaria el sistema de protección sólo arancelario) ha formado parte de las conversaciones cotidianas de los agricultores plataneros isleños, que lo han identificado con sus sensaciones de incertidumbre e inseguridad sobre el futuro del cultivo más allá de 2006. Tras más de un lustro de negociaciones, iniciativas y presiones por parte de unos y otros (incluso dos propuestas de la Comisión Europea, de 230 euros por tonelada y de 187, anteriores a la finalmente establecida, fueron retiradas por el rechazo de la OMC, entidad que arbitra el comercio mundial), el conclave de Bruselas, conformado por todos los países de la UE, ha dictado que, finalmente, Habemus reforma, y que el nuevo sistema se aplicará a partir del 1 de enero de 2006 con un tipo arancelario de 176 euros por tonelada. Esta cifra, que parece no satisfacer a ninguna de las partes en conflicto, se sitúa entre el umbral solicitado por los agricultores canarios, 275 euros por tonelada, y los 75 requeridos por los principales exportadores a la UE.
Llegados a este punto, cabe preguntarse si realmente el cambio de sistema puede golpear de manera significativa al sector platanero del archipiélago y cuáles son las herramientas con las que éste cuenta para hacer frente a la nueva situación. La gran brecha existente entre los productores europeos y los latinoamericanos o africanos en lo relativo a condiciones laborales, salariales, de protección social y medioambiental en la producción de plátanos, con incidencia directa en los precios de venta, justifica la existencia de sistemas de protección de cara a posibilitar un hueco en el mercado para los productores europeos, como es el caso de los canarios. Actualmente, con una producción cercana a las 900.000 toneladas (400.000 de Canarias), los agricultores de plátano europeos abastecen apenas el 19% del mercado comunitario, mientras que el resto es cubierto por producciones de América y África, controladas en su mayoría por multinacionales (cinco empresas comercializan el 73% de la fruta). El sistema aplicado hasta finales de 2005 tomaba como punto de partida esta situación y, en la medida en que adaptaba la entrada de plátanos de fuera de la UE a la demanda de los consumidores y a la producción europea, el mercado estaba equilibrado.
El presente y los retos de futuro
No obstante, la aplicación de la tarifa única amenaza con poner patas arriba el mercado europeo, ya que la supresión de los límites de entrada de fruta, independientemente del tipo de arancel establecido, va a suponer que las principales entidades que comercializan los plátanos de fuera de la UE intenten ampliar, a toda costa, su porción del pastel con estrategias de precios bajos. Los primeros damnificados de estos procesos serán los agricultores de las zonas productoras de Europa. El efecto inmediato puede ser que el mercado platanero más rentable del mundo deje de serlo y que las zonas productoras que no sepan adaptarse a esa competencia feroz deban abandonar. En medio de esta batalla campal se encuentran los plataneros canarios. El hecho de que el grado de protección vaya a ir disminuyendo progresivamente en el futuro es una señal inequívoca de que los agricultores isleños no deben optar, como mayormente se ha venido haciendo, por la competencia a través de precios con países con salarios que son el 10% de los aplicados en el archipiélago, pero sí por la diferenciación a través de indicativos de calidad de sus producciones y por el uso de métodos de producción respetuosos con el medio natural y la salud de los consumidores, como es, por ejemplo, la agricultura ecológica.
Los efectos negativos de la reforma sobre la producción y la superficie cultivadas en las islas van a depender de que ese cambio en la orientación se produzca (la producción comercializada de Canarias fuera de las islas en 2004 se situó en 383.585 toneladas; y en 2005, en 315.464. El descenso del 17,76% no puede ser explicado directamente por la reforma, si bien se puede relacionar con el posicionamiento de las entidades de comercialización de cara al nuevo entorno), para lo que urge aprovechar aquellas fortalezas y oportunidades, que ya se poseen y que son: un sistema de ayuda compensatoria de la UE vinculado a la producción, unas relaciones con los maduradores de fruta y entidades de distribución forjadas en el tiempo y la fidelidad y el reconocimiento del consumidor de la Península (el plátano es, después de la naranja y la manzana, la tercera fruta más consumido en España. Fuente: MAPA, 2005). Igualmente, como reto más difícil, dado que parece estar incrustado en el carácter del platanero de las islas, hay que dejar de lado rencillas y los ombliguismos insanos, para profundizar en la concentración de entidades y estructuras de comercialización. El modelo actual, con más de setenta marcas en el mercado y decenas de chiringuitos de andar por casa, debe dejar paso a uno en el que coexistan sólo dos o tres comercializadoras de entidad suficiente como para poder garantizar la venta en el nuevo entorno.
