Si 2005 pasase a la historia de Las Palmas de Gran Canaria, que seguramente no será el caso, sería recordado por los avatares políticos a que dio lugar la vieja aspiración de la ciudad de desarrollar su frente marítimo. Aunque esta historia tiene su comienzo exactamente un año antes del que se ocupa esta crónica, fue en éste cuando se produjo el cruel desenlace para un proyecto que se esfumó de la misma forma que nació: en un día.
Si la operación urbanística del istmo de Santa Catalina se desveló una mañana de enero de 2004 sin ningún otro antecedente, sin que formara parte de los programas electorales de los partidos políticos, ni fuera una demanda vecinal, social o empresarial (y si esta última existió, no fue generalizada), también su ocaso se perpetró exactamente igual: en un solo día, el 5 de mayo (el cinco del cinco de 2005), cuando el consejo de administración de la Autoridad Portuaria aprobó por amplia mayoría anular el polémico concurso entre arquitectos que había declarado ilegal la Comisión Europea, sentencia que el Ministerio de Fomento llevaba meses intentando ejecutar.
Durante los primeros cinco meses del año, la polémica del istmo centró la actualidad municipal. La aparente calma de otros sectores sociales y el lento desarrollo de los otros proyectos de ciudad de la alcaldesa Pepa Luzardo pasaban desapercibidos cada vez que se mentaba La Gran Marina, el pomposo nombre con que Ayuntamiento y Cabildo, ambos presididos por dirigentes del Partido Popular, y el presidente de la Autoridad Portuaria, José Manuel Arnaiz, habían bautizado la actuación. Daba la impresión, en ese tiempo, que nada más ocurría en la capital. Si la regidora acudía a un acto con escolares en un parque, la noticia del día era tal o cual declaración contra el Ministerio de Fomento y sus presuntas ansias de “pisotear” Las Palmas de Gran Canaria, o airados reproches a los devaneos del máximo responsable del Puerto, que empezaba a recular tras defender con pasión durante meses, enfrentándose a dos ministros, Francisco Álvarez Cascos y Magdalena Álvarez, los planes portuarios de Luzardo y del presidente insular, José Manuel Soria.
Pero La Gran Marina acabó desvaneciéndose por una inapelable cuestión de mayorías: la irrupción del PSOE en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria, producto del triunfo socialista del 14-M, y el convencimiento de los representantes de CC de que sin el apoyo ministerial y bajo el yugo de Bruselas la financiación del Puerto de La Luz empezaba a correr serio peligro. Por mucho que los defensores del proyecto del istmo intentaron convencer a quienes quisieron escucharles que seguirían adelante con la operación, la realidad acabó superándoles: en ese mismo mes de mayo, la alcaldesa ya rechazaba las preguntas periodísticas sobre la polémica. “¿Otra vez el istmo? Qué aburrido ¿no?”, llegó a responder en una ocasión.
El barranco de Guiniguada
Aquel 5 de mayo, en todo caso, marcó un antes y un después en la gestión de la alcaldesa, pero no echaría el telón a los planes del Ayuntamiento para el frente marítimo. En realidad, y casi pareciendo un contrasentido, cuando el proyecto del istmo alcanzó su máximo nivel, a principios de año, tras fallarse el concurso luego ilegalizado a favor de los arquitectos Carlos Ferrater y César Pelli, arrancaba otra actuación que, esta sí, tiene todas las bendiciones para cambiar la fisonomía costera de la ciudad: la reordenación del barranco Guiniguada.
Joan Busquets, un arquitecto paradójicamente también elegido a dedo, pero sin dar apariencia de que participaba en un concurso, como ocurrió con sus colegas con menos suerte Ferrater y Pelli, presentaba un ambicioso proyecto que pretende reunificar las dos orillas del casco histórico con un nuevo frente que sustituya al desfasado scalextric. A diferencia del istmo, al otro lado de la ciudad, la propuesta del Guiniguada ya está en marcha, con el inicio de las obras de demolición de la vetusta estructura de hierro que durante 30 años ha unido por carretera los extremos de Vegueta y Triana salvando la desembocadura del barranco.
La propuesta no sólo contempla la reunificación de ambas riberas, que se pretende excavando de nuevo el cauce en la desembocadura, sino también el reencuentro del núcleo fundacional de Las Palmas de Gran Canaria con el mar. Busquets plantea para el Guiniguada el soterramiento de la avenida marítima para dejar en superficie un lago y una gran plaza que se inunda en marea llena, y que se encuentra al nivel del mar. Sobre esa cota se construirá el paseo marítimo de mayor anchura de cuantos existen en las ciudades españolas, por el que se podrá caminar y hacer deporte entre otras grandes posibilidades. Desde él, además, se facilitará el acceso ciudadano al mar a base de escalinatas y pequeños pantalanes donde pescar y, quizá, bañarse.
El proyecto está íntegramente financiado por fondos públicos, probablemente su diferencia más sustancial con aquella otra propuesta de La Gran Marina, pagada con dinero privado a cambio de sustanciosas rentabilidades. Hecha la salvedad de la actuación del Guiniguada, que mantiene vivas este año las aspiraciones de la ciudad por desarrollar su frente marítimo, las aventuras costeras del gobierno de Luzardo se ampliaron también a la orilla menos explorada de Las Palmas de Gran Canaria, El Confital. La alcaldesa, a quien la historia podrá pasar factura por muchas cosas, pero también tendrá que reconocerle su decisiva intervención en la compra del paraje, centró sus esfuerzos durante la segunda parte del año en promover junto a la Dirección General de Costas el proyecto de usos de la bahía, una actuación que ya está ultimada y que puede ser una realidad en 2006, pero que tuvo su parte de polémica por la negativa municipal a aceptar acampadas en la zona. Este último asunto, con activa participación policial incluida, a punto estuvo de empañar su logro.
Cambio de paso de Luzardo
Si de algo le sirvió a Luzardo la paralización del istmo fue para cambiar el paso y fijar su atención en las prioridades que, estas sí, son una demanda ciudadana. En el mismo mes de mayo en el que se declaraba “cansada” de hablar de La Gran Marina, la alcaldesa empezaba a planear la elaboración de un plan extraordinario de barrios. Se trataba de acometer obras de primera necesidad del tipo alcantarillado, aceras o asfaltados en aquellos núcleos que, en ese aspecto, están aún en el siglo XX. Pero esa iniciativa, en todo caso reivindicada desde la bancada de la oposición por socialistas, especialmente, y también por la coalición CC-Compromiso, se topaba con un problema fundamental: necesitaba dinero. Para eso, Luzardo se planteó primero la fórmula de la venta de patrimonio, ideando desprenderse de las acciones municipales en la compañía del agua, Emalsa, pero sus socias privadas en la entidad no le dieron los millones que pedía. Al final tuvo que solicitar un crédito de 30 millones de euros a los bancos que, además de resolver los problemas en algunos barrios, hipotecarán un poco más el futuro del Ayuntamiento.
En el otoño, la política penitenciaria fue otro motivo de enfrentamiento entre gobierno y oposición. Los problemas de saturación de la cárcel de Salto del Negro y las intenciones del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de corregirlos con una prisión provisional en La Isleta acabaron en un agrio debate entre el concejal Felipe Afonso y el portavoz socialista y líder de la oposición, Arcadio Díaz Tejera. Ambos justificaron sus posiciones ambiguas acusándose de mentirosos. El primero, porque así lo acreditó el segundo con un documento que probaba que negoció el penal con Madrid a cambio de dinero para la reforma del teatro Pérez Galdós; y el segundo, porque cambió su apoyo total a la propuesta del Ministerio del Interior por su rechazo radical. Pero ninguno pensó en los presos ni en sus familias.
Y 2005 fue también el año de la ruptura del tercer grupo de la corporación. La coalición entre CC y la Red Compromiso de la concejala Nardy Barrios saltó por los aires como consecuencia directa de la crisis de los nacionalistas en Gran Canaria. La división se zanjó finalmente sin sangre y ambas formaciones cohabitan sin estridencias en la amplia oposición municipal. Eso sí, el año acabó para la política municipal con dos nuevos frentes abiertos para la alcaldesa: el conflicto de la Policía Local, en el que confluyen problemas laborales y cuestiones de poder con la cúpula del cuerpo, y el cambio de pavimento de la más célebre calle comercial de la ciudad, Triana, obra a la que se oponen los empresarios. Estas dos cuestiones, junto con las actuaciones del Guiniguada y El Confital, las obras en los barrios, la última etapa de la reforma del teatro Pérez Galdós y la más que probable resurrección de la polémica del istmo por intereses puramente políticos, serán los grandes asuntos que centrarán la actualidad municipal de Las Palmas de Gran Canaria durante 2006.
