El Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno español confirmó el 24 de noviembre de 2005 que, en los dos años anteriores, siete aviones fletados por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) habían hecho escalas en los dos aeropuertos de Tenerife, ninguna de las cuales superó los dos días. De esta forma, el Ejecutivo admitía las informaciones periodísticas publicadas meses atrás.
El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, prometía en esa comparecencia de noviembre que cooperaría con la investigación dirigida por el Consejo de Europa y con las autoridades judiciales locales, pero especificaba que estaba convencido de que esas escalas de los aviones de la CIA no habían contravenido, según la información de la que disponía, las leyes estatales e internacionales. Siete meses antes, el periódico La Opinión de Tenerife adelantaba en una serie de informaciones y reportajes que estos vuelos habían pasado por los aeropuertos tinerfeños Reina Sofía y Los Rodeos, que se trató de viajes civiles con los que la CIA camufló el traslado de supuestos terroristas a terceros países, que estos retenidos carecían de cobertura legal y de acusaciones formales, y que la naturaleza de los operativos iban en contra de las leyes internacionales y suponían casos flagrantes de secuestros de personas apresadas por medio mundo y acusadas de participar en actividades terroristas.
Dificultades para investigar
El Consejo de Europa, en un informe del pasado mes de febrero de 2006, incluía a España entre los numerosos países que no estaban colaborando con las investigaciones. Y poco antes, Colin Powell, ex secretario de Estado de EEUU, admitía que muchos de los servicios secretos de los gobiernos europeos -en donde fueron realizadas las retenciones por parte de los agentes de la CIA, por donde habían pasado los vuelos o donde habían sido conducidos los retenidos- colaboraron con el espionaje norteamericano en estas prácticas. El Gobierno de Canarias y el grupo parlamentario de Coalición Canaria requirieron en varias ocasiones información clara sobre este asunto a Madrid, mientras la Fiscalía General del Estado encargaba una investigación al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Las respuestas, sin embargo, no fueron nada concisas y la justicia canaria no pudo apenas obtener datos de su investigación al tratarse de operaciones secretas realizadas, además, por el servicio más poderoso del mundo. Pero, ¿qué sucedió?, ¿a dónde fueron y de dónde venían estos vuelos?, ¿por qué el Gobierno nacional ha actuado con ambigüedad?
Fueron exactamente 22 los vuelos irregulares que el Ministerio de Asuntos Exteriores confirmó que hicieron escala en España: trece en Mallorca, siete en Tenerife y dos en Ibiza. El primer medio español que denunció los casos de la principal isla balear fue el Diario de Mallorca, que desde marzo inició una serie de informaciones al respecto gracias a una investigación de sus redactores y a fuentes de medios de comunicación de primer nivel de Estados Unidos, entre ellos The New York Times. Según estas fuentes y la contrastación de los datos en el aeropuerto mallorquín de Son Sant Joan por parte del diario, estos aparatos, dos jets Gulfstream y un Boeing 737, repostaron en esta instalación en operativos de traslado de supuestos terroristas a bases militares estadounidenses en suelo extranjero, principalmente Guantánamo (Cuba), o a centros secretos de terceros países donde los agentes estadounidenses o locales podían realizar torturas con total impunidad. Entre estos países se encontrarían Irak, Afganistán, Libia, Argelia, Egipto, Siria, Jordania, Rumanía, Macedonia, Marruecos, República Checa, Azerbayán, Polonia y Uzbekistán.
En los casos de Canarias, la posición estratégica de las islas en el Atlántico hizo que siete de estos vuelos hicieran escalas en sus aeropuertos (cinco en el Reina Sofía y dos en Los Rodeos). En concreto, fueron dos los aparatos empleados en estos viajes por la CIA, un jet Gulfstream IV y otro jet Gulfstream V, ninguno con capacidad superior a 26 personas, que operaron con matrículas cambiadas y bajo empresas u organizaciones civiles tapadera. Las rutas detectadas por Exteriores, que se produjeron entre junio de 2003 y septiembre de 2004, fueron las siguientes: dos Washington-Rabat (Marruecos), dos Rabat-Washington y un Washington-Nairobi (Kenia), un Guantánamo-Bucarest (Rumanía) y un Tripoli (Libia)-Washington. El vuelo Guantánamo-Bucarest fue el que despertó más sospechas. Sobre él, Luis Mardones, portavoz de CC-NC en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, refirió irónicamente que “no es precisamente un trayecto turístico que ofrezcan las agencias de viaje”.
Ya son bien conocidas las peticiones de cierre del centro de retención que posee Estados Unidos en esta base instalada en suelo cubano, donde más de 500 supuestos terroristas llevan años retenidos sin asistencia legal ni acusaciones formales y bajo un trato que se podría considerar perfectamente como de tortura. Organizaciones no gubernamentales de primer nivel internacional como Amnistía Internacional, Human Rights Watch o Cruz Roja Internacional han denunciado la situación de Guantánamo, así como las claras irregularidades de estos traslados, secuestros ilegales que se incluyen en la política de guerra preventiva global contra el terrorismo que está llevando a la práctica la administración Bush no sin innumerables críticas.
Buques de EEUU con armamento
Las diferentes investigaciones en países como España, Italia, Alemania o Suecia, donde ciudadanos de esos países llegaron a ser capturados secretamente para luego ser llevados a los centros de retención no han llegado todavía a ningún puerto. Ni seguramente lo harán, según fuentes cercanas al caso, que recordaron que “los servicios secretos se mueven a veces incluso sin el conocimiento y control de sus gobiernos”. Luego, están los convenios internacionales o bilaterales de colaboración en materia de defensa, como el firmado entre España y Estados Unidos, que permite a éste último efectuar operaciones secretas sin la necesidad de dar conocimiento a las autoridades españolas. De hecho, no fueron los vuelos de la CIA los únicos operativos estadounidenses que pasaron por Canarias en su llamada ofensiva antiterrorista, emprendida tras los atentados del 11-S.
Así, el convenio comentado anteriormente hizo posible también que buques de los escuadrones de reposición de la Armada estadounidense -que participaban en acciones de abastecimiento de armas, incluidas químicas, a los conflictos armados en Afganistán e Irak- hiciesen escalas en los puertos canarios de Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife y Arrecife sin que las autoridades canarias tuviesen conocimiento de ello. De hecho, el Gobierno central lo confirmó tras cuatro requerimientos de información de PSC, IU e ICV. En su respuesta, Madrid especificó que fueron 35 las escalas de estos buques de carga de máxima capacidad entre noviembre de 2002 y marzo de 2005, principalmente en el Puerto de la Luz de la capital grancanaria, aunque anteriormente hubo más. Los barcos viajaron bajo estrictas medidas de seguridad y con cobertura de apoyo de España.
