2005 fue un año en el que no faltaron las decisiones específicas europeas para Canarias. Desde la consecución de un trato particular en la Política Regional de 2007 a 2013 hasta la prórroga (ya en 2006) de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC), pasando por la adopción del nuevo Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (Poseicán). Esas son algunas de las medidas que demuestran que la vida cotidiana del Archipiélago también depende de las decisiones que se toman en la Unión Europea (UE).
Eso sí, el año se estrenó en febrero con el reférendum sobre la Constitución Europea, que en Canarias se saldó tanto con una elevada abstención (63,09%) como con un alto apoyo (86,03%) a la Carta Magna, la cual recoge las especificidades del Archipiélago en tres de sus 448 artículos. El primero de ellos (IV-440) afirma que este Tratado Constitucional también se aplica en las denominadas regiones ultraperiféricas (RUP), cuyas particularidades quedan recogidas en un segundo artículo (III-424), que además indica que deben beneficiarse de medidas específicas para paliar sus desventajas. El último artículo (III-167) concede a Canarias el mejor nivel de subvenciones públicas con finalidad regional con independencia de su de riqueza y en base a sus desventajas permanentes. Este tipo de subvenciones son la base del Régimen Económico y Fiscal (REF).
Pero, en el camino de la ratificación, la Constitución Europea se ha tropezado con el rechazo de franceses y holandeses, lo que ha propiciado el establecimiento de un periodo de reflexión para decidir, en 2007, tras los comicios en ambos socios europeos, qué ocurre con la Carta Magna. Este rechazo abrió una crisis que se acentuó en la cumbre celebrada el mes de junio, cuando los Veinticinco fueron incapaces de cerrar un acuerdo sobre las perspectivas financieras de 2007 a 2013. Un pacto presupuestario que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE cerraron en el Consejo Europeo de diciembre y que reconoce, en el ámbito de la nueva Política Regional, las particularidades de Canarias mediante la concesión de unas ayudas por un montante de, al menos, 536 millones de euros, que serán adicionales a los fondos que percibirá bajo la entrada progresiva (phasing in) al nuevo objetivo 2 (competitividad regional y empleo).
Esta financiación resulta de una subvención de 35 millones de euros anuales concendida en el fondo creado para las RUP y para las regiones con una escasa densidad de población de Austria, Finlandia y Suecia; y, del sobre exclusivo de 100 millones de euros adoptado para las Canarias con el objetivo de compensar la diferencia de trato con Madeira. A pesar de que ambas cuentan con un nivel similar de riqueza, la RUP portuguesa obtuvo la salida transitoria (phasing out) del objetivo 1 (convergencia), ya que no percibirá tantos fondos como las Islas en el marco de las ayudas adicionales calculadas en base a la población, puesto que sólo cuenta con unos 250.000 habitantes frente a los dos millones de habitantes del Archipiélago.
La Comisión Europea aceptó, además, trasponer el trato específico para las Islas que recoge la Carta Magna en las ayudas públicas en la nueva normativa sobre estas subvenciones -que se aplicarán de 2007 a 2013- que adoptó el 21 de diciembre, lo que facilitará las negociaciones sobre el futuro encaje del REF, que se llevarán a cabo a lo largo de 2006. Un día después, Bruselas aprobó la prórroga durante este año de la Reserva de Inversiones y de las bonificaciones fiscales a la producción de bienes corporales -artículos 27 y 26 del REF, respectivamente-, cuya expiración estaba fijada para el 31 de diciembre de 2005. Igualmente en diciembre, la UE alcanzó un acuerdo político sobre el nuevo Poseicán agrícola, cuya gestión se traspasa al Archipiélago aunque con la vigilancia de Bruselas.
Este sistema de ayudas, que tiene un presupuesto de 127,3 millones de euros al año, cuenta con dos apartados. De una parte, el Régimen Específico de Abastecimiento (REA), a través del cual se subvenciona la importación de determinados productos (lácteos y sus derivados, cárnicos y azúcar, entre otros) destinados al consumo directo o a la transformación. Y, de otra, las medidas de fomento de la producción local. El año pasado también fue el año del fin, al menos por el momento, de la guerra del plátano. Tras dos laudos arbitrales emitidos por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que echaban por tierra las propuestas sobre la tarifa única de Bruselas, pero que no ofrecían una solución concreta, el Ejecutivo comunitario optó por un arancel de 179 euros por tonelada, una cifra que los socios europeos rebajaron a 176 euros por tonelada el 29 de noviembre, cuando aprobaron la aplicación de esta tarifa para las importaciones de plátano al mercado comunitario desde el pasado 1 de enero. En 2006, se evaluará el comportamiento del mercado europeo del plátano para determinar los efectos de esta tarifa.
