En más de una ocasión me he preguntado qué pasaría en una ciudad como Madrid si se cerrara de un plumazo el tráfico en las carreteras nacionales que la unen con el resto de la Península. El caos podría ocasionar la cancelación de una operación a corazón abierto en el Doctor Marañón o dejar desabastecidos los mercados de los barrios. Está claro: la parálisis se adueñaría de la ciudad, pero, aún siendo grave, la capital del país podría paliar tal desaguisado a través del uso de otros medios de transporte.
En Canarias, ocurrió una situación parecida durante varios días de 2005. Los aeropuertos de las islas (nuestras carreteras nacionales) sufrieron varias jornadas de auténtico colapso. Trabajadores de los diferentes colectivos que hacen posible el funcionamiento normal de un aeropuerto decidieron movilizarse y sacar a la luz pública sus conflictos laborales. El 21 de marzo pasado, la terminal de Gando registró una jornada con 25 vuelos cancelados y un centenar de retrasos. Casi un mes después, el 18 de abril, las asambleas informativas de los trabajadores de tierra de Iberia en el Tenerife Norte dejaron sin servicio a las líneas aéreas. Cientos de pasajeros sufrieron, impotentes, la cancelación de 27 vuelos y 63 retrasos. Ese día, el transporte entre la islas se limitó a lo que ofrecieron las compañías marítimas.
Las agendas de trabajo públicas y privadas en Canarias quedaron totalmente trastornadas. Así, se suspendieron comisiones parlamentarias, reuniones como la de la Federación Canaria de Islas (Fecai) o una importante mesa para cerrar otro conflicto abierto entre trabajadores y responsables del Servicio Canario de Salud. Sólo fueron unas horas, pero suficientes para recordar que el transporte aéreo en Canarias es estratégico e insustituible. Y éste es un aspecto que los sindicatos tienen bien presente a la hora de movilizar a sus afiliados. El 2005 no transcurrió sin un mes en el que no planeara un conflicto laboral en algún aeródromo del archipiélago. Las reivindicaciones, más o menos razonables, de controladores aéreos, vigilantes jurados, trabajadores de limpieza y empleados de handling dejaron patente una realidad: el sistema de transporte aéreo, tan estratégico para las islas, es también frágil y posee un entorno laboral demasiado inestable.
Los servicios se adjudican a empresas que entran y salen o delegan sus funciones en otras más pequeñas, con lo que dejan en medio a trabajadores desprotegidos de sus derechos. El caso con mayor repercusión afectó a los empleados de Iberia que, hasta entonces, realizaban el trabajo en tierra para Binter, un vínculo que la aerolínea canaria decidió no prorrogar para crear su propio cuerpo de handling. En el proceso se planteó la subrogación de los trabajadores de Iberia, pero Binter advirtió que su economía no podía asumir las condiciones laborales que heredaban los empleados de la que fue compañía de bandera. El conflicto estaba servido, porque los sindicatos se negaron a firmar un trasvase de empleados con condiciones laborales a la baja.
Marzo y abril fueron los meses de mayor actividad reivindicativa. El enfrentamiento bajó varios grados cuando se firmó el convenio de handling estatal, que otorga unos derechos mínimos a los trabajadores de tierra. AENA, quizás forzada por el Ejecutivo canario, entró en la mediación y Binter consiguió hacer su propio equipo. La compañía se acogió al nuevo convenio y asumió más de 120 empleados en toda Canarias. Y aunque estas huelgas aéreas siempre trastocan parte de la economía de las islas, el verdadero daño se produce cuando un señor que vive en Munich o en Manchester decide cambiar sus planes de vacaciones si le llega la noticia de que el aeropuerto de destino está patas arriba. Cualquier campaña millonaria de promoción turística desplegada por el Gobierno autónomo en varios países y ferias internacionales puede sucumbir, por ejemplo, ante una terminal con la basura amontonada por una huelga de los trabajadores de limpieza.
Así ocurrió durante varios días de marzo en Lanzarote. En 2005, el aeropuerto de Guacimeta sufrió tantas turbulencias que parecía contagiado por el desorden vivido en el Cabildo Insular. Todos supimos que estaban descontentos los trabajadores de limpieza, los de handling, los conductores de guaguas discrecionales, los taxistas e incluso los vigilantes jurados. La mayor parte de estos problemas se ha solucionado y Guacimeta, poco a poco, ha empezado a parecerse a un aeropuerto normal. Quienes no cambiaron el rol de eternos sufridores fueron los pasajeros. Queda el consuelo de saber que cada vez son más los usuarios que reclaman ante el mostrador de una línea aérea o de AENA. Ya se lo pueden tomar en serio, que la Unión Europea lo ha dejado claro: las cancelaciones y los retrasos de los vuelos deben ser indemnizados. A lo mejor, quién sabe, es el primer paso para que no miremos resignados las pantallas que indican las puertas de embarque.
