El año portuario se abrió en Las Palmas con el telón de fondo del proyecto del istmo de Santa Catalina, que ya venía tocado por la polémica y las posiciones encontradas desde 2004. Fue un presagio de la marejada que se viviría en el entorno de las autoridades portuarias durante todo el año y que, finalmente, se tradujo en la destitución de José Manuel Arnáiz en Las Palmas de Gran Canaria, mientras Luis Suárez sobrevivía a un año de rumores en Santa Cruz de Tenerife.
Las maquetas del concurso de ideas de la llamada Gran Marina -convocado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, previa selección de un grupo de arquitectos estrella- habían permanecido expuestas al público y en enero de 2005 se conoció el nombre de los ganadores: Pelli y Ferrater. También se supo que cuando los miembros del jurado ultimaban su fallo, recibieron una carta del Ministerio de Fomento avisando de la ilegalidad de la convocatoria. Por su parte, Bruselas abría un procedimiento de infracción al detectar presuntas irregularidades en el expediente. Por si acaso, y ante lo que parecía un acercamiento del presidente de la Autoridad Portuaria, José Manuel Arnáiz, a las tesis de Fomento, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas, principales impulsores del proyecto, avisaron de que estaban dispuestos a seguir adelante solos. Desde China, a finales de marzo, el presidente del Puerto advertía de que, si él era el problema, estaba dispuesto a dimitir.
Y el problema pronto se trasladó al Parlamento de Canarias. Una proposición no de ley para impulsar el proyecto del Istmo, presentada por el Partido Popular, se encontró con la abstención de Coalición Canaria, tensando aún más las relaciones entre los entonces socios en el Gobierno. Y luego, el Consejo de Gobierno daba vía libre a Fomento para anular el concurso del istmo. Pero el Ayuntamiento desafiaba al Estado anunciando que en un año licitaría las obras. Unos y otros no hacían sino colocar las fichas para la gran partida de ajedrez que se jugaría en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria previsto para mayo. La reunión del pleno de dicho consejo de administración terminó abortada por una presunta retransmisión radiofónica con micrófonos ocultos, no sin antes asumir la nulidad del concurso de la Gran Marina decretada por Fomento, que también rechazaba las cuentas de 2004.
Poco después, algunas voces socialistas comenzaron a anunciar la salida de Arnáiz de la Autoridad Portuaria, salida a la que el Gobierno autónomo dio luz verde en octubre. Ese mismo mes era cesado como consejero el alcalde de Agüimes, Antonio Morales, que se había opuesto, y se opone, enérgicamente, a la construcción de una planta regasificadora en Arinaga. Mientras, en Tenerife, el año dio una pronta bienvenida a la polémica sobre la construcción de un puerto en Granadilla para acoger una regasificadora. Una iniciativa legislativa popular para la declaración del litoral de Granadilla como reserva litoral especial fue desestimada en el Parlamento canario con los votos de CC y PP. La empresa encargada de implantar el gas en el Archipiélago, Gascan, iniciába los trámites para construir la planta de gas tanto en la localidad tinerfeña como en Arinaga, mientras que el Gobierno canario, ya en junio, pedía a Madrid que se implicara en la defensa de un proyecto que la población, o al menos parte de ella, no veía tan claro.
Las movilizaciones populares no se hicieron esperar. En octubre, un millar de personas se concentró en La Tejita contra el Puerto de Granadilla. En noviembre, miles de personas se manifestaban de nuevo en contra del puerto. El año, lejos de dejar zanjada la cuestión, finalizó con las espadas en todo lo alto. En diciembre, la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados rechazaba una iniciativa de Izquierda Unida instando a suspender el proyecto de Puerto de Granadilla y realizar una nueva evaluación de impacto ambiental. Si Arinaga tuvo su víctima (Antonio Morales) en el consejo de Administración de la Autoridad Porturia de Las Palmas, Granadilla vio como Puertos del Estado cesaba a Pedro Anatael Meneses, miembro del consejo de administración de la Autoridad Portuaria tinerfeña, por oponerse al proyecto de Granadilla. Además, se especuló durante meses con la destitución del presidente de esta Autoridad Portuaria, Luis Suárez Trenor, pues su nombre aparecía junto al de Arnáiz en la lista de los posibles damnificados. Finalmente, no fue destituido.
