Un año de bonanza comercial y de ‘freno’ a la gran superficie

El sector comercial de Canarias tuvo un comportamiento bastante positivo durante el ejercicio 2005. Tras varios años de continuas caídas de las ventas (desde el año 2000 y hasta 2004 el sector registró un descenso del 30%), el pasado año el comercio del Archipiélago experimentó una reactivación. El aumento de las ventas respecto a 2004 fue de un 5%, según las cifras que manejan grandes y pequeños comerciantes.

El año 2005 fue bueno, pero desigual. Así, el primer semestre tuvo una evolución bastante negativa, que hizo presagiar al sector que la crisis, que había comenzado un año antes de la entrada del euro, continuaría en 2005 por quinto año consecutivo. La llegada del verano, sin embargo, puso fin a la caída de las ventas, que se recuperaron hasta registrar ese incremento del 5%. Especialmente buena fue la temporada de invierno. Las compras navideñas animaron un sector que se encontraba en horas bajas. La evolución del comercio durante el año 2005 llevó al sector a considerar que “se había tocado fondo” y que “se está saliendo” de la crisis. Los comerciantes achacan la reactivación del consumo en 2005 a la mayor familiarización que existe entre los consumidores y el euro. Existe, sin embargo, otro hecho que explica el mayor gasto de los isleños: el alto nivel de endeudamiento de las familias canarias y su escasa capacidad de ahorro, de las más bajas del Estado.

A nivel político y legislativo, 2005 fue un año activo para el sector comercial. La ruptura del pacto entre Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) en el Ejecutivo autónomo conllevó la renovación de cargos en la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías y, por ende, la salida del popular Luis Soria y de su director de Comercio, Pedro León, entre otros. A mediados de junio los conservadores fueron sustituidos por miembros de CC vinculados a ATI: Marisa Tejedor como consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías; y Arturo Cabrera al frente de la Dirección de Comercio. Desde su llegada al departamento y hasta finales de 2005 el tema estrella del Comercio, y el que generó mayor debate, fue la aprobación del Decreto de Ley por el que se regula el procedimiento de concesión de Licencia Comercial Específica (LCE) y se establecen los criterios de equipamiento comercial de Canarias.

Este texto legislativo, que resultó polémico, completa el contenido de la Ley de Comercio del año 2003, al regular concretamente la implantación en el Archipiélago de nuevas superficies comerciales de más de 25.000 metros cuadrados, el descuento duro y las tiendas de saldo. El decreto, principal reto de los responsables de la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías tras su llegada al cargo, fue aprobado en el Consejo de Gobierno del 27 de diciembre y publicado oficialmente el martes 30 del citado mes. El documento final contó con el visto bueno de las siete comisiones insulares, aunque no todas las partes quedaron igualmente satisfechas. Las grandes superficies consideran que el texto es “demasiado restrictivo” e incluso lo tildan de “difuso” en algunos puntos de su articulado. Y las tiendas de descuento duro, interesadas desde el año 2004 en entrar en el Archipiélago sin resultado positivo, estiman que el texto es “demasiado proteccionista”. En cualquier caso, CC y PSOE anunciaron en enero de 2006 su intención de modificar el citado Decreto de Comercio durante ese año.

Corte Inglés y descuento duro

La aprobación del Decreto de Comercio por el que se regula la concesión de la Licencia Comercial Específica chocó de lleno con el proyecto de El Corte Inglés de instalar en el sur de Gran Canaria, y más en concreto en la zona de Meloneras, una gran superficie comercial de 25.000 metros cuadrados. El texto legislativo puso fin a una iniciativa empresarial que tenía más de tres años de vida y que en Gran Canaria se veía con muy buenos ojos por las inversiones y la generación de empleo que iba a conllevar. El decreto, tal y como está redactado ahora, sólo permite en el sur de Gran Canaria la instalación de una superficie para grandes almacenes de 7.500 metros cuadrados, una extensión que de momento no interesa a El Corte Inglés. La polémica surgió, incluso en el seno del Gobierno.

Así, el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, José Carlos Mauricio, se pronunció en contra del decreto comercial y desde Gran Canaria se acusó a la consejera del área y al director de Comercio de “intentar frenar el desarrollo y las inversiones” en la isla redonda. El centro comercial de El Muelle, situado en la zona portuaria de Las Palmas de Gran Canaria, amenazó, como rechazo al decreto, con abrir los 365 días del año basándose en su ubicación en terrenos del Puerto. Una iniciativa que, de haberse llevado a cabo, hubiera levantado en armas al resto de los comerciantes: los grandes, por querer abrir también al igual que El Muelle; y los pequeños, por la competencia desleal que les iba a suponer. Al final, la sangre no llegó al río y El Muelle decidió dar marcha atrás en su amenaza y no abrir todo el año, tal y como había anunciado.

El segundo punto de descontento con el decreto vino de la mano de las tiendas de descuento duro. La cadena alemana Lidl tiene solicitadas 13 licencias de apertura en el Archipiélago, desde el año 2004, para unos establecimientos de unos 1.000 metros cuadrados cada uno. De esas 13 licencias, en 2005 se denegaron cinco; y todo apunta a que las ocho restantes van a seguir el mismo camino, dado el contenido del decreto comercial que regula la concesión de la LCE. Frente a los más de 13.000 metros cuadrados que solicitaba Lidl en la totalidad de sus centros, el Gobierno en el texto legislativo establece una superficie que no supera los 4.000 metros cuadrados y que, además, ha de repartirse entre varias enseñas comerciales.

Así, según el decreto, cada enseña, al fin de repartir la cuota, sólo podrá optar como máximo al 50% de la superficie habilitada en cada municipio. La destrucción del empleo que supone la entrada de las tiendas de descuento duro ha sido el criterio seguido por el Gobierno de Canarias. Según la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, si el Gobierno concediera las 13 licencias solicitadas por Lidl se destruirían 1.300 empleos. Sin embargo, la Organización de Consumidores de Canarias (Conca) estima que la entrada de estos establecimientos beneficiaría a los ciudadanos isleños al bajar el gasto de la cesta de la compra.

Elecciones en las Cámaras

2005 fue la antesala de las elecciones a las Cámaras de Comercio, Industria, Navegación y Turismo de Canarias, que tenían previsto celebrarse a finales de abril de 2006 y que durante los primeros meses de este año están resultando realmente polémicas, especialmente en Gran Canaria. El pasado año se cerró con la creación de las Cámaras de Comercio insulares de Lanzarote (el 5 de abril) y Fuerteventura (14 de abril), lo que desarticulaba la organización cameral de la provincia de Las Palmas, que aunque conserva el nombre ahora sólo tiene ámbito insular (en Gran Canaria). En 2005, como prólogo a los comicios camerales, el 8 de septiembre se abrió el proceso electoral para la renovación de cargos en las Cámaras de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife y el 7 de octubre se publicó el decreto para la elección de compromisarios para las Cámaras de Lanzarote y Fuerteventura, cuyo censo no se abrió hasta el 17 de octubre.

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