En el debate sobre la prórroga del REF y la RIC, el Gobierno actual, en la práctica, no se plantea otra cosa que su simple continuidad, permitiendo excesos socialmente insufribles e injustificables.
La realización de este comentario, restringido por el corte temporal de doce meses, es siempre complicada porque el tiempo no deja de fluir. Dicho esto, en términos estrictamente políticos, el hecho más significativo de 2005 fue el cambio de Gobierno en la Comunidad Autónoma. Como culminación de una larga serie de desencuentros entre los socios del pacto de Gobierno CC-PP, en mayo se produjo la ruptura. Estos desencuentros no se produjeron por diferencias políticas sustantivas entre ellos, sino por pérdida de confianza y entendimiento. El PP importó a Canarias la táctica de bronca continua con el Gobierno del Estado (la misma que defendía con desmesura el PP estatal) y llevó las cosas hasta el límite. Y la ruptura ocurrió a pesar de que se había producido un aparente avance (sorprendente para algunos) en la configuración de un cierto modelo para estabilizar la política canaria, que consistía en una suerte de reparto del poder político en el archipiélago: ATI (con el apoyo discreto de API) señorearía las islas occidentales y CC-PP (Mauricio y Soria) harían lo propio en las islas orientales (no se piense que esto es una elucubración en el aire, porque, justamente, fue el argumento que esgrimió una buena parte de CC de Gran Canaria para romper el partido y crear la formación política Nueva Canarias, a la vez que también sirvió para ahondar en la sensación de abandono de la militancia del PP en las islas occidentales y sus secuelas de desgaste).
Pero ese proyecto saltó por los aires desde que el PP canario se estableció en esa durísima confrontación, porque CC, que ha basado su razón de ser en apoyar al Gobierno del Estado, cualquiera que sea su color y a cambio de conseguir fundamentalmente contrapartidas financieras, no podía permitir que el PP le colocara el palo entre las ruedas. Anotemos lo extraño que resultó que CC mantuviese, en contra de sus principios y durante más de un año, el pacto de Gobierno (que ya venía de atrás) con el partido que, desde marzo de 2004, estaba en la oposición y no con el que había accedido al Gobierno de España. Ese desajuste sólo podía explicarse por “lo sugestivo” del modelo para dar estabilidad política a las islas que, como se acaba de indicar, estaban fraguando CC y PP, las fuerzas políticas más conservadoras de Canarias. De lo dicho pudiera desprenderse que el cambio de Gobierno (que, recordamos, consistió en echar al PP y CC se quedó en minoría, con el apoyo externo del PSOE para “garantizar la gobernabilidad”) debería de haberse notado, de haberse percibido con notoriedad. Y así fue en lo que se refiere a las relaciones con el Gobierno estatal, donde se desatascaron los convenios para la financiación de las principales infraestructuras y donde se consiguió un discreto avance en las negociaciones sobre la modificación del Estatuto, dejando aparte el tema electoral.
Pero en Canarias el cambio de Gobierno ni se notó. Y esto resultó frustrante y demoledor para una opinión pública que piensa que los partidos políticos con representación en las islas se parecen cada vez más y promueven políticas similares. Me atrevo a hacer esta afirmación por lo que viene sucediendo (o no) con el tema estrella de los últimos años, que, para mí y sin duda, ha sido el de las Directrices de Ordenación del Turismo. Recordemos que la ley que las aprobó es de la anterior legislatura y supuso, con todas las limitaciones que se quiera, el primer intento solvente de colocar la política, con mayúsculas, por encima de la economía, también con mayúsculas: de hacer triunfar las leyes y la cooperación sobre “el orden natural” y la competencia o, si se prefiere, de situar lo de todos por encima de lo de unos pocos. En suma, de mantener los valores por encima de los precios. Como todos sabemos, se pretendía que los canarios dejáramos de ser meros espectadores de lo que se nos cae encima y fuéramos capaces de establecer una dirección justa e inteligente en nuestro futuro colectivo. Y tenía que ver, sobre todo, con el fenómeno de la insaciable ocupación del territorio y el crecimiento turístico. ¿Estábamos dispuestos a dejar de estar debajo de las patas de los caballos y subirnos al pescante para dirigirlos? Si la respuesta era afirmativa, implicaba la introducción de límites a los mercados. Suponía tener en cuenta nuestra capacidad de carga, incluida la social. Suponía hacer frente al crecimiento obsesivo de los noventa, que, por exigir ritmos y objetivos absolutamente inalcanzables a partir de nuestros propios recursos, nos había obligado, sin recapacitar en sus consecuencias, a importar los recursos de fuera. Todos, empezando por la población.
Y pasamos de un rasgo estructural de la Canarias de toda la vida, la emigración, justamente a su contrario, la inmigración; y además, a un ritmo endiablado. Y las Directrices tenían como objeto establecer límites. Y todos habíamos visto cómo las Directrices habían entrado en el congelador en la anterior etapa de Gobierno CC-PP, muy de acuerdo con las tesis defendidas por los populares, sus enemigos declarados. Por eso, muchos pensaron que el cambio de Gobierno debía reflejarse en la ilusionante reactivación de las Directrices. Pero nada de eso ocurrió. El otro gran tema del año fue la prórroga del REF y, en especial, de la RIC y el debate sobre su renovación. Y vemos cómo el Gobierno actual, en la práctica, no se plantea otra cosa que su simple continuidad, permitiendo excesos socialmente insufribles e injustificables (materialización en deuda pública, en viviendas de súper-lujo…) y eludiendo la necesidad de transformar un instrumento estrictamente fiscal en un instrumento flexible para desarrollar políticas económicas, sobre todo las ligadas a la creación de empleo, a la diversificación, a la modernización de la planta turística sin ocupar nuevo territorio y a la innovación tecnológica.
El año 2005 también fue un año de consolidación, en toda Canarias y en especial en Tenerife, de una red de movimientos sociales que, desde reivindicaciones parciales, ha ido configurando, primero, un rechazo a las políticas actuales y, segundo y más difuminado por lo complejo, una suerte de cosa que plantea que otra Canarias es posible. También debo plantear que algo nuevo se empieza a urdir en las costuras de la sociedad. Se percibe con nitidez, por ejemplo, en la exigencia de toda la sociedad de Lanzarote y Fuerteventura de prohibir las prospecciones petroleras. Aquí no hay lugar para comentarlo, pero, a mi juicio, demuestra que algunos valores comienzan a prevalecer sobre algunos precios. Es un hecho insólito.
