Los datos de la nueva Contabilidad Regional de España (INE. Base 2000) nos dicen que la economía canaria creció entre 2000 y 2004 un 15% en términos reales (12,9% para el total de España) y que es la tercera comunidad autónoma con mayor crecimiento en esos cuatro años. Sin embargo, la comparación de los datos para el inicio y el final de ese periodo nos ofrece una visión menos optimista. Así, en el año 2000, Canarias fue la región que más creció (4,9%), para bajar en 2004 a la decimoquinta posición del ránking, con un crecimiento del 2,8%, cuando España lo hizo al 3,1%.
Desde la oferta, ese crecimiento en 2004 fue el resultado de la aportación de un Valor Añadido Bruto (VAB) desglosado de la siguiente forma: un excelente crecimiento de la agricultura, ganadería y pesca (con el 4,8%, que contrasta con las tasas negativas observadas entre 2000 y 2003); unas preocupantes aportaciones negativas de la energía y la industria (-4,5% y -0,5%, respectivamente), que dan como resultado una disminución de su ya escasa participación en el producto canario; una construcción (4,6%) que remonta su escasa aportación en el anterior ejercicio (0,3%); y, por último, los servicios, con una contribución no muy alejada de lo acontecido en ejercicios anteriores (2,8%).
Desde la perspectiva de la renta, el trabajo asalariado percibió el 53,5% del VAB, mientras que el excedente de explotación/renta mixta alcanzó el 46,5% restante (53,9% y 46,1% para España, respectivamente). Comparados estos datos con los correspondientes al ejercicio de 2000, se aprecia una cierta pérdida del peso de la remuneración de los asalariados: 54,1% en Canarias y 55% en España.
Desde la demanda, podríamos analizar qué componentes del gasto son los que justifican esa variación del PIB en 2004: consumo de los hogares y administraciones públicas (AA.PP.), principalmente, inversión (todo ello, demanda interna) y el saldo exterior (exportaciones menos importaciones de bienes y servicios). Sobre esta última e importante perspectiva disponemos de muy poca información. Y va siendo hora de que en Canarias se elabore un sistema de cuentas regionales coherente, tarea necesaria para el conocimiento de nuestra economía, que nos permita saber cuánto y cómo crecemos, así como quiénes son los beneficiarios de ese crecimiento.
Y aunque no disponemos de información concreta y completa que permita abordar certeramente esa tarea, podemos hacer referencia a algunos datos relacionados con ello. Así, la aportación del saldo exterior debe haber sido mínimamente positiva o, incluso, negativa. Por una parte, tenemos el déficit estructural en la balanza de bienes, que alcanzó unos 9.700 millones de euros (precios corrientes). De otro lado, el gasto total de los turistas extranjeros aportó unos 9.500 millones de euros (precios corrientes), según la Encuesta de Gasto Turístico de 2004, que supone un descenso en términos reales del 3,1%, algo menor que el también registrado por la entrada turistas.
El PIB, como valor de las rentas generadas en Canarias, debe haber sido superior al de las que cobran los residentes (Renta Regional Bruta -RRB-), ya que desde nuestra región se pagan más rentas a otros territorios que las que se reciben del exterior. Y si al ahorro generado añadimos el flujo (positivo) de transferencias de capital con el exterior y descontamos la inversión realizada, obtendremos la capacidad o necesidad de financiación de la región: es decir, si hemos gastado menos o más que los recursos de que disponemos. Tampoco se dispone de información sobre ese relevante resultado. Sin embargo, dado que ese saldo para el total de la economía se obtiene como suma de la capacidad-necesidad de financiación de los sectores institucionales (hogares, AA.PP. y sociedades, sobre todo), podemos aportar algún dato al respecto.
La nueva Contabilidad Nacional (base 2000) del INE muestra que los hogares han incurrido en necesidad de financiación durante 2003 y 2004 en España, debido al importante gasto de inversión que implica la adquisición de viviendas. Respecto al total de las sociedades (financieras y no financieras), suelen presentar necesidad de financiación. En Canarias, en ambos casos, podríamos esperar un comportamiento similar. Ahora bien, que esas necesidades de financiación alcancen similares proporciones a las del conjunto nacional es algo que desconocemos y sobre lo que podríamos tener alguna duda.
La ‘opacidad’ de la RIC
Este comentario se relaciona con la inmensa magnitud de los fondos acumulados por la RIC que no han sido materializados. Según se ha difundido, esos fondos podrían ascender en la actualidad a unos 4.000 millones de euros, casi el 12% del PIB a precios de mercado de Canarias (precios corrientes) en 2004, hecho que resulta absolutamente increíble y que parece beneficiarse de una opacidad que no es de recibo. Habría también que conocer en qué tipo de activos se ha concretado la materialización de los otros 8.000 millones de euros, pues permitiría identificar cómo se ha beneficiado la estructura productiva regional por la aplicación de esos recursos. En la medida en que existen fondos no materializados, deben constituir (o haber constituido) ahorro de los correspondientes agentes y, por tanto, capacidad de financiación no utilizada en términos reales, que no financieros, lo que podría modificar el signo o magnitud de la capacidad-necesidad de financiación de los sectores beneficiarios de éstos.
Evidentemente, ese hecho está restando crecimiento al PIB canario, y, por tanto, al empleo y a las rentas generadas, lo cual es un obstáculo de indudable importancia. Que frente a la exigencia de máxima transparencia se apele, en cambio, a la opacidad en la defensa de la RIC, no deja de causar verdadera perplejidad. Un breve paréntesis: esta situación contrasta notablemente con otra mucho menos beneficiosa, revelada recientemente por el INE para 2003, según la cual casi una cuarta parte de la población de Canarias (24,1%) vive bajo el umbral de pobreza relativa (séptimo mayor índice de las 19 comunidades y ciudades autónomas españolas), cifra que es el 28,9% superior a la estimada por el Instituto Canario de Estadística (Istac) para 2004.
La paradoja de la inflación
Los datos de la ECPF del INE (tercer trimestre de 2005) revelan que el 73,4% de los hogares canarios llega a fin de mes con alguna dificultad, la peor situación de las regiones españolas (54,7% es la media nacional), así como que sólo el 14,1% de los hogares puede dedicar dinero al ahorro (la media española es el 39,5%), la menor proporción, con gran diferencia, de todo el Estado. También resulta preocupante la continua caída a lo largo de los tres primeros trimestres del gasto total medio por persona (precios corrientes), incluso inferior al tercer trimestre de 2004, cuando a nivel nacional crece de forma positiva. Por ello, cuando se observa con agrado que Canarias registra en los últimos años las tasas de inflación más bajas de toda España, cabría preguntarse por las razones que pueden justificar ese hecho. En la inflación canaria existe un importante componente importado, difícilmente evitable. Pero también existe una inflación local, derivada de la política de precios aplicada por los productores residentes. Ni unos menores costes laborales (obviando otros con diferente tendencia), ni una hipotética mayor productividad (no contrastada por los datos), parecen justifican ese hecho. Tampoco parece responder a una voluntaria y clara política de relativa contención de precios por parte de los productores, como se argumenta desde diferentes instancias. Algunos de los datos mencionados pueden llevarnos a pensar que, quizás, esa relativa contención sea obligada y consecuencia, más bien, de una importante atonía en la demanda interna, principalmente referida al gasto de consumo de los hogares, lo que sería bastante preocupante. Un fenómeno similar al que se viene observando últimamente en el sector turístico en Canarias. Demasiadas sombras.
