Nunca en la historia de la Comunidad Autónoma se había vivido una situación política tan convulsa como la actual. Es evidente que asistimos a un cambio de ciclo, al ocaso de un proyecto, el de Coalición Canaria, nacido para mandar, y a una crisis del centro-derecha isleño que afecta también muy de lleno al Partido Popular. Sin embargo, y por las cosas del surrealismo mágico que tantas veces inspira el modo de hacer política en Canarias, son los dos partidos que gobiernan en la región. Ese pacto entre CC y PP, legítimamente surgido tras los resultados electorales de mayo de 2007, no sólo tiene cabreado al ganador de las elecciones, el PSOE, sino también a gran parte de la ciudadanía, ávida de un cambio político, y a un sector de medios de comunicación que ha editorializado en la misma línea ciudadana. Es evidente que el Archipiélago ha padecido un paulatino deterioro político alimentado por diversos factores (corrupción, recrudecimiento del pleito insular, desprestigio de las instituciones…) que ha alejado aún más a la clase dirigente del sentir popular, lo que, unido al resultado electoral, coloca a este Gobierno en los registros más bajos de valoración.
En un contexto tan desfavorable, hasta podría considerarse natural que el Gobierno y los partidos que le sustentan estén preocupados por la opinión publicada. O para ser más precisos, por manipular a la opinión pública en sentido contrario a la dirección, proa al marisco, hacia donde van encaminados los acontecimientos. Las unanimidades se han acabado, aunque existan todavía en Canarias reductos mediáticos acomodaticios al poder, sea el que sea, tenga los antecedentes y las contradicciones que sean y hasta viejos enfrentamientos que se tornan en amistades inquebrantables. Ese fin de la unanimidad, vinculado al cambio de ciclo político, coincide también con cambios en el escenario audiovisual, una oportunidad que el Gobierno ha querido aprovechar del único modo que sabe hacer estas cosas: el más grosero existente en el mercado.
El concurso de adjudicación de frecuencias de las televisiones digitales terrestres y el de suministro de contenidos, informativos y contratación publicitaria de la televisión pública autonómica han sido manejados para que obtuvieran concesiones las empresas más cercanas al poder político autonómico o, en el peor de los casos, menos desafectas. Empresas de acreditada vocación isleña como Editorial Prensa Canaria o el grupo para el que trabajo, Canarias Ahora, salvando las distancias de veteranía y consolidación, pueden ser consideradas las grandes perjudicadas en el concurso de la TDT. Al grupo Moll se le ha negado una licencia regional para poder beneficiar a dos empresas de clara sintonía con el Partido Popular, la COPE y Antena 3, mientras que a Canarias Ahora, con un periódico digital, una emisora de radio y un diario gratuito, se le han escapado licencias comarcales en Las Palmas de Gran Canaria, Telde y Santa Cruz en favor de auténticos chiringuitos mediáticos que, en algunos casos, incluso incumplen con el pliego de condiciones administrativas. Así, entre las ganadoras de licencias de TDT hay empresas morosas a la Seguridad Social, algunas con capital social mínimo y, para que no falte el toque friki, con objeto social referido a la reparación de ordenadores y no al que motivaba el concurso.
A la COPE y a Antena 3, ganadoras de las TDT regionales, habría que sumar El Mundo TV, que no pudo ganar el concurso de suministros de la Televisión Canaria por presentar una oferta de inferior calidad que la del Grupo Prisa, que concursaba a los tres lotes que componían la licitación. El Gobierno, en una cacicada más, decidió dejar desierta la parte más suculenta del pastel, la producción de programas de entretenimiento, de modo que sea el ente público quien vaya contratando en función a las necesidades coyunturales. Y esas coyunturas no las marcará nunca el interés general, sino el que convenga cada momento a los partidos instalados en el poder.
Esta afirmación no responde a una intuición, sino a la trayectoria que en esta materia han desempeñado personas como José Manuel Soria y su lugarteniente, Larry Álvarez, dos chantajistas profesionales que han perseguido desde lo público, con medios públicos, con influencia pública, a los medios de comunicación que no son afines a sus intereses. Hay ejemplos más que sobrados del tipo de presión que estos dos sujetos han ejercido sobre periodistas, anunciantes y dirigentes públicos para tratar de anular al discrepante. Un medio de comunicación privado, con el dinero de sus accionistas, tiene plena libertad para desarrollar la línea editorial que considere más oportuna. Un político no puede, bajo ningún concepto, tratar de estrangular aquella libertad utilizando para ello el poder democrático que los ciudadanos han puesto en sus manos.
El último ejemplo de persecución desde lo público lo ha protagonizado otro dechado de demócrata, el primer teniente de alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Ángel Llanos, que se ha embarcado en una cruzada contra el diario gratuito Metro, sencillamente porque no le gusta la línea editorial de la empresa que lo distribuye en Canarias, Canarias Ahora. Por fortuna para todos los canarios, asistimos a un cambio de ciclo que se llevará consigo unos modos de hacer política que, en lo que respecta a nosotros, los periodistas y las empresas para las que trabajamos, supondrá un respiro.
