Cuando un ciudadano de a pie se plantea acudir a la urna un domingo electoral para ejercer su derecho al voto, ¿qué criterios o elementos de juicio utilizará para colocar en el sobre correspondiente la papeleta de uno u otro partido? ¿Influye el clima de supuesta corrupción que ha afectado a algunos ayuntamientos? Los resultados demuestran que, en el ámbito local, ése no es el principal aspecto que se tiene en cuenta al votar.
Si las elecciones son municipales, o en el caso de Canarias insulares, puede parecer lógico que la cercanía, incluso el conocimiento personal de los aspirantes a alcaldes y presidentes de Cabildo, prevalezca frente a criterios de teoría política o tendencias marcadas por las encuestas. Se podría entender entonces que en una buena parte de los municipios canarios, incluso en territorios insulares completos, el comportamiento electoral de los vecinos se haya mantenido estable a lo largo de los últimos años, gracias también a la gestión más o menos eficaz de los cargos públicos. Hay ejemplos muy claros: Casimiro Curbelo en el Cabildo de La Gomera, Tomás Padrón en el Cabildo de El Hierro o Paulino Rivero en el Ayuntamiento de El Sauzal, donde permaneció durante décadas antes de dar el salto al Gobierno de Canarias.
Ahora bien, ¿qué grado de influencia habrá tenido en las últimas elecciones el clima de supuesta corrupción que ha rodeado el año 2007, con múltiples detenciones, comparecencias judiciales, filtraciones y comentarios desde los partidos políticos? Si nos detenemos en el ámbito autonómico, parece que en la ciudadanía sí caló el mensaje de cambio y renovación proclamado por el líder socialista Juan Fernando López Aguilar. El PSOE ganó las elecciones, obtuvo 26 escaños, pero no supo o no pudo gestionar esa victoria y configurar una mayoría de gobierno. Los viejos conocidos, CC y PP, sí que lograron ponerse de acuerdo y renovar un pacto que, con altos y bajos, ha dominado la vida política canaria en las últimas décadas. Es en ese ámbito autonómico, donde quizás el ciudadano apreció mayor necesidad de relevo, en virtud de un discurso formulado desde la oposición socialista en el que se planteaban vicios en la gestión, dudas en la transparencia y falta de eficacia en el quehacer de nacionalistas y populares a lo largo de los últimos años. Es lo que López Aguilar denominó “malos gobiernos”, con los que quería acabar.
Pero si descendemos de nivel administrativo, el giro político tras las elecciones de mayo de 2007 no se produjo en la misma medida, salvo en determinados casos. Todo ello, a pesar de que varios ayuntamientos fueron salpicados por casos de supuesta corrupción. En el Cabildo de Gran Canaria, el llamado caso Eólico sobre supuestas irregularidades y tráfico de influencias en el desarrollo del concurso para instalar parques eólicos en las islas, salpicó a su presidente, el conservador José Manuel Soria, aunque el principal imputado es el ex director general de Industria, Celso Perdomo. Sin embargo, Soria logró que el PP fuera de nuevo la fuerza más votada en la corporación grancanaria, aunque perdió la mayoría absoluta, algo que aprovecharon PSOE y Nueva Canarias para cambiar de gobierno.
Igual ocurrió en el Ayuntamiento de Telde, gobernado por el PP, donde el llamado caso Faycán, relacionado con el supuesto cobro ilegal de comisiones, provocó un reguero de detenciones y dimisiones del equipo de Gobierno, entre ellas la de su alcalde, Francisco Valido, que, sin embargo, no se tradujo en un descalabro electoral del Partido Popular. Otra cosa es que Nueva Canarias y el PSOE hicieran valer la aritmética para recolocar al nacionalista Francisco Santiago al frente del consistorio teldense. Tampoco en Mogán se notó que el alcalde, Francisco González, esté implicado en un supuesto caso de corrupción urbanística. De hecho, logró incluso ampliar su mayoría absoluta.
Si ponemos la vista en la isla de Tenerife, el caso más sonado fue el de Las Teresitas, un asunto investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en virtud de una denuncia de la fiscalía anticorrupción, por irregularidades en el proceso de compraventa de los terrenos aledaños a la playa de Las Teresitas. A pesar de todo, el candidato de CC, Miguel Zerolo, logró ser de nuevo elegido alcalde de Santa Cruz, aunque sin mayoría absoluta. Más clara fue la situación en el municipio de Arona, donde José Alberto González Reverón, de CC, consiguió por primera vez tener una mayoría absoluta, a pesar de estar denunciado por otro supuesto asunto turbio denunciado por el grupo socialista ante los tribunales.
Corrupción… y carisma
Así las cosas, da la sensación de que, en muchos casos, los ciudadanos sopesan su voto en función de aspectos que no siempre están relacionados con la sombra de sospecha que rodea a los candidatos, especialmente si hablamos del ámbito municipal donde influyen otras cuestiones más de carácter doméstico. Ni siquiera la alta abstención puede ser un elemento para justificar las escasas variaciones electorales, puesto que encontramos casos como el de Mogán, donde la participación superó el 65 por ciento. Parece claro, por tanto, que la personalidad del candidato y su capacidad para transmitir confianza están por encima del clima de sospecha. Eso, y que los ciudadanos deben tener claro cada vez más que serán los tribunales los que pongan a cada uno en su sitio, como ha ocurrido con uno de los líderes políticos más votados de Canarias, el lanzaroteño Dimas Martín, que sólo dejó de gobernar cuando fue condenado y encarcelado.
Además, la teoría del carisma y el bagaje personal de los candidatos se demuestra también si nos fijamos en dos de los principales ayuntamientos canarios. En el de Las Palmas de Gran Canaria, la personalidad del socialista Jerónimo Saavedra, su consistencia intelectual y política, unido a su destacada trayectoria, hizo que el ciudadano viera en él al alcalde perfecto, más allá de colores políticos. Mientras, en La Laguna, el empuje, el carácter popular y a la vez contundente de la nacionalista Ana Oramas, provocó un éxito electoral de Coalición Canaria sin precedentes: mayoría absoluta. En marzo llegará una nueva cita electoral, en este caso de carácter general, donde predominará la lucha entre los dos grandes partidos: PSOE y PP. Los canarios acudirán de nuevo a las urnas y da la sensación de que el concepto de corrupción no lo van a manejar como variable electoral. Eso se lo dejarán a los tribunales.
