El Norte de Gran Canaria vuelve a estar con el corazón en un puño. Después de que el Cabildo Insular y el Gobierno de Canarias asumieran la realidad de que la comarca requiere un trato muy especial para recuperar el protagonismo que perdió antaño, una sentencia del TSJC vuelve a poner un oscuro nubarrón sobre sus perspectivas de desarrollo.
Mientras las subvenciones oficiales comenzaba a quedar recogidas en los presupuestos, y los alcaldes dirimían ya sobre la ubicación exacta de un gran polígono industrial, el recinto ferial y el centro formativo y multiusos que debía ser la base sobre la que se sustentaría luego la diversificación turística vinculada al mundo rural y a la oferta alternativa al sol y la playa, y el empujón al sector primario, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dado un duro golpe a los dirigentes políticos que apostaron por el trazado de la Variante de Bañaderos en el nuevo corredor de la costa, aunque eso fuera en perjuicio de arrasar con muchas fincas agrícolas en plena explotación.
Es pura física: un círculo no puede nunca absorber en condiciones normales un cuadrado de mayores proporciones. La misma reflexión sucede con el tráfico diario en la plataforma viaria del Norte, que cada día recibe una intensidad media de 60.000 vehículos. Como tampoco lo pueden soportar las viejas carreteras que se ramifican hacia los pueblos rurales de la zona. El resultado de esta prueba empírica es la mala experiencia cotidiana que viven los miles de lugareños de la comarca que tienen que desplazarse a diario a la capital y a los principales pulmones económicos de la Isla.
Una realidad que deriva en unos graves efectos económicos: las muchas horas que se pierden cada día en la carretera no sólo tienen un daño medioambiental y el malestar de los conductores, sino una enorme pérdida de tiempo y dinero que retrae el interés de muchos posibles inversores de la idea de apostar por hacer negocio en alguno de los diez municipios que convienen en el Norte dentro de la Mancomunidad de Ayuntamientos (Arucas, Gáldar, Guía, Agaete, Moya, La Aldea de San Nicolás, Artenara, Firgas, Valleseco y Teror).
La inseguridad que se cierne sobre este trazado vuelve a muchos a remontar su pensamiento al año 1997, cuando existía financiación para convertir el actual trazado en una gran vía rápida acorde a los tiempos modernos. Sin embargo, la postura de los ayuntamientos de Arucas y más tarde Moya, que querían liberar suelo de la costa para sus planes de desarrollo, hizo que la obra se estancara sin remisión hasta la actualidad. Y una década después la situación vuelve a empantanarse, para desesperación de los cerca de 118.000 vecinos que residen en la zona. Más aún, cuando estaba a punto de iniciarse el tramo más conflictivo para el tráfico diario. Pero esa opción, que ya fue polémica en su momento, vuelve a chocar con el muro legal: el Juzgado le ha dado la razón a los agricultores y las heredades de agua que se sienten afectadas.
Así, mientras los alcaldes negocian las infraestructuras del mañana, las estadísticas siguen insistiendo en que los municipios rurales pierden habitantes año tras año, que sólo se compensa por el crecimiento de las ciudades de la costa. Y los grandes planes de obras siguen tramitándose con la lentitud propia de una Administración. Entre ellos sobresalen tanto la ampliación del puerto de Agaete, convertida en plataforma con Tenerife y el resto de las Islas, como también la planificación urbanística para dar cobertura al primer y único centro comercial con licencia para un hipermercado proyectado en Gáldar.
Mientras tanto, esos mismos regidores se sometieron a las urnas antes del verano, lo que implicó una renovación en cuatro de los diez municipios. Entre ellos el caso más sonado fue el de Gáldar, cuyos habitantes asumieron impacientes la intervención de la Justicia para designar el nombre de su regidor para los próximos años, después de que quedara en el aire el recuento de una mesa electoral, con la que se podía decidir la mayoría absoluta. El entonces alcalde, Manuel Godoy, tuvo que hacer frente a la realidad de comprobar cómo los jueces no apoyaron en última instancia su recurso, observó cómo se quedaba a las puertas de la mitad de los votantes y como un pacto entre Nueva Canarias y el PSOE le otorgaba el bastón de mando al actual alcalde nacionalista, Teodoro Sosa. Su toma de posesión llegó casi un mes después que hacerlo sus colegas en el resto de localidades de Gran Canaria.
