El curso político en el Cabildo de Gran Canaria estuvo marcado en el año 2007 por el cambio de gobierno que dictaron las elecciones locales e insulares del mes de mayo. Tras tres legislaturas presididas por el Partido Popular, la corporación insular iba a ver pasar sus riendas a las manos de la coalición PSOE-Nueva Canarias. Lo que no esperaba nadie es que el nuevo equipo gobernante se estrenara con exámenes tan sorprendentes como exigentes.
El PSC-PSOE refrendó en el Cabildo Insular los buenos resultados obtenidos en otras plazas, para llegar a alcanzar doce consejeros, los mismos que el PP. Y las nuevas siglas nacionalistas, escindidas un par de años atrás de la matriz de Coalición Canaria, harían valer su autonomía para elegir compañero de viaje, libres ya de la política de pactos que decidió desde la dirección de CC en anteriores ocasiones el apoyo al PP. Y es que, como en ningún otro lado, los resultados electorales del Cabildo cifran las tendencias despejadas en la noche electoral de aquel 27 de mayo, al menos en lo tocante a la provincia de Las Palmas: avance del PSC, retroceso del PP, aparición de una nueva fuerza política (NC obtuvo cuatro consejeros) y despeñamiento de CC, que sólo vio recoger su acta de consejero al cabeza de lista, Manuel Lobo. Además, el pacto de gobierno marca el inicio de una colaboración entre socialistas y los nacionalistas de Román que podrá dar juego en próximas convocatorias, si es que los últimos no son absorbidos por los primeros, como vaticinan sus enemigos.
Hasta la fecha de las elecciones, la gestión en el Cabildo de Gran Canaria no se apartó de las líneas que vinieron marcando toda la anterior legislatura, aunque tocadas por los aromas de precampaña y, posteriormente, por los prolegómenos de los comicios. El presidente José Manuel Soria ejercitó tranquilo y férreo su mayoría absoluta para conducir la institución con mano firme y sin desviar demasiado la mirada hacia una oposición capidisminuida. Dicen sus críticos que quiso gobernar desde las alturas, aquéllas a las que izó su polémica bandera de Gran Canaria, pero los votantes se encargaron de desmontarle el sueño. “Llevamos muchas victorias y hoy no la hemos tenido”, diría luego el líder conservador tras conocer los frustrantes resultados que apartaban a su partido de uno de sus feudos claves. Lo curioso es que el propio Soria, que renunciaría al Cabildo para asumir la vicepresidencia del Gobierno canario, conseguiría seguir siendo durante un cierto tiempo el protagonista en ausencia de la institución insular.
Como es preceptivo en esta corporación, fue investido presidente aquél que encabezó la lista más votada, es decir Soria, para después, en un reglamentario e inútil circunloquio formal, ser censurado por los que de verdad pasarían a gobernar: el socialista José Miguel Pérez como presidente y el nacionalista Román Rodríguez como vicepresidente. El ambiente estaba tan enrarecido que en el interregno tanto Pérez como Rodríguez expresaron públicamente sus recelos de que el presidente de los populares canarios pudiera hacer alguna trampa para impedir el preceptivo traspaso de poderes. Finalmente no hubo argucias y se produjo la censura el 9 de julio, ante el júbilo de unas bases que apenas pudieron acceder al pequeño salón reservado para el acto en el Auditorio Alfredo Kraus.
Si otras sesiones plenarias presididas por Soria gozaron de pompa, circunstancia y un amplio escenario, el presidente saliente quiso constreñir la moción de censura a una pequeña estancia, ante la indignación de muchos. Los socialistas no gobernaban el Cabildo desde 1991, con Carmelo Artiles como presidente. Saldados los trámites formales llegaba la hora de gestión, y al nuevo equipo apenas le dio tiempo de aposentarse en los acolchados asientos del poder cuando debió enfrentarse a un problema de enjundia: los grandes incendios en el centro y sur de la Isla a finales de ese mismo mes. El Cabildo Insular colaboró desde el primer momento en el dispositivo de extinción, con un José Miguel Pérez pidiendo a los ciudadanos que no se acercaran al perímetro de Tejeda, Mogán, San Bartolomé y La Aldea de San Nicolás, donde se concentraban los cinco focos, ni siquiera con la buena voluntad de querer ayudar a sofocar las llamas.
Supimos entonces que el principal sospechoso, un agente forestal contratado por el Cabildo pero que veía expirar próximamente su relación laboral, había prendido el fuego precisamente para llamar la atención de la institución insular sobre la necesidad de seguir contando con los servicios de varios profesionales, incluido él. El fuego parecía bajo control, tras un inicial dispositivo en el que colaboraron con la institución insular, el Gobierno canario y el Estado, pero el 31 de julio las llamas volvieron a las andadas destructivas, alcanzando a arrasar 5.000 hectáreas. Los incendios pusieron a los responsables insulares en el punto de mira de los canarios Las actuaciones programadas para luchar contra los fuegos fueron para algunos insuficientes o desacertadas, aunque también hubo quien alabó la labor realizada. El Cabildo dio 2.500 euros de urgencia a los afectados por el suceso, pero la cuestión de las indemnizaciones siguió coleando meses después y dio para la puesta en marcha de alguna plataforma reivindicativa.
En todo caso, si Pérez y los suyos no habían aterrizado aún en sus nuevas responsabilidades, el drama les obligó a hacerlo de un bofetón. A renglón seguido, otra de las grandes polémicas que han sacudido a esta corporación en los meses transcurridos desde su constitución vino del insospechado mundo de la cultura. En concreto, del aún más insospechado mundo del ballet. Y es que una de las importantes apuestas del anterior gobierno insular en materia cultural fue la habilitación de un cuerpo de baile, el Gran Canaria Ballet, con el que se pretendía acercar esta disciplina al público de la Isla mediante una programación regular, a la vez que dar salida a los profesionales que pudieran ir surgiendo. Al frente del ballet situaron a un viejo conocido, Anatol Yanowsky.
Lo cierto es que la nueva responsable del área cultural en el Cabildo, Luz Caballero, y el presidente de la Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, Roberto Moreno, decidieron prescindir del cuerpo de baile, aduciendo entre otras razones sus elevados costes y ciertas irregularidades en su puesta en marcha. Pocas decisiones han concitado tanta animadversión. Comenzando por los propios integrantes del ballet, que se apresuraron a recoger firmas y plantear protestas de todo tipo. Siguiendo por los adversarios políticos y finalizando por los medios de comunicación, que desplegaron un nunca antes visto cerco sobre Moreno y Caballero, que veían crecer la tensión día a día. Lo cierto es que las acusaciones vertidas contra Soria, en el sentido de que había creado el ballet de forma apresurada y para obtener réditos electorales, no hicieron sino caldear más el ambiente. Pero hubo más, porque el alcalde socialista Jerónimo Saavedra, conocido hombre de la cultura, y al que las siglas no impiden decir lo que piensa, también censuró la decisión. Un día la consejera se vio seriamente increpada en un acto público, pero finalmente, y a pesar de las presiones, dio carpetazo a la iniciativa.
Dos inusuales pruebas de fuego, el incendio mastodóntico y la polémica cancelación de un cuerpo de baile, para poner a prueba a una corporación insular que, como todas las que uno ha ido conociendo, aspira a devolver al Cabildo grancanario la importancia que le corresponde. Hay más de tres años por delante.
