Año de elecciones, año de cambios. Pero 2007 ha configurado en el Norte un sorprendente tablero de ajedrez en el que los partidos mueven sus fichas al margen de lo que marcan sus cúpulas desde la capital. La duración de estos equipos de nuevo cuño se desconoce mientras la comarca se sumerge en el desarrollo urbanístico de la costa y un alcalde (Isaac Valencia) y un ex (Juan José Dorta) recorren los juzgados.
Podría decirse que el Norte es capaz de hacer posible lo imposible. Si no, es difícil de explicar como PSOE y PP se han unido para gobernar en el Puerto de la Cruz, un pacto antagónico en lo ideológico pero recibido con alegría por los ciudadanos, un entusiasmo callejero que obliga a la alcaldesa, Dolores Padrón, y a su socia, Eva Navarro, a aparcar diferencias y vincular programas para desterrar la oscura etapa de Marcos Brito (CC), que se valió de un tránsfuga del PP para gobernar la ciudad. En el Puerto se vive el ejemplo más claro de que los pactos en cascada no van con los norteños y, aún hoy, los jefes locales sufren presiones (amenazas incluidas) para deshacer un acuerdo que, simplemente, consagra la voluntad popular.
En Los Realejos, por ejemplo, el nacionalista Oswaldo Amaro no dudó en arrimarse a su histórico enemigo (Vicente Quintero, PSOE) para frenar las apetencias de su último socio, Manuel Domínguez (PP), cuya espectacular subida electoral le ha valido, paradójicamente, ocupar el sillón de la oposición. El temor a su creciente ascenso unió a CC y PSOE. Unos pocos kilómetros más allá, las ganas de cambio de los icodenses reunieron en la misma mesa a coalicioneros y populares. Pacto lógico desde el punto vista programático y social tras el descalabro del PSOE, que perdió una plaza que siempre estuvo en su poder por culpa de la fractura interna.
La evolución política del Norte la marcarán los tres extraños pactos y, quién sabe, si también la resolución de dos casos judiciales de gran calado. El más destacado, el que ha llevado ante la Justicia al regidor local de La Orotava, Isaac Valencia, denunciado por un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias. El veterano alcalde de CC, que tiene metido también al Ayuntamiento en un callejón sin salida con en el caso Atlante, vive este proceso de la mano del promotor urbanístico Ambrosio Jiménez, que ha llevado a la villa las grandes superficies al ya polémico sector de Las Arenas. A raíz de una denuncia de Iniciativa por La Orotava (IpO) ante la Fiscalía Anticorrupción, a Valencia se le investiga por el posible regalo al promotor de 37.000 metros cuadrados de suelo público sin recibir contraprestación alguna.
Otro histórico, el ex alcalde de Icod de los Vinos, Juan José Dorta, ha salido por la puerta de atrás de la Alcaldía en dirección al juzgado icodense, donde ha comparecido por otro presunto delito de prevaricación urbanística. La denuncia de dos trabajadores municipales puso sobre aviso a la Fiscalía, que derivó el caso a la Audiencia Provincial para que investigue un gran paquete de irregularidades urbanísticas en las que también está implicada su última Junta de Gobierno. Están bajo sospecha distintas concesiones de licencias de obra mayor, cédulas de habitabilidad y aprobación de proyectos de urbanización, entre otros.
Diversificación económica
Desde el punto de vista económico, en Puerto de la Cruz, Garachico y Tacoronte se espera como el maná un paquete de inversiones que debe alterar el litoral a través de los puertos deportivos. En la ciudad turística, y a diferencia de Garachico, el puerto deportivo-pesquero se ha convertido en arma política de CC, PSOE y PP, que en este caso van de la mano. Cada bloque tiene su propio proyecto. Los nacionalistas, incluso, expusieron una maqueta en la plaza de Europa (mandada a retirar por la Junta Electoral) que poco tiene que ver con el proyecto oficial que está en la Consejería de Infraestructuras y Obras Públicas del Gobierno de Canarias, al que se agarran socialistas y populares. Tras prometer Brito en varias ocasiones que antes de las elecciones las obras estarían adjudicadas, resulta que el proyecto no cuenta ni con declaración de impacto ambiental, ni la Demarcación de Costas ha realizado la adscripción de los terrenos para entregárselos al Gobierno de Canarias. Menos aún se ha avanzado en la conexión marítima con la isla de La Palma, demandada a ambos lados de las islas pero bloqueada por el planeamiento insular de Tenerife.
En Garachico, en cambio, la obra está a punto de ser adjudicada acabando así con un chascarrillo que todo garachiquense ha pronunciado al caminar por la bahía de Las Aguas. A la Villa y Puerto le espera una inversión pública de más de 40 millones de euros que debe ser la guinda al nuevo pastel que se hornea en la isla baja con el campo de golf y hotel de lujo en Buenavista, la regeneración de la costa silense y el ecomuseo de El Tanque. Y si en el Puerto de la Cruz y Garachico el apoyo social a sus puertos es manifiesto, en Tacoronte ocurre todo lo contrario. Una iniciativa empresarial de la sociedad Parque Marítimo Guayonge prevé invertir unos 100 millones de euros para construir un puerto deportivo en la desembocadura del barranco de Guayonge, justo al lado de la playa de Mesa del Mar y en medio de un Espacio Natural Protegido. El pueblo se ha levantado en contra de esta infraestructura con Hermógenes Pérez, su alcalde, a la cabeza. Sin embargo, también se ha creado una contraplataforma empresarial que no quiere perder tan suculenta inversión para el municipio. Y mientras tanto, el proyecto camina en las consejerías del Gobierno de Canarias.
