Fracaso colectivo en la reforma del Estatuto

Después de casi cuatro años de negociaciones, la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias embarrancó definitivamente en el Congreso de los Diputados, donde los tres grandes partidos de las Islas (PSOE, PP y CC) han sido incapaces de alcanzar un acuerdo. Era un fracaso anunciado después del giro que dieron esas fuerzas políticas tras las elecciones autonómicas del mes de mayo.

Durante todo el proceso de reforma del Estatuto de Canarias, iniciado por el Gobierno de Adán Martín como “principal objetivo de la legislatura”, socialistas y populares fueron adaptando su posición a los intereses partidistas de cada momento. Y siempre con la complicidad de CC, que no tuvo el mínimo reparo en bailar con unos u otros si con ello se aseguraba los votos necesarios para sacar adelante la reforma en el Parlamento de Canarias. Aunque fue José Luis Rodríguez Zapatero el que abrió el melón de las reformas estatutarias en todas las autonomías, el PSC se plantó casi desde el principio y abandonó la ponencia parlamentaria encargada de elaborar el texto del nuevo Estatuto canario. Con el argumento de que CC y PP -entonces socios de Gobierno- no querían incluir una reforma del sistema electoral, los socialistas condicionaron su regreso a las negociaciones a que se aceptase la propuesta de crear una circunscripción electoral regional que ponga fin a la desigualdad del valor del voto entre unas islas y otras. El PP también era partidario de la modificación electoral, y así lo había acordado en su reciente Congreso Regional, pero no hizo grandes esfuerzos para convencer a los nacionalistas.

Todo ese escenario cambió radicalmente tras la ruptura del pacto CC-PP en mayo de 2005 y la expulsión de los consejeros populares del Ejecutivo de Adán Martín. El PSC volvió a la ponencia parlamentaria y los nacionalistas aceptaron negociar una reforma del sistema electoral. Por contra, los conservadores comenzaron a desmarcarse de todo lo relacionado con el nuevo Estatuto, aunque se mantuvieron a regañadientes en las negociaciones del texto. En el verano de 2006, ya en una carrera para que la propuesta llegara a tiempo a Madrid, se logró un acuerdo y el texto fue aprobado el 13 de septiembre por el Parlamento de Canarias, con los votos de CC y el PSC y el rechazo del PP. Nacionalistas y socialistas solventaron sus diferencias sobre la reforma electoral con una filigrana política, que a la postre también resultó inútil.

El texto definitivo, en su artículo 16, señala que una ley del Parlamento de Canarias aprobada por una mayoría de tres quintos regulará el régimen electoral con arreglo a cinco bases: a) el sistema electoral será el de representación proporcional; b) el número de diputados no será inferior a 60 ni superior a 76; c) las circunscripciones electorales serán “de ámbito autonómico, insular o de ambas” y cada una de las islas constituyen una circunscripción electoral; d) se establecerá el porcentaje mínimo de votos que deben obtener las listas electorales para acceder al reparto de escaños; y e) a ninguna circunscripción insular se le podrá asignar un número de diputados inferior a otra que tenga menos población de derecho.

Aparte de esa rocambolesca fórmula electoral, el acuerdo sobre las futuras competencias también estaba cogido con pinzas, pero tenía el aval de los partidos que gobernaban en España (PSOE) y Canarias (CC), que a nivel político mantenían buenas relaciones tanto en Madrid como en las Islas. El PP, por contra, mostraba su despecho con los nacionalistas con furibundos ataques a la propuesta enviada a Madrid. En el debate de su toma en consideración en el Congreso, el PP no sólo votó en contra, sino que la entonces diputada popular Mercedes Roldós calificó la propuesta de “nacionalsocialista” y aseguró que era una muestra más del interés de Zapatero por “romper España”. Y en esa situación se llegó a los comicios autonómicos del 26 de mayo de 2007, cuyos resultados dieron otro giro total a lo acordado hasta entonces, un cambio de papeles de tintes esperpénticos.

Tras la firma de un nuevo pacto entre CC y PP para dejar fuera del Gobierno canario al PSC, ganador de las elecciones, los socialistas retomaron su vieja amenaza: “sin reforma electoral no habrá nuevo Estatuto”. De forma más inverosímil, el PP dejó de ver el Estatuto canario como una amenaza para la unidad de España y se mostró dispuesto a refrendar casi en su totalidad el texto pactado en las Islas por CC y el PSC. Y los nacionalistas, impotentes ante la pérdida de influencia en Madrid, se han limitado a acusar al PSOE estatal de querer rebajar las competencias de Canarias. Resultado: de todos los estatutos que fueron tomados en consideración por las Cortes (sólo el Plan Ibarretxe fue rechazado), el de Canarias es el único que no se va a aprobar.

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