El pueblo marbellí se despertó el 29 de marzo de 2006 con la detención de los principales responsables de su Ayuntamiento. Por aquel entonces, Canarias parecía a salvo. Pero lo cierto es que más de ochenta personas, entre políticos, empresarios y familiares de unos y otros han desfilado desde 2006 por los juzgados canarios para dar cuenta de presuntas actuaciones ligadas a la corrupción, la mayoría de las veces de carácter urbanístico.
Eolo, Faycán, Góndola, Paraíso y Brisan son los nombres de los casos de corrupción más sonados que han afectado a Gran Canaria, pero no los únicos. Con las elecciones del pasado mayo a la vuelta de la esquina, el ahora secretario general de los socialistas canarios y por aquel entonces ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, apostaba por la erradicación de la corrupción en las Islas. Como respuesta, Paulino Rivero se preguntaba por qué no salían a la luz los supuestos casos de corrupción en “determinados ayuntamientos socialistas”.
Sin embargo, cuando hace dos años estalló el caso eólico, resultaba difícil imaginar que este tipo de operaciones que ponen duda la honradez de muchos representantes políticos acabarían por convertirse en algo casi cotidiano. La trama giraba en torno al concurso que el Ejecutivo regional convocó en 2004 y en el que participaron varias instituciones gobernadas por el PP en ese momento: la Consejería de Industria, la Autoridad Portuaria de Las Palmas y el Cabildo de Gran Canaria.
El 2 de febrero de 2007, el juez instructor, Miguel Ángel Parramón, concluía que no está debidamente acreditada la perpetración de delitos en el caso de ocho de los imputados. Se mantenían las acusaciones contra el ex director general de Industria, Celso Perdomo, por delitos de cohecho, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y facilitación de información privilegiada. Asimismo, permanecen imputados Mónica Quintana, empleada en el Cabildo de Gran Canaria, y el jefe de área de la Dirección General de Industria del Gobierno canario, Honorato López.
Caos en Telde
Poco después se daba a conocer el caso Faycán en Telde. Cuatro testigos acudían a prestar declaración el 6 de noviembre de 2006. Y a partir de ahí más de cuarenta personas fueron detenidas e imputadas en una operación que sacudió bruscamente a la cuarta ciudad más poblada de Canarias. Todo su equipo de gobierno (sustentado en un pacto entre el Partido Popular y Ciuca), excepto un concejal, fue detenido. Su alcalde, el popular Francisco Valido, era puesto en libertad con una fianza de 80.000 euros, acusado de prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos. El 24 de noviembre de 2006 formalizaba su dimisión en el Consistorio junto a otros cinco concejales. La principal imputada, la ex edil de Obras Públicas, María Antonia Torres, también pasó, junto a la concejala Mari Carmen Castellano, 62 días en la cárcel de Salto del Negro.
Pero esto no es todo. Así, también san Bartolomé de Tirajana y Mogán, los dos municipios turísticos por excelencia del sur grancanario, también tuvieron su particular caso de presunta corrupción. Y en la última operación desatada en las Islas, el caso Brisan, en Santa Brígida, ya son 12 los imputados, entre ellos dos ex alcaldes del municipio grancanario, Carmelo Vega y Antonio Díaz. Y todos los indicios apuntan a que el actual alcalde, Lucas Bravo de Laguna, del PP, podría pasar también por las dependencias judiciales a prestar declaración. Eso sí, de momento, el ex presidente del Cabildo de Lanzarote, Dimas Martín, es el único político canario que cumple pena de cárcel por un delito de corrupción.
