En el tiempo presente asistimos en Canarias a una etapa de vuelta de la historia. Es consecuencia principal de las alteraciones que se están produciendo en los últimos años en el entorno geopolítico del Archipiélago y, en particular, de las nuevas relaciones que vinculan a África con el conjunto de la actuación de las potencias internacionales. Como ocurriera en otros momentos, de nuevo se revaloriza la posición de nuestras Islas, al punto de que lo que ahora se decida en ellas marcará en mucho el recorrido de su sociedad en las próximas décadas.
Los efectos de aquel cambio para el Archipiélago rescatan su condición de área fronteriza. Una demarcación que en su moderno concepto sobrepasa el hecho de definir una línea entre estados soberanos. Es ahora un espacio donde se cruzan todo tipo de fenómenos internacionales. La intensidad de esa importancia coloca en torno a las Islas un punto caliente para las relaciones internacionales. No es el único espacio fronterizo de soberanía española, pero es en Canarias donde más resalta esa condición en el flanco euroafricano. A las oportunidades que genera se añaden también los posibles riesgos. Los más preocupantes serían los relacionados con la seguridad. Concepto este último que cabe definir en su significado más amplio y cuyos factores se producirán al margen de que se tenga o no conciencia de ellos.
Por ejemplo, los que se deriven de la futura evolución de las comunicaciones o aquéllos que puedan afectar a los intereses de potencias cuyos intereses crecen a gran velocidad en el vecino continente. Todo ello ha sido a su vez un estímulo de primer orden para que España mantenga ahora una activa comprensión de este nuevo panorama y, lo que es muy importante, despliegue todo tipo de acciones para afrontarla. El reto de Canarias es ocupar un lugar central como punto de referencia de ese espacio atlántico. Un punto desde el que se irradie la seguridad, la cooperación, el núcleo medular de los intercambios y la paz.
Para hacer frente a esos desafíos hace falta un giro profundo en la política que se ha estado haciendo en nuestras instituciones. Ese giro pasa por la lealtad al proyecto fundacional de nuestra Comunidad Autónoma. Eliminar el modelo antiautonomista que lo ha venido suplantando en los últimos lustros. Un modelo que ha roto el binomio descentralización-democracia y lo suplanta por descentralización-clientelismo. Pero también es preciso que las decisiones de gobierno den respuesta efectiva a los avances y transformaciones internas que requiera la puesta a punto de las Islas para el nuevo tiempo.
En Gran Canaria, la acción de gobierno y, en particular la del Cabildo de la Isla, debe situar sin dilaciones las prioridades y actuar en consecuencia. Aquéllas se resumen en convertir al Cabildo en el auténtico Gobierno de la Isla. Para ello es necesario proceder a un cambio sustancial de su organización y su conversión en una administración ejemplar para el resto de las corporaciones locales. Un nuevo Reglamento orgánico hará posible más democracia, más controles democráticos y verdadera participación ciudadana. Todo ello para el logro de una gestión dominada por la transparencia y el rigor, que potencie más la inversión productiva y genere más recursos para los que más los necesitan. Desde la reforma administrativa será posible hacer una política que persiga un crecimiento económico centrado en la reconversión efectiva del sector turístico, el desarrollo de una potente industria que haga de la biotecnología un puntal del futuro, en la optimización de nuestras estructuras comerciales y en la recuperación de los instrumentos que permitan colocar al sector primario en dirección opuesta a la deriva que mantiene en los últimos tiempos.
Otro objeto central de esta tarea lo constituye el desarrollo de la planificación del territorio insular, eliminando la arbitrariedad y posibilitando la compatibilidad entre el crecimiento productivo y el cuidado del medio ambiente. Las políticas sociales, la lucha contra el desempleo, contra la pobreza, la coordinación y ejecución de las políticas de vivienda pública en toda la Isla conforman asimismo tareas de prioridad ineludible. Junto a ellas estarán las estrategias para coser la Isla, modernizando los sistemas de transporte, ampliando las infraestructuras públicas para lograr la homogeneidad en la calidad de vida, generando unas políticas culturales que permitan preservar el legado patrimonial así como la apertura de nuevos espacios para la creación libre.
Finalmente, es preciso el apoyo a los sistemas educativos, a la emancipación de la juventud, con el objeto de generar posibilidades para la autonomía de sus decisiones, y, en particular, la creación en la Isla de un espacio de referencia internacional, que tenga su punto de arranque en una cooperación al desarrollo espejo de solidaridad y que contribuya a dar soporte a los países de nuestro entorno. Tales coordenadas marcan ahora nuestra hoja de ruta.
