La frustrada reforma del Estatuto y las elecciones del 27 de mayo no sirvieron para alcanzar un acuerdo consensuado para modificar la normativa electoral de Canarias. Nueva Canarias, el centro Canario (CCN) y el PIL (Partido de Independientes de Lanzarote) fueron las fuerzas políticas más perjudicadas en los pasados comicios, con casi cien mil votos que no obtuvieron representación en el Parlamento
Tras las recientes elecciones autonómicas del 27 de mayo y la frustrada reforma del Estatuto de Autonomía, el intenso debate sobre la reforma del sistema electoral canario volvió a demostrar que no se trata sólo de un asunto recurrente por parte de los partidos políticos cada vez que se acercan unos comicios, sino que desde hace más de 25 años Canarias cuenta con un sistema de representación de carácter provisional que adolece de algunos de los elementos básicos que sustentan el modelo de democracia parlamentaria que tienen las Islas. Por un lado, se priva del acceso a la Cámara regional a fuerzas políticas con una significativa presencia en alguna isla y, por otro, existe una manifiesta diferencia en el coste electoral por diputado según la isla de que se trate, justificada en base a la llamada triple paridad.
Durante la legislatura que finalizó con las últimas elecciones, el debate en torno al sistema electoral fue especialmente intenso debido a la reforma del Estatuto, proceso que primero se abordó por un comité de expertos impulsado desde el Gobierno y después mediante la discusión estrictamente política en el Parlamento. La reforma electoral fue uno de los principales caballos de batalla tanto de los partidos políticos con representación parlamentaria como de aquellas fuerzas que no están presentes en la Cámara pero cuentan con una base suficiente de apoyo como para reivindicar cambios que les supongan contar con diputados. Pese a todo, el hecho fue que el sistema electoral se mantuvo una vez más en la última cita electoral y ha vuelto a aplazarse su reforma debido a que las peleas políticas han impedido consumar las modificaciones.
Los resultados del 27 de mayo propiciaron que el Parlamento sea cosa de sólo tres fuerzas políticas: Coalición Canaria, Partido Socialista y Partido Popular. Sin embargo, opciones como Nueva Canarias, Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) o Centro Canario (CCN) se quedaron fuera de la Cámara por no alcanzar los topes impuestos por el sistema electoral. Entre estas fuerzas y otras que se presentaron a los comicios, hay unos 150.000 los votos ciudadanos que no cuentan con representación en la Cámara. Pero, sin duda, han sido NC y el PIL los más perjudicados, ya que su gran respaldo electoral en Gran Canaria (en el caso de NC) y en Lanzarote (en el caso del PIL) no se ha visto traducido en al menos dos parlamentarios para cada una de estas islas. El partido que lidera el ex presidente del Gobierno canario, Román Rodríguez, obtuvo el 12% de los votos emitidos en Gran Canaria (46.303 sufragios), mientras que la fuerza política fundada por Dimas Martín consiguió 9.701 votos, el 22% de los emitidos en la isla conejera. Sin embargo, gracias al sistema electoral, una fuerza como Coalición Canaria, con sólo el 5% de los sufragios en Gran Canaria (21.338) obtuvo un diputado, mientras que el PP consiguió dos escaños por Lanzarote con el 15% del apoyo de los lanzaroteños que ejercieron su derecho al voto. Sin topes electorales como los existentes en la actualidad (30% de los votos de la isla y 6% de los votos obtenidos a nivel regional) o reducidos a la mitad, el hecho es que CC se hubiese mantenido con un parlamentario por Gran Canaria, pero el PP sólo habría obtenido uno en Lanzarote, en vez de dos. Asimismo, NC tendría dos diputados por la isla redonda y el PIL también hubiese obtenido dos parlamentarios por la isla de los volcanes. Pero también el PP habría perdido otro diputado por Gran Canaria y el PSOE hubiera perdido un escaño por Lanzarote y otro por Gran Canaria.
En relación con los topes electorales, la experiencia de las citas electorales habidas hasta ahora demuestra que en islas como El Hierro y La Gomera con menos del 20% de los votos no hay posibilidad de ganar un diputado, con independencia del tope del 6%; y que en las otras islas no capitalinas el porcentaje mínimo está en torno al 15%. El porcentaje del 5% le fue suficiente a la lista de CC-PNC sólo en Gran Canaria para conseguir un diputado. De entre todos los demás casos, la lista y circunscripción que consiguió escaño con menor porcentaje fue el PP en Lanzarote, con un 15% de los votos. También hay que tener en cuenta que sólo los 60.450 votos que sumaron NC y PIL hubiesen podido tener en la práctica representación en el Parlamento, ya que el resto de las fuerzas políticas obtuvieron un porcentaje muy bajo como para poder entrar en la Cámara.
La otra singularidad cuestionada del sistema electoral canario es la distribución de los escaños por islas, en la que se prima la representación territorial sobre la proporcional por personas. Es razonable que exista una fórmula que garantice la presencia en el Parlamento de representantes de todas las islas, pero no con la actual desproporción, ya que los datos de los comicios del 27 de mayo vuelven a demostrar que en una isla como El Hierro la relación es de 3.377,33 electores por diputado, mientras que en Gran Canaria es de 42.216,40 electores por cada parlamentario y en Tenerife 43.625,66. Es decir, la desproporción entre El Hierro y Gran Canaria es de 1/12,49, mientras que con Tenerife es 1/12,91.
El debate político suscitado durante el proceso abierto para la reforma del Estatuto y durante la campaña para las elecciones pivotó sobre la necesidad de reducir las barreras electorales para entrar en el Parlamento y la propuesta del Partido Socialista de, además de las listas por islas, confeccionar una lista regional creando una circunscripción de ámbito autonómico donde figurara el candidato a la Presidencia del Gobierno. Pero después de 25 años de sistema electoral provisional y de una triple paridad que ha beneficiado claramente a las islas no capitalinas, los partidos y representantes políticos se enzarzaron en una discusión en la que los intereses partidistas propios del momento y la cortedad de miras debido a la cercanía de las elecciones han imposibilitado alcanzar un acuerdo de mínimos sobre la reforma del sistema electoral.
Ahora no sólo faltan cuatro años para las próximas elecciones autonómicas, sino que la reforma del Estatuto se ha dejado para la próxima legislatura nacional, por lo que una vez más esta modificación del sistema electoral se ha aplazado y, de esta forma, la historia autonómica de Canarias continuará en torno a un asunto que en otras comunidades autónomas se ha resuelto pero que aquí seguirá ocupando el debate social y político sine die. Muchos expertos y politólogos han lanzado propuestas de reforma, pero el hecho es que los partidos no la quieren asumir como algo prioritario. Sobre todo aquellos que, como Coalición Canaria, salen beneficiados y continúan en el Gobierno gracias a su papel de formación que puede pactar con cualquiera de los otros dos partidos en liza, es decir el PP y el PSOE.
